ARGENTINA / De Todman a los buitres / Escribe: Martín Granovsky






En medio de la pelea con los fondos buitre murió el embajador norteamericano en la Argentina más famoso después de Spruille Braden. Terence Todman falleció el jueves a los 88 años. Queda vigente el refrán español que utilizaba: “Donde muchos mandan y ninguno obedece, el resultado seguro es que todo perece”.

Apodado El Virrey no sólo por sus enemigos sino por sus amigos argentinos, durante sus cuatro años aquí los dos Estados consolidaron lo que el canciller Guido Di Tella llamó “relaciones carnales”. Por primera vez en la historia la Argentina no solo se abstuvo de todo desafío sino que se integró al dispositivo de alineamiento estratégico-militar de Washington.
El mundo estaba en pleno cambio.

Los Estados Unidos y la Unión Soviética aún libraban la Guerra Fría que los enfrentaba desde que ambos, con el Reino Unido y Francia, habían derrotado a la Alemania nazi en 1945.


Washington le estaba ganando la carrera militar a Moscú. Y eran más los europeos envidiosos del american way of life que quienes soñaban con el hombre nuevo soviético.

En la Unión Soviética había comenzado la perestroika, un intento de modernización económica con mayores dosis de mercado. También la glasnost, la transparencia. La figura fuerte, o quizás no tanto, era Mijail Gorbachov, secretario del Partido Comunista de la URSS.

El jefe de la Casa Blanca era George Bush, el padre del George Bush que gobernaría entre 2001 y 2009. Bush padre había sido el piloto naval más joven de las fuerzas armadas en la Segunda Guerra, jefe de la Agencia Central de Inteligencia, primer embajador en Beijing después de la normalización de relaciones con los Estados Unidos y vicepresidente de Ronald Reagan entre 1981 y 1989.

“La propia seguridad”

Todman también había pertenecido a las fuerzas norteamericanas en la Segunda Guerra. Después estudió abogacía y terminó enrolándose en la carrera diplomática. Fue uno de los primeros afroamericanos que llegó al grado de embajador senior, el mayor nivel posible. Con James Carter (1977-1981) fue encargado del área latinoamericana del Departamento de Estado. Desde allí buscó ponerle tope al ala partidaria de las denuncias públicas contra las dictaduras, entre ellas la Argentina, encabezada por Patricia Derian y con la participación del consejero político en la Argentina Tex Harris. Todman quería como máximo que Washington ejerciera presiones discretas. En su opinión habría que evitar que quedara enajenado el compromiso proestadounidense de los Estados de la región y de sus castas militares.

En 1978 el periodista Bernardo Neustadt le hizo una entrevista donde ambos dejaron las cosas claras. “Las medidas que podemos tomar dependen de las relaciones que tenemos con los países”, explicó Todman. “Si tenemos relaciones militares o económicas, podemos jugar con eso cortándolo, reduciéndolo, parándolo. Cuando no tenemos ninguna relación no podemos mostrar nuestro sentimiento cortando lo que no existe. Entonces, en muchos casos, estamos obligados a hablar en público porque no hay otro remedio. En la mayoría de los casos empleamos conversaciones diplomáticas, privadas, para ver si con eso podemos llegar a un entendimiento que resulte en una mejoría. Si se produce, no hay necesidad de pasar a algo público o a algo más fuerte. Muchas veces lo logramos con sólo esas conversaciones, y la gente no se da cuenta de que estamos haciendo las mismas presiones pero en privado. Algunos ven solamente lo que sale a la luz y juzgan solamente por eso, pero eso no implica que son las únicas cosas que estamos haciendo.”

Todman añadió: “Pero hay una segunda consideración también, y ésa es que la relación, nuestras relaciones con cada país, es un complejo de muchas consideraciones, incluso incluye nuestra propia seguridad. Estamos viviendo en un mundo de realidad y tenemos que tratar nuestras relaciones sobre esa misma base”.

Negociador fino y a la vez pushy (la jerga llama así a los que son capaces de presionar duro), en España Todman tejió una excelente relación con Felipe González, que asumió en 1982. Con Felipe primer ministro España ingresó en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, un objetivo que los Estados Unidos no había logrado cumplir durante el mandato de transición de Adolfo Suárez.

Otro mundo

Cuando Todman llegó a la Argentina, en junio de 1989, la Unión Soviética aún existía y el mundo era bipolar, aunque el final parecía cantado. El comunismo en la URSS hizo implosión en 1991. Cuando Todman dejó Buenos Aires el mundo ya era unipolar.

Cuando Todman llegó a Buenos Aires gobernaba Raúl Alfonsín. Ya estaba decidido el traspaso adelantado del mando. Carlos Saúl Menem asumiría el 8 de julio. En mayo la hiperinflación había arrojado un índice de precios al consumidor del 50 por ciento. En julio treparía al 200 por ciento. La discusión pública rondaba sobre la crisis económica, naturalmente, la deuda externa y la revisión de las violaciones a los derechos humanos.


Cuando Todman dejó Buenos Aires, en junio de 1993, Carlos Menem había dominado la inflación y regía el Plan de Convertibilidad de Domingo Felipe Cavallo. La Argentina había desregulado la economía a niveles que entusiasmaban a los neoconservadores que admiraban a Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Después de los servicios telefónicos avanzaba el resto de las privatizaciones, que siempre tenían una pata argentina, un operador empresario europeo y una tercera pata en una entidad financiera norteamericana. Por el Plan Brady, al que la Argentina se incorporó en abril de 1992, la Argentina consiguió un descuento del 35 por ciento sobre la deuda. En ese marco, activos de empresas estatales fueron canjeados por bonos de la deuda externa. J. P. Morgan terminó con parte de las acciones de Telecom y Citibank con las de Telefónica.

El delirante proyecto de misil de alcance intermedio, el Cóndor, quedó desactivado, aunque Menem optó por entregarlo como prenda de amor con Washington en lugar de interrumpir el desarrollo en acuerdo, por ejemplo, con los vecinos brasileños. A fines de 1992 un decreto de Menem complació a Todman: la Argentina se obligaba a no exportar materiales y equipos útiles para la conversión y el enriquecimiento de uranio.

El alineamiento militar tuvo un hito importante con la incorporación argentina a la fuerza multinacional que en 1991 formó Bush para castigar a Irak y obligarlo a dejar Kuwait, invadido en enero.

Ese año, 1991, empezó de manera explosiva. Una nota de Horacio Verbitsky publicada en este diario informó que a fines de 1990 Todman escribió una carta reservada al ministro de Economía Antonio Erman González. Un párrafo decía: “Swift/Armour desea invertir 115 millones de dólares en Rosario, pero nos informa que funcionarios del gobierno argentino han pedido pagos sustanciales para emitir la documentación necesaria para importar maquinarias”. Lo que vino después fue conocido como Swiftgate y terminó con un cambio de gabinete que incluyó a figuras del menemismo como el secretario general Alberto Kohan y el ministro de Obras Públicas Roberto Dromi.

Kirchner y Cristina

Ya sin Todman, que no le impuso nada sino que aprovechó bien el giro de Menem, la Argentina mantuvo hasta 1999 las relaciones carnales. La Alianza gobernó con “relaciones intensas”. Eduardo Duhalde fue presidente en un interregno en el que no se peleó con Washington aunque se acercó a Brasil. Después, Néstor Kirchner desplegó una política hacia los Estados Unidos basada en la reestructuración de la deuda, la crítica a los organismos multilaterales de crédito y la bolilla negra para la formación de un área de libre comercio en el continente. Con Kirchner, los enfrentamientos verbales públicos con Washington fueron solo reactivos. Ante el ataque de un funcionario de la administración norteamericana venía la reacción de Kirchner. Si no, predominaba la no personalización del adversario o del enemigo y el cuidado de no atacar a la Casa Blanca. Esa política cambiaría con Cristina Fernández de Kirchner por lo menos desde el asunto de las valijas del empresario multipropósito Guido Alejandro Antonini Wilson. Algunos hechos jalonaron la nueva estrategia: críticas frecuentes al propio Barack Obama, la orden al canciller Héctor Timerman para que en persona interviniera en el material de un avión militar con equipamiento de comunicaciones, el acuerdo con Irán y, en 2012 en las universidades de Georgetown y Harvard y el cuestionamiento, inclusive, de los sistemas de medición estadística de los Estados Unidos. En las dos últimas semanas esa serie se completó con una presentación en La Haya contra el Estado norteamericano y con la demanda oficial contra una empresa de capital norteamericano.

Si no hubieran existido los pagos a Repsol, los arreglos en el Ciadi, la seducción a Exxon para invertir en Vaca Muerta y el acuerdo con el Club de París, la confrontación verbal explícita y las demandas en La Haya contra los Estados Unidos y en Buenos Aires contra la firma Donnelley podrían tomarse como una forma de guerra estratégica contra el imperio. Con esos cuatro antecedentes parece más lógico incluir los hechos de confrontación dentro de un plano táctico. Se trata, por lo tanto, como toda táctica, de una apuesta medible por sus resultados.

La Presidenta parece haber partido de una premisa. En vez de buscar canales de alianza con la Casa Blanca contra Paul Singer, que además de cabeza de un fondo buitre es el puntero de los financistas de la extrema derecha republicana, decidió que es mejor confrontar de Estado a Estado. Puede haber dos lecturas previas. Una, que si la negociación ya está perdida lo mejor es que el tiempo pase y entretanto prepararse para la situación del 1o de enero de 2015, cuando habrá caído, presuntamente, la cláusula que podría enganchar a los holdouts con el 92,4 por ciento de los bonistas que aceptaron los canjes de 2005 y 2010. Otra, que el choque de Estado a Estado no podría empeorar las condiciones actuales de la economía y la política en la Argentina.


Cuando Todman llegó a Buenos Aires, hace 25 años, los Estados Unidos ya no eran un bloque monolítico pero tanto la emisión de moneda como las metas militares, entre otros factores, enlazaban el resto de las políticas hacia el mundo y le daban cierta homogeneidad.

Hoy la base del poder sigue siendo en esencia la misma pero los límites son mayores. No sólo los límites externos, por la emergencia de China y el mayor peso del Sudeste asiático en la economía mundial. También los límites internos, porque la extrema derecha republicana provoca polarización y dificultades para gobernar y tejer acuerdos bipartidarios en el centro. Esa extrema derecha es la que se encuentra ligada a franjas del poder financiero como la encarnada en Singer, a quien sería equivocado considerar un marginal. Quien no tenga ganas de estudiar a fondo la situación actual en los Estados Unidos puede ver las dos temporadas de House of Cards y prestar atención al papel de los financistas, siempre en coordinación con agencias de inteligencia públicas y privadas, en la articulación o la destrucción de mayorías parlamentarias.

La táctica oficial parece descansar en la asunción de que no vale la pena meterse en el frente interno norteamericano y buscar resquicios y alianzas útiles para fortalecer la posición argentina. La Casa Rosada parece haber optado por la idea de que es mejor tratar a la Casa Blanca como parte de un bloque común con los Singer y correr los peligros pertinentes –personales y estatales– que se desprenden de un desafío de ese tamaño.

(Diario Página 12, domingo 17 de agosto de 2014)

MENDOZA / San Martín, Bolívar y la deuda / Escribe: Ricardo Nasif






En agosto de 2003 el presidente Néstor Kirchner recibió calurosamente en Argentina al presidente de Venezuela Hugo Chávez. Uno de los temas centrales por entonces era la deuda “defaulteada” que estrangulaba cualquier posibilidad de desarrollo de nuestro país.

El encuentro en la Casa Rosada, toda una declaración de principios frente al imperialismo yanqui que por todos los medios pretendía demonizar y aislar a Chávez, sirvió de plafón para las primeras grandes definiciones políticas comunes entre Argentina y Venezuela.


“Es necesario llevar este mensaje al mundo desarrollado para que de una vez y para siempre se comprenda que no se puede seguir condenando a nuestros pueblos a la pobreza y la marginación para simular el cumplimiento de una deuda impagable (…) El endeudamiento de las naciones con el sistema financiero internacional se convierte en un ancla que las inmoviliza…”, dijo Kirchner en la cumbre. Chávez, quien por esos días había propuesto la eliminación del FMI, acostumbrado a darle dimensión histórica a todas las problemáticas de los países sometidos, agregó: “Hemos sido saqueados por 500 años y se pretende seguirnos saqueando”.

Salvando las distancias y diferenciando claramente los contextos históricos, no es la primera vez que un líder argentino y uno venezolano han sido tan categóricos en sus concepciones sobre las deudas financieras que pretenden sojuzgar a los pueblos de nuestro continente y obturar así las posibilidades de la independencia real.

Existe un documento de José de San Martín, ninguneado por la historia dominante, que explica cabalmente que el tema de la deuda externa integraba una de las preocupaciones centrales del Libertador. Se trata del Estatuto Provisional dictado en Lima en 1821.

Una de las medidas más significativas que efectuó el General tras liberar Lima fue el dictado del Estatuto Provisional como base institucional para la independencia. En el primer artículo adicional de ese Estatuto se reconocieron todas las deudas heredadas del gobierno español excepto las que hubiesen sido “contraídas para mantener la esclavitud del Perú, y hostilizar a los demás pueblos independientes de América”.


Nunca antes en esta parte del mundo una norma jurídica había sido tan precisa y contundente sobre la ilegitimidad y el desconocimiento de las deudas externas tomadas en perjuicio de la libertad y la independencia de los pueblos.

Por ejemplo, la Constitución norteamericana de 1787 estableció que “Todas las deudas y compromisos contraídos con anterioridad a la adopción de esta Constitución serán igualmente válidos, por los Estados Unidos sujetos a esta Constitución, como lo eran al amparo de la Confederación”. Nada decía ese texto -madre del constitucionalismo liberal moderno- de las deudas ilegítimas.

Recién al concluir la guerra civil la reforma de 1866 dispuso que “los Estados Unidos, ni Estado alguno, asumirán ni pagarán deuda u obligación alguna, que se haya incurrido para auxiliar la insurrección o rebelión contra los Estados Unidos, ni reclamo alguno por emancipación o pérdida de esclavos; declarándose que todas esas deudas, obligaciones y reclamos, se considerarán ilegales, nulas y sin valor”.


Simón Bolívar tuvo pronunciamientos que, a la luz de los acontecimientos actuales, cobran un interés muy significativo. Cartas de Bolívar enviadas al Gral. Santander en 1823 y 1824 reflejan el hastío del Libertador con los usureros de la época: “… la deuda pública es un caos de horrores, de calamidades y de crímenes (...) Colombia una víctima cuyas entrañas despedazan esos buitres; ellos devoran con anticipación los sudores del pueblo de Colombia; ellos han destruido nuestro crédito moral, en tanto que no hemos recibido sino los más escasos auxilios. Cualquiera que sea el partido que se tome con esta deuda, es horrible: si la reconocemos dejamos de existir, si no (...) el oprobio”, escribió el Libertador en 1823 y un año más tarde insistió: “es asombroso lo que Usted me dice de los pagamentos que se han hecho en Colombia, y de los que todavía debemos (…) aborrezco más las deudas que a los españoles”.

Desde la pretensión misma de independencia de nuestras naciones los poderes imperiales utilizaron el endeudamiento como instrumento de dominación y hoy estamos dando en Argentina y América Latina una confrontación decisiva por la soberanía frente a los sectores más recalcitrantes del capitalismo. En este camino la palabra –y sobre todo las luchas- de los fundadores de nuestra Patria Grande resulta siempre una orientación fundamental.

ARGENTINA / La mirada y los temas de los obispos / Escribe: Washington Uranga






El debate y las discrepancias entre el episcopado católico y el Gobierno son tan inevitables como interminables. Son lugares institucionales diferentes, que obligan a poner la mirada y el acento en cuestiones distintas, pero existen también perspectivas político-sociales discordantes. Esto dicho más allá de que en la actualidad desde las dos partes se afirme la “cordialidad” de la relación y el funcionamiento aceitado de las “relaciones institucionales”. La caracterización es cierta, también correcta, por ambos lados. Al margen de chispazos ocasionales, la relación entre Gobierno e Iglesia atraviesa una época de calma en la que, por cierto, tiene mucho que ver la presencia de Francisco en el Vaticano, así el pontífice se mantenga alejado de la cotidianidad y sin intervención directa inmediata en los asuntos locales, que sin embargo sigue con atención.


Aguijoneado por ciertos medios de comunicación sumamente interesados en construirle opositores al Gobierno, pero también facilitados por algunos trascendidos surgidos de la reunión de la Comisión Permanente del Episcopado, que estuvo reunida durante la semana que terminó, volvieron a aparecer en los últimos días algunos cortocircuitos verbales entre el Gobierno y los obispos. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, salió al cruce de presuntas declaraciones de los obispos sobre el desempleo y reclamó una toma de posición de la jerarquía sobre los fondos buitre, lo que valió una desmentida del vocero del Episcopado, sacerdote Jorge Oesterheld, para aclarar que la “problemática del desempleo” no formó parte del temario episcopal de esta semana y que los obispos ya se habían pronunciado el 24 de junio último, después del fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos, advirtiendo sobre la gravedad del tema y haciendo un llamado a la unidad de todos los sectores frente a la situación.

Es correcta la afirmación de Oesterheld cuando sostiene, en términos estrictos, que la problemática del desempleo no fue parte formal de la agenda episcopal. Pero no menos cierto es que, en sus diócesis y en los ámbitos colegiados, los obispos vienen manifestando su preocupación por la situación social y por las consecuencias de la realidad económica. Lo hacen dentro del marco de lo que la jerarquía católica denomina “visión pastoral de la realidad”. Bajo ese título, los obispos cobijan todos sus intercambios sobre la política, la economía, las cuestiones sociales. También en ese espacio las críticas al Gobierno vienen subiendo de tono, aunque hay sumo cuidado en las declaraciones y en las manifestaciones institucionales. Pero existen otros caminos. Los estudios hechos por el Observatorio Social de la Deuda Argentina, de la Universidad Católica Argentina, o las declaraciones en el marco de la Semana Social que organiza el episcopado, sirven de caja de resonancia para manifestar las inquietudes al respecto.


Nadie debería esperar, menos en tiempos de debate electoral como el que se avecina, que los obispos acerquen posiciones con el Gobierno. Tampoco hay motivos para que lo hagan. En el Gobierno, en general, se conforman si no hay declaraciones altisonantes o críticas demasiado severas con fuerza institucional. Admiten, sin embargo, que puede haber manifestaciones de algunos obispos que resultan incómodas. Pero no habrá reacciones frente a ello. Preferirían sí, que por lo menos junto a las críticas haya también reconocimiento por lo realizado. Además de la cuestión social, los temas de discrepancia siguen siendo los mismos: aborto, familia y, en el último tiempo, el debate en torno de la posible despenalización del consumo de drogas.

Al acercarse el tiempo de las disputas electorales, los obispos intentarán cuidar al máximo sus declaraciones para evitar que se los señale por intromisión en política partidaria. Sin embargo, la asamblea episcopal de noviembre próximo –en la que además se renovarán las autoridades del episcopado– puede dar lugar a un documento general en el que la jerarquía católica fije su posición sobre cuestiones políticas y sociales. La resolución sobre una declaración pública en esa ocasión dependerá en gran medida de la evaluación que los mismos obispos hagan respecto de la posible utilización –por los diferentes bandos– de sus declaraciones en el contexto de un debate político cada día más polarizado.

Por otro carril, vinculado con los derechos humanos, las Abuelas de Plaza de Mayo siguen esperando de los obispos una respuesta más concreta respecto de la ofrecida colaboración –ratificada por el Papa y por el arzobispo José María Arancedo, como presidente de la Conferencia Episcopal– en el aporte de información que pueda ayudar en la identificación de niños nacidos en cautiverio durante la dictadura militar.


Con ocasión de la restitución de identidad de Ignacio Guido Montoya Carlotto, el episcopado le hizo llegar un mensaje a Estela de Carlotto en el que, además de expresar su alegría por la recuperación de la identidad de su nieto, formulan el deseo de que “este logro siga impulsando la tarea que realizan las Abuelas”. Desde Roma, el papa Francisco envió una carta –de puño y letra– en la que resalta que el “el sufrimiento no la paralizó, sino que la sostuvo en la lucha” y agrega que “hoy, por la constancia en esa lucha, no es sólo su nieto el que la acompaña sino también otros 114 que han recuperado su identidad”.

Si bien las Abuelas valoran estos gestos, siguen aguardando que el espíritu de colaboración expresado en los diálogos y en las cartas –tanto por parte de Bergoglio como de los obispos locales– se traduzca también en el aporte de información valiosa que, se descuenta, existe en poder de la Iglesia Católica y que podría echar luz sobre muchos casos aún no esclarecidos de apropiación de niños.

(Diario Página 12, domingo 17 de agosto de 2014)

ARGENTINA / Para ciertos fiscales, la familia es lo primero / Escribe: Irina Hauser






Los fiscales nucleados en la Asociación Argentina de Fiscales y Funcionarios no quieren perder privilegios. Lo dijeron sin pudor al pedirle a la procuradora Alejandra Gils Carbó que dé marcha atrás con la reforma reglamentaria que disuade el nepotismo en el Ministerio Público que los comprende. Le reclaman, casi como una confesión de principios básicos de cofradía judicial, no perder el beneficio de que sus familiares sean nombrados en cargos cercanos a los de ellos o en fiscalías amigas, una práctica histórica que ha copado el sistema de Justicia. El planteo ataca una disposición reciente por la cual sólo se puede entrar por concurso y que impide que tengan puestos en el mismo fuero y jurisdicción las personas con relaciones de consanguinidad o convivencia (padres, hijos, hermanos, además de cónyuges o parejas convivientes). La Procuración lo estableció para fomentar el acceso a cargos por idoneidad y en igualdad de condiciones. Paradójicamente, los fiscales asociados dicen que es una medida discriminatoria e inconstitucional.


El llamado “acceso democrático”, tanto al Poder Judicial como al Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, fue parte de la reforma del año pasado y uno de los puntos menos discutidos. La ley que lo implementa está vigente y su objetivo es generar igualdad de oportunidades para ingresar al sistema judicial, en contraposición con la clásica costumbre que ha llevado a que sólo consigan puestos quienes tienen un pariente, amigo o alguien que les deba un favor. De ahí viene la clásica denominación de “familia judicial”. El nepotismo es, precisamente, la práctica de otorgar cargos o empleos públicos a familiares o amigos sin importar sus méritos.

La Procuración se encuentra haciendo un relevamiento de lazos familiares entre sus filas. En un primer pantallazo encontraron casos de fiscales cuyos apellidos se repiten hasta siete veces en el directorio de sus funcionarios.

“El nepotismo se ha verificado en forma más habitual que lo deseable”, “ha estado vinculado con el ejercicio discrecional del poder” y es “una tendencia al apoderamiento de la administración”, escribió el juez de Necochea Mario Juliano, en un texto que cuestiona la presentación de la Asociación de Fiscales. “Las indeseadas consecuencias del nepotismo se agudizan cuando ocurre en el Poder Judicial, ámbito caracterizado por una burocracia con vocación vitalicia (los cargos lo son) y clara tendencia corporativa, cuyos actos administrativos resultan difícilmente revisables, lo que aparece como poco compatible con la idea de una república democrática”, sostuvo el juez, de la Asociación Pensamiento Penal.

Para aplicar la Ley de Ingreso Democrático e Igualitario (28.861) la Corte Suprema, la Procuración y la Defensoría tuvieron que reglamentarla. Cada una puso sus pautas y criterios. Las del Ministerio Público tienen como rasgo distintivo las restricciones relacionadas con los parientes, que nadie más ha implementado. “No podrá ser seleccionado quien se encontrare alcanzado por lazos de afinidad o consanguinidad hasta el segundo grado, o quien tuviere relación de convivencia –con o sin unión civil– con algún magistrado/a y/o funcionario/a del Ministerio Público Fiscal de la Nación o del Poder Judicial de la Nación, siempre que se desempeñe en el mismo distrito, fuero (nacional o federal) y área de especialización a los que se aspire ingresar”, dice la norma.


Padres, hijos, hermanos o cónyuges no pueden coincidir en el fuero penal ordinario porteño pero –para poner ejemplos– uno podría estar en el federal o en otra especialidad, como contencioso o civil. Antes, la única restricción era que no podían trabajar en la misma fiscalía. El fundamento de la Procuración es “desarmar las asimetrías”. “Con el correr de los años, una gran mayoría de sus integrantes se habrá incorporado por medio de parámetros de admisión más objetivos, equitativos y a la vez respetuosos de las diferencias, en concordancia con el respeto de la manda constitucional de observar la idoneidad sin prevalencias ni preferencias antojadizas, caprichosas o infundadas”, vaticina la resolución.

La Asociación de Fiscales –una entidad gremial, comparable con la tradicional Asociación de Magistrados– se quejó ante Gils Carbó en una nota firmada por su titular Carlos Donoso Castex, uno de los testigos que declararon en defensa de José María Campagnoli en su juicio político. La entidad sostuvo que los límites al acceso a cargos no son “democráticos e igualitarios” como el espíritu de la ley ya que no garantizan el acceso a los cargos en condiciones de igualdad. El parentesco, dicen, “no puede ser una barrera”. Protestan, en particular, porque la limitación no sólo es dentro del Ministerio Público, sino que contempla parentescos en el Poder Judicial, donde las reglas no son tan estrictas. Para doblar la apuesta, maldicen porque días atrás se “flexibilizaron las condiciones” para que puedan trabajar en el Ministerio Público Fiscal personas que hayan cumplido condenas, mientras que con anterioridad los antecedentes penales lo impedían. “Mucho menos –advierten– puede estigmatizarse y excluirse de un trato igualitario y democrático a los parientes de los funcionarios o magistrados, fiscales o jueces.”

La discusión es legal pero también es parte de una batalla cultural. Quienes pugnan por el ingreso igualitario entienden que el problema no es sólo y por sí mismo la perpetuación de la gran familia judicial, donde muchos puestos se heredan por portación de apellido. Ofrecer posibilidades laborales a quienes cumplieron una condena puede ser –alegan– una forma de evitar la reincidencia. En otro plano, sostienen, el nepotismo en sí mismo tiene consecuencias como se vio en casos puntuales: el fiscal de Jujuy, Domingo Batule, por ejemplo, desistió de investigar al juez federal Renato Rabbi Baldi Cabanillas, de quien su esposa es secretaria, en una causa por interferir en un allanamiento a su cuñado en una causa de lesa humanidad; en Córdoba, el fiscal Gustavo Vidal Lascano fue denunciado por desvincular de una pesquisa donde se investiga la complicidad judicial con la dictadura a Carlos Alvarez Otero, ex vocal del Tribunal Oral No 1, donde casualmente trabaja su hijo; en Mar del Plata, el juzgado de Alejandro Castellano no quiso investigar por presunta complicidad con la dictadura a Pedro Hooft, cuyo hijo allí es secretario.

Cuando se aprobó la ley que abre ampliamente el ingreso al sistema judicial, una queja extendida de jueces y fiscales era: “¿Por qué no puedo elegir a quien quiero que trabaje conmigo?”. En el caso de la Procuración, según explica la secretaria letrada Andrea Pochak, se intenta que sí puedan elegir. Pero un paso antes de eso, el régimen de ingreso permite que todo el mundo se anote: para el escalafón de servicios auxiliares (personal de maestranza y ordenanzas) hay una entrevista y una pruebita, el que pasa va a sorteo y luego hay una selección; para cargos administrativos hay un examen de respuestas múltiples de cultura general, otro de conocimientos informáticos, los que pasan van al sorteo y entre los que quedan elige el fiscal. Para ser secretario/a letrado hay que dar un examen, según los puntajes se elabora un orden de mérito y al final el fiscal elige. “El nepotismo genera privilegios y colisiona con un buen servicio de justicia”, afirma Pochak.

A la Asociación de Fiscales, de todos modos, no le satisfacen las posibilidades que tendrán los fiscales de armar sus equipos. “Deben tener amplio poder de decisión”, insisten. Dicen que los mecanismos en marcha son onerosos y mucha gente entró a trabajar a la Procuración sin concurso antes de este sistema.


La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) cuestionaron la postura de los fiscales en un comunicado, en el que advierten con preocupación que ellos mismos hagan una defensa de privilegios que “impactan en la vida democrática del país”. Esa “pertenencia” de la que hacen gala, advierten las organizaciones civiles “no es neutra, construye prácticas y es todo menos transparente”, dicen.

En el plano jurídico, la Asociación de Fiscales sostiene que las restricciones por parentesco violan el artículo 16 de la Constitución nacional, que dice que todos los habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. El juez Juliano refuta el planteo ya que considera que “el orden jurídico registra numerosas restricciones ya que no existen derechos absolutos”. Como ejemplos señala limitaciones en “derechos tan medulares como la propiedad (servidumbres, expropiaciones), la libertad ambulatoria (estado de sitio, encarcelamiento preventivo), la intimidad (libertad de prensa, allanamientos y requisas). La propia igualdad frente a la ley no escapa a las limitaciones como en el caso de la edad, la nacionalidad y la residencia previa necesarias para acceder a determinados cargos. El requisito de la idoneidad constituye una concreta restricción reglamentaria para el acceso a los cargos públicos”. El problema es otro, dice Juliano: es la “razonabilidad” para los objetivos que se propone. “La amenaza que las agencias estatales se conviertan en botines de guerra, librados a la voracidad de funcionarios inescrupulosos con posibilidades de generar tráfico de influencias para favorecerse a sí mismos o a terceros allegados, es una práctica que debe ser desterrada, contraria a la ideología del artículo 16 de la Constitución, en cuya consecución es lícito adoptar medidas que la obturen”, sostiene. La limitación a parientes “es un recurso constitucionalmente razonable”, agrega, “es relativo y moderado” porque las chances de aspirar a cargos son vastas. A su entender, hay que analizarla en su contexto: “El Poder Judicial –dice– es uno de los poderes más opacos de la república, con una clara tendencia al abroquelamiento en sus propias filas y sus integrantes son, en general, refractarios a los cambios. No es de casualidad que existan los abismos que separan a la judicatura del resto de la sociedad, con la que, inclusive, nos resulta dificultoso comunicarnos. Impedir que los cargos se conviertan en hereditarios, constituye una señal al resto de la ciudadanía, con la que es preciso reconciliarse.”

Hasta ahora se han presentado 1300 aspirantes a servicios auxiliares, 3300 para técnicos administrativos y 1300 para los cargos técnico-jurídicos en Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. En todo el país son 23.300 los aspirantes registrados. Gils Carbó no parece dispuesta a ceder ante los cuestionamientos que, en caso de judicializarse –como amagan algunos fiscales– podría poner en riesgo la convocatoria que se hizo hasta el momento.

(Diario Página 12, domingo 17 de agosto de 2014)

HISTORIA / Frank Brown, el payaso del pueblo / Escribe: Felipe Pigna






Frank Brown, el gran clown anglo-argentino, nació en Brighton, Inglaterra en 1858. La vocación y la herencia se mezclaron y el chico siguió los pasos de su padre, Henry, acróbata y payaso que se vestía a la manera de los bufones retratados por Shakespeare.

Henry logró que el pequeño Frank se incorporara a los once años a un circo con el que recorrieron Gran Bretaña. Comenzó una vida ambulante, llena de historias increíbles pero ciertas. Trabajó varios años sin cobrar porque se consideraba que aprender el oficio era ya una buena paga. Hizo de todo. Aprendió a apechugar sufrimientos, a quitarse de la cabeza la idea del desarraigo, a pelearle a la vida y al hambre y a no hacerle asco a ninguna de las tareas del circo, desde limpiar jaulas hasta levantar la carpa.


Debutó como acróbata en Moscú en 1877 en el Circo de los hermanos Carlo, y al año siguiente se presentó en las pistas también como clown en la ciudad de México. Llegó a aquella afrancesada Buenos Aires con los Carlo y debutó en 1879 en el flamante Teatro Politeama de Corrientes y Paraná, donde conocerá a los Podestá y compartirá escenario con el genial José Podestá, el amado y temido “Pepino el 88”. Amado por el pueblo y temido por los políticos de entonces a los que ironizaba y criticaba sin piedad inaugurando un género que tendrá entre nosotros a grandes cultores, el monólogo político.

Frank era, además de clown y acróbata, malabarista y prestidigitador. También era famosa la respetuosa y erudita parodia que hacía de los más famosos monólogos shakesperianos.

Su fama fue creciendo y en 1886 fueron a verlo al Skating ring los hombres y mujeres más notables de Buenos Aires, que disfrutan de su espectacular salto sobre 25 carabineros con sus fusiles con bayonetas amenazando la humanidad de Frank. Entre los espectadores había un cronista de lujo, Sarmiento, que estampa en su diario El Censor, su admiración por el artista inglés: “El talento de Frank Brown es de maravillosa extensión: es un clown enciclopédico, es saltarín, juglar, equilibrista, bailarín de cuerda. Es un Hércules con pies de mujer y manos de niño”.

En esa misma función Brown se burla finamente de los candidatos presidenciales de aquellas elecciones que ya tenían aseguradas, fraude mediante, el roquismo en la figura de Juárez Celman. El acto del notable Clown es celebrado por el periódico El Mosquito con una caricatura del notable dibujante Stein. Al año siguiente se inauguró el Teatro San Martín sobre la calle Esmeralda, en lo que era una antigua pista de patinaje.

En 1888 Frank dejó el Circo de los hermanos Carlo y probó suerte con una compañía propia. Durante la “Revolución del 90” visitó y reconfortó con sus chistes a los heridos de ambos bandos.

La vida lo puso muy duramente a prueba al año siguiente con la muerte de su hijo a la que siguió la de su esposa Ketty, que cayó del caballo en medio de un acto ecuestre. Quizás porque la función debía continuar o porque venía acostumbrado a ser maltratado por la vida desde que tenía recuerdos, siguió adelante y decidió probar suerte en una gira por Sudáfrica, que terminó en un fracaso.


Regresó a Buenos Aires, donde fue muy bien recibido, recuperó sus afectos y el calor del público, y se lo vio muy enamorado de la écuyère Rosita de La Plata, que se convirtió en la compañera de su vida. La chica se llamaba en realidad Rosalía Robba, y tenía seis años cuando entró al mundo del circo vendiendo flores en el Arena, de Corrientes y Paraná. A los ocho pasó a integrar la compañía de Cotrelly y recorrió el mundo durante unos diez años. Cuando regresó a Buenos Aires, se había convertido en una notable écuyère, aportando a su destreza, mucha simpatía y una “figura atractiva”, según los diarios de la época.

Frank era uno de esos hombres sensibles que arriesgaban su vida por arrancarles una sonrisa a los chicos. Su generosidad era proverbial. Regalaba a manos llenas durante las funciones chocolates y caramelos y hacía muchas funciones a beneficio de niños enfermos y hospitales. Declararía alguna vez al diario La Nación: “Cuando me hallo ante los millares de ojitos encantados de los niños, con sus manos ansiosamente extendidas solicitándome los para ellos maravillosos chocolates y muñecos que les traigo en mi canasta, tiemblo de emoción, de alegría infinita. Y es porque si en ese instante ellos son felices, yo me considero el hombre más feliz de la Tierra”.

Frank logró interesar a un grupo de inversores y tuvo por fin su propia sala, el Coliseo Frank Brown, ubicado en la actual Marcelo T. de Alvear entre Cerrito y Libertad. El éxito fue total y Frank se lanzó a la aventura de llevar su compañía por los países del Pacífico.

A su regreso, la Comisión de festejos del Centenario aportó dinero para que levantara un circo en las cercanías de Florida y Córdoba. Frank veía llegar su momento de gloria y se puso a trabajar para que su circo fuera el mejor de Buenos Aires. No contaba con la reacción de los que empezaron a ver con malos ojos la instalación de una carpa popular en un lugar que consideraban propio, exclusivo.

Llovieron las críticas desde la prensa de la época y las airadas opiniones de señoras y señores que daban por sentado que la zona se llenaría de pobres, conociendo la tradición de Brown de no cobrar la entrada a los chicos que no la podían pagar.


El ambiente se fue caldeando ayudado por la reacción “patriótica” contra las movilizaciones programadas por el movimiento obrero para la semana de mayo con la idea de arruinarle los festejos a la oligarquía en el poder. Sobrevino una violenta represión y bandas armadas de “muchachos bien” se lanzaron sobre imprentas, redacciones de periódicos y bibliotecas socialistas y anarquistas ante la mirada cómplice de la policía y los bomberos.

Algunos de esos malhechores fueron los que le prendieron fuego a la carpa de Frank Brown al grito de “viva la patria”, asegurándose de que no quedara nada en pie con la garantía de que las “fuerzas del orden” estaban de su lado. No hubo reacción oficial y las señoras y señores que habitualmente deambulaban por Florida sintieron un alivio. Incluso algún diario catalogó el episodio como “una expresión de violencia que no deja de ser simpática”.

Duramente golpeado por la barbarie “patriótica”, Frank se embarcó en una nueva gira por Sudamérica. En 1912 volvió a las tablas con un éxito importante y en 1917 participó de la película Flor de Durazno junto a un gordito llamado Carlos Gardel. En ese mismo año se tomó la revancha histórica de levantar en el lugar que hoy ocupa el obelisco un circo similar al que le habían quemado, el Hipodromme Circus, que abrió sus puertas el 5 de mayo de 1917.

Con el progreso vino la piqueta y demolición del circo en 1924. Ya era un hombre de 66 años y decidió retirarse a su casa de Colegiales junto a su querida Rosita, quien morirá en 1940. Frank la seguiría tres años después, con él se iba una parte fundamental de la historia del circo y del espectáculo en la Argentina.

(Fuente: www.elhistoriador.com.ar)

INTERNACIONAL / Hamas ejecutó a 18 “traidores” / Nota






Milicianos de Hamas ejecutaron ayer a 18 palestinos acusados de colaborar con Israel, un día después de que tres altos mandos militares del brazo militar de la organización islamista fueron rastreados por la inteligencia israelí y asesinados. Según el sitio web Al Majd, cercano a Hamas, siete fueron asesinados frente a una mezquita tras la oración del mediodía por “colaboracionismo”. La agencia palestina Maan aclaró que los otros once ya habían sido ejecutados bajo los mismos cargos. En tanto, un disparo de mortero desde la Franja de Gaza causó la muerte a un niño en el sur de Israel, lo que suscitó advertencias del primer ministro Benjamin Netanyahu: “Hamas pagará un alto precio por este ataque. El ejército y los servicios de inteligencia intensificarán sus operaciones”.


Los once presuntos colaboradores palestinos fueron asesinados en una comisaría de Gaza y habían sido condenados por los tribunales locales. “La resistencia reforzó su lucha en el terreno contra los colaboracionistas”, explicó Al Majd, que aseguró que los responsables de la seguridad de la Franja proseguirán con los ajusticiamientos que dicten los denominados “tribunales revolucionarios”.

“Estaban del lado de Israel, dieron información sobre la ubicación de los túneles y trampa para tanques, así como información sobre los hogares de los luchadores, del lugar desde donde lanzamos los cohetes”, expresaron las Brigadas Azedim al Qasam, brazo armado del movimiento islamista, en las redes sociales. “El resultado de estas colaboraciones es la muerte de miles de personas en Gaza”, argumentaron.

La batalla entre israelíes y palestinos se reanudó el martes, después de que ambas partes se acusaran de romper un alto el fuego de seis días que había permitido negociar en Egipto para hallar una salida al conflicto. Desde entonces, las milicias palestinas lanzaron más de un centenar de cohetes e Israel eliminó a tres altos mandos de Hamas, mostrando el alcance de su inteligencia militar. El miércoles atacaron la casa de Mohamad al Deif, líder de las brigadas ligadas a Hamas, que al parecer sobrevivió, aunque su esposa, su bebé de siete meses Alí y al menos otras tres personas murieron. El jueves, en un bombardeo similar en Rafah, perecieron Muhamad Abu Shamala, Raed al Attar y Mohamad Barhum, tres de los principales comandantes de la milicia en el sur. Hamas juró venganza y aseguró que este tipo de acciones “lo único que hacen es fortalecer la determinación a seguir luchando”.


Bajo la ley palestina, la colaboración con Israel es castigada con la muerte, pero todas las órdenes de ejecución deben ser aprobadas por el presidente antes de que puedan llevarse a cabo. Sin embargo, Hamas ya no reconoce la legitimidad del presidente palestino Mahmud Abbas.

En tanto, al menos 38 palestinos murieron en los últimos días en bombardeos de la aviación israelí sobre Gaza, cuatro de ellos ayer por la mañana en el centro de la Franja. El vocero del Ministerio de Salud de Gaza, Ashraf al Qedra, precisó que dos personas murieron en un bombardeo sobre el campo de refugiados de Nusairat y los otros dos en Deir al Balah.

Con estas muertes, asciende a 2090 el número de palestinos muertos desde el 8 de julio, cuando comenzó la operación israelí Borde Protector. “Entre los muertos hay 561 niños, 255 mujeres y 98 ancianos”, según datos del Ministerio de Salud, que acusó a Israel de haber matado a 86 familias.

Por su parte, el Ministerio de Interior de Israel aseguró que el país lanzó más de 20 mil toneladas de explosivos por tierra, mar y aire, la mayor parte fabricados en Estados Unidos, el más grande exportador de armas del mundo. El diario israelí Haaretz informó ayer que la ofensiva militar le cuesta 60 millones de dólares diarios a Israel, lo que la hace la más cara de los últimos diez años. Este miércoles, se pasó la barrera de los 2500 millones de dólares por 41 días de combate, lo que superó el gasto de la guerra del Líbano de 2006. Pero, como destacó el diario, ésta todavía no está terminada. “Aun así, el ejército gastó menos dinero por día en los combates contra Hamas que contra Hezbolá”, agregó la publicación, que precisó que los costos diarios de la actual ofensiva descendieron desde que hace unas semanas concluyó la operación terrestre.


Las cifras fueron cuestionadas por el Tesoro israelí, que indicó que el costo real sería de unos 565 millones de dólares más que el citado por el diario. “Fuentes de Defensa indicaron que la discrepancia se debe a que ellos incluyen también el costo del material bélico dañado y de los equipos que se necesitan para restaurar la capacidad militar previa a la emergencia. Eso supone unos 281 millones de dólares”, afirmó Haaretz.

“El asunto del gasto de Defensa ya era objeto de discusión antes de la guerra, cuando el ejército pidió 2660 millones de dólares extra para 2015, lo que elevó su presupuesto anual por encima de los 17.400 millones de dólares”, explicó el diario. Aunque los expertos creen que el gasto no debilitará la economía, sí temen que ésta deba hacer sacrificios en los próximos tres años a costa de los derechos sociales. “Las demandas del ejército son tan grandes que los funcionarios del Tesoro –subrayó Haaretz– temen que el presupuesto de los próximos tres años relegue el gasto civil por las necesidades militares.”

(Diario Página 12, 23 de agosto de 2014)

CANCION / Mi voz renacerá / Escribe: Celeste Carballo






Su nombre completo es Celeste Primavera Carballo, nació el 21 de septiembre de 1956, comenzó en el grupo “Alter ego” entre 1975 y 1977, después integró “Taxi”. Acompañó a Litto Nebbia en el Festival Pan Caliente en 1982 y a Sandra Mihanovich en “Es la vida que me alcanza”, el mismo año grabó: “Me vuelvo cada día más loca”.

Junto a Paul Dorge en bajo, Lito Epumer en guitarra, Lucio Mazaira en batería y Tweety González en teclados; editó su segundo disco: “Mi voz renacerá”. Fue telonera de Bob Dylan y Carlos Santana en España, y en 1985 bajo la producción de Charly García sale: “Celeste y la generación”. Junto a Sandra Mihanovich grabó dos discos: “Somos mucho más que dos” en 1988, que resultó ser un éxito y “Mujer contra mujer” en 1990. Al año siguiente edita el Maxi que contiene solo cuatro canciones titulado: “En Buenos Aires”.


Noches de paz espera nuestra gente,
noches de amor nuestro corazón
un pueblo que sufre, herida caliente,
nace el niño que no calla la voz.

No me harán sentir el frío de la soledad ni tampoco el castigo
de encerrarme en algún lugar, mi voz renacerá.
Nadie quiere escuchar, nadie aprende a gritar,
gloria al ser que despierta y ama en paz

Navidad de palomas, necesito esperanza,
no me voy a esconder voy a salir a cantar...

VIDEO / Argentina: gobierno radical (1916-1930)






Hoy PROYECTARIO te entrega este trabajo especial de Canal Encuentro. Aquí podemos ver con claridad cómo las derechas en la Argentina, siempre trabajaron junto a los militares, la iglesia católica y la oligarquía.

En febrero de 1912 se sanciona la Ley Sáenz Peña, que promueve el voto masculino, obligatorio, secreto y universal. Las elecciones presidenciales se realizan en 1916 y la victoria corresponde al líder de la Unión Cívica Radical, Hipólito Yrigoyen.

El 6 de septiembre de 1930 se produce el primer golpe militar de la historia argentina. Concluyen así catorce años de gobiernos radicales, caracterizados por la popularidad y el liderazgo de Yrigoyen.


ARGENTINA / Madura el lock out / Escribe: Mario Wainfeld






Según informa la versión local de su sitio corporativo, “RR Donnelley, líder mundial de la industria gráfica, fue creada en 1864, en Chicago, Estados Unidos, contando en la actualidad con más de 55.000 empleados en todo el mundo... (Y está) presente en el mercado argentino desde 1992”. Su planta en Garín, cabe agregar, da trabajo a más de 400 personas. Fue cerrada intempestivamente el lunes pasado, antes de que se declarara oficialmente su quiebra, por propio pedido. La diferencia se mide en horas, lo que no le resta ilegalidad ni prepotencia ni significación a la jugada.

La situación apesta a lock out, esto es, a medida de fuerza inconsulta y unilateral de la empresa. Se subraya la expresión “lock out” porque parece estar prohibida por los manuales de estilo de la mayoría de los dirigentes opositores y de la prensa hegemónica.


La actual ley de quiebras (apodada “Ley Cavallo”, adivinad por qué) es muy benigna con los pedidos formuladas por el propio deudor. Exige, claro, una serie de requisitos formales que cualquier gran empresa puede preparar con tiempo. Los tribunales comerciales, mayoritariamente, son más benignos que las normas, corpos friendly. Los grandes estudios entran a esa cancha en condición de locales, sin tribuna visitante. El estudio Marval-O’Farrell- Mairal representa a la multinacional y conoce esa cancha al dedillo.

Los laburantes tomaron la planta en defensa de sus derechos. Hay en ella materia prima para seguir produciendo con normalidad durante semanas, solo para empezar. Abundan pedidos en trámite para cumplir y facturar. Según información conseguida por los laburantes y que el Gobierno considera veraz, Donnelley tiene, por lo menos, nueve millones de pesos en cuenta corriente, disponibles. Los salarios de julio se pagaron el 5 de agosto, los de este mes (a ojímetro, alrededor de 6 millones de pesos) podrían cubrirse con ese dinero disponible, si el juez comercial Gerardo Santicchia lo ordena.

El Gobierno decidió intervenir en varios frentes. La AFIP pidió que se revoque el decreto de quiebra en la Justicia comercial. Y presentó una querella penal por delitos económicos, que quedó radicada ante el juzgado federal de Daniel Rafecas, quien regresará de una licencia el martes. El principal objetivo del Gobierno, al que esas movidas pueden ayudar, es mantener activa a la empresa y conservar las fuentes de trabajo.

El juez Santicchia debe resolver cuanto antes sobre la continuidad y los pasos a seguir.

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Números y continuidades: Para la praxis patronal que analizamos, la quiebra no es una tragedia dolorosa que duele o abochorna al empresario, como en alguna bella novela de Honorato de Balzac. Su régimen, el real y tangible, la facilita y la instala como un rebusque más. La ley fija recaudos, sin embargo. El primero es la “cesación de pagos”: quien pide su bancarrota debe estar imposibilitado de cumplir sus obligaciones. Un mal trance financiero no la habilitaría, menos aún la perspectiva de un futuro difícil. Quebrar dista de ser un recurso entre otros, es una salida extrema.

En la legislación argentina, una empresa puede llegar a cerrar y despedir a sus empleados, pagándoles las condignas indemnizaciones. La estabilidad laboral es pues, impropia o parcial.

Donnelley no expone sus razones en público ni la prensa independiente la acosa clamando “queremos preguntar”. Es otra faceta, digamos lateral, de su conducta disruptiva y antidemocrática. La empresa aduce crecientes pérdidas irremontables, según se filtra de su presentación comercial. Sin embargo, según los trabajadores, produce mucho y tiene clientes importantes que le siguen pagando. Según la AFIP, el activo de la empresa es de 180 millones de pesos, superando a un pasivo de 140 millones. Los pagos de la plantilla, se dijo, están al día. Y la deuda fiscal, para el giro de la multi, es llamativamente bajo: cien mil pesos.

Claro que si la papelería está en regla y la empresa alega cesación de pagos, el juez debe dar curso rápidamente al pedido. Quien lee podría preguntarse si no correspondería que un magistrado, pensando en la justicia y la equidad, deba hacer averiguaciones por afuera del expediente. Ir a la planta, hablar con la gente, pisar un poquito el barro. La respuesta, decepcionante aunque previsible, es que no tiene obligación de hacerlo. El Poder Judicial, de ordinario, persigue la certeza. De ahí que sea tan inadecuado llamarlo “Justicia”, que debe buscarse en otros parajes y estrados.

Santicchia obró de modo legal, que no equivale a justo al conceder la quiebra de volea. Si fuera un juez atento debería honrar pronto otras de sus prerrogativas y obligaciones.

La quiebra “desapodera” al deudor; es decir, éste queda privado del manejo de su patrimonio, que pasa a ser “prenda común” de los acreedores. Desde la declaración, la dirección queda a cargo del juzgado y del síndico que éste designa.

El artículo 189 de la Ley de Concursos y Quiebras (LCQ), actualizado en el año 2011, prescribe que el síndico (o Su Señoría, si hay premura) puede continuar la explotación de la empresa. Ese rumbo puede elegirse si lo reclaman las dos terceras partes de los trabajadores, organizados en cooperativa, aunque fuera en formación.

De nuevo, ésa es la mayor urgencia social y debería regir en el expediente. Es imperioso que se resuelva en cuestión de días, el paso de tiempo complica la situación en el mundo real.


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Gremios, delegados, salidas posibles: El sindicato del sector es la Federación Gráfica Bonaerense (FGB). La comisión interna no comulga con la conducción del gremio, responde al PTS. Propios y ajenos le reconocen combatividad, varios cuadros de esa fuerza de izquierda radical fueron candidatos en las elecciones del año pasado. La situación es relativamente usual en esta etapa, uno de los cambios en el esquema de representación sindical que, cosas veredes, prosperó durante los gobiernos kirchneristas.

El Gobierno explora soluciones. Los ministros Carlos Tomada, Débora Giorgi, Cecilia Rodríguez y el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, se reunieron anteayer con dirigentes de la FGB. También lo hicieron con los de Smata por el conflicto en la autopartista Lear.

El ministro de Trabajo también dialogó con los delegados de Donnelley en el edificio de su cartera.

Empresarios gráficos forman parte del repertorio de interlocutores con el Gobierno. Según esos capitalistas, el sector no atraviesa la dramática coyuntura que lagrimea Donnelley. Tan es así que están convencidos de que otros competidores podrían absorber a los laburantes de la multinacional gringa si ésta los despidiera e indemnizara en forma. Es una hipótesis ardua de concretar, aun de comprometer. Sería una solución poco deseable, que los trabajadores resistirían por lógica desconfianza.

De nuevo, en el corto plazo, hay elementos materiales y trabajo como para proseguir con la producción. Una salida sustentable a futuro ofrece un menú hipotético de salidas. Abarcan la compra de la empresa y continuidad, la formación de una cooperativa y la estatización. Los delegados mocionan esta vía, que el Gobierno rechaza porque considera que sería impropio y riesgoso hacerse cargo de la gestión de una empresa netamente privada que no presta ningún servicio público.

La cooperativa es una experiencia creciente desde la crisis del 2001. La capacidad de los trabajadores argentinos es proverbial, la necesidad aguzó su inventiva. Hay ejemplos notables y exitosos, otros tuvieron menos fortuna o viabilidad. Un precedente flamante alienta el optimismo, es otra explotación de capital extranjero, la autopartista Visteon S. A. (ver recuadro aparte). Claro que mantener a flote un emprendimiento con más de 400 empleados es un desafío difícil.

La presencia obrera en el establecimiento garantiza que Donnelley no sustraiga maquinarias, la solvencia aparente podría lubricar el intento que depende, como ya se dijo, de la voluntad de la mayoría.

Según fuentes empresarias que conversaron con más de un ministro, hay al menos un inversor dispuesto a comprar Donnelley, lo que le exigiría garantizar todos los puestos de trabajo y los derechos adquiridos de los trabajadores, abarcando la antigüedad. La adquisición supondría un tramado legal complejo más la aprobación del juzgado comercial. Habría que ver cuál sería la respuesta de los trabajadores y El delito de quiebra de sociedades.

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Acciones y guante blanco: La AFIP, entonces, emprende una doble búsqueda en la quiebra. Solicita la anulación, que suena muy poco viable. Y tratará, con mejores perspectivas, de ir probando que la quiebra es fraudulenta. Esa condición debe ser declarada por el juez. Su fundamento es el dolo (mala fe) de la empresa en pro de “vaciarse”, disminuir su patrimonio, realizar maniobras para burlar su responsabilidad ante los acreedores. Enumera la LCQ: quien “simula o supone deudas, o genera salidas de activos sin justificación o substrae u oculta cosas correspondientes a la masa o concede ventajas indebidas a algún acreedor”.

La quiebra fraudulenta es uno de los delitos “clásicos” penales que pueden denunciar el Estado o los acreedores. La querella presentada por la AFIP se funda en otro de tipificación más reciente. Es la “Alteración del orden económico”, prevista en el artículo 309, inciso 1) incorporado al Código Penal en 2011. Castiga a quien o quienes “realizan transacciones u operaciones que hagan subir o bajar el precio de los valores negociables o instrumentos financieros, con noticias falsas, negociaciones fingidas, o coalición entre los principales tenedores de la especie con el fin de producir la apariencia de mayor liquidez o de negociarla a determinado precio”. Con variantes lógicas, este delito está incorporado a la legislación de muchos países, incluyendo los del apodado Primer Mundo.

De ahí a que se los castigue dendeveras, media una distancia enorme. Son delitos de guante blanco: en la Argentina los repertorios de condenas por ellos están casi en blanco, a través de décadas. Pero es correcto insistir y tratar de mejorar la deplorable tendencia. Se aclara que la querella no se basa en la llamada ley antiterrorista sino en otra reforma penal que no levantó reproches ni críticas.


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Enfoques y precisiones: La oratoria oficial mencionó la ley antiterrorista, abriéndose un flanco criticable que será mejor evitar con buenos recursos. El mejor, opina este cronista, es dejarla de lado en la retórica y en el obrar concreto. Esto es, no accionar fundándose en ella. La ley antiterrorista es excesivamente laxa y abre puertas a la arbitrariedad, su aplicación puede ser inconstitucional.

En materia penal rige la presunción de inocencia, la carga de la prueba recae sobre quien acusa. Basarse en cargos muy “traídos” es incorrecto y además poco funcional. Lo más grave es zarandear una norma que puede derrapar muy fácilmente hacia lo abusivo.

La oposición política y la mediática se aferran a la ley antiterrorista para victimizar a los empresarios y validar su conducta antisocial. De eso ni se habla. Es casi imposible que esos delitos sean demostrados, tampoco sería un avance que hubiera condenas basadas en una normativa tan polémica.

La eficacia de la acción estatal no sufrirá mella, más bien al contrario. Y seguramente mejorará su posición simbólica, que (despejando ese derrape) es muy sólida.

Rafecas, quien llevará el expediente de la querella, es uno de los contados federales que saben mucho sobre quiebras. Escribió hace unos cuantos años un libro sobre el tema que nos ocupa, se titula El delito de quiebra de sociedades. En ese texto y en otros advierte sobre la impunidad por esos delitos.

Rafecas es un magistrado de buen nivel y trayectoria, sobre cuya cabeza pende una denuncia ante el Consejo de la Magistratura. Está latente desde hace rato, tanto que debería archivarse a mediados del año próximo si no avanza. En un raro caso de coincidencia bipartidista, integrantes del Gobierno y consejeros radicales van a por él, como réplica a sus investigaciones sobre el ex presidente Fernando de la Rúa y el vicepresidente Amado Boudou. El jury sigue abierto, una sanción sería una injusticia manifiesta, una desmesura. Por si hiciera falta, eso añade presión sobre un juez que merece mejor trato institucional.

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Capitalismo y delito: Dirigentes de la FGB confían en la predisposición del juez Santicchia para proteger la fuente de trabajo. Su Señoría deberá ponerse las pilas y contrariar la proverbial lentitud promedio de los tribunales.

Otros detalles deberían llamar su atención. Corresponde, conforme la LCQ, prohibir salir del país por un año a los administradores y directores de Do-nnelley. A menudo, ese elenco se cambia un tiempito antes para aliviar de molestias a los pesos pesado de la empresa. Es buena praxis revisar ese detalle y tomar buena nota. No es delito, pero es un hecho a corroborar para elaborar criterios.

De cualquier modo, vale la pena hablar de contextos y no sólo de delitos. Estas son circunstancias especiales, en caso de duda corresponde la absolución. Las conductas odiosas y antisociales trascienden el inventario penal. Una empresa que baja la cortina de sopetón y deja en banda a 400 familias habla del salvajismo capitalista. El sesgo se acentúa cuando son grandes la concentración y la extranjerización de la economía. Esta nota no tiene por qué teorizar sobre los móviles de los “hombres de negocios”, lo que sí cabe a sus lectores. Sea para ponerle un palo en la rueda al Gobierno que ha defendido los derechos de los trabajadores, sea para reaccionar contra gremios y delegados luchadores, sea para ir tratando de incidir en el futuro de las relaciones laborales, sea para recolocarse en otro rincón del planeta,,, Un capitalismo sin escrúpulos es un dato de la etapa. El Estado debe tratar de matizarlo en una lucha que es dispar si no cuenta con decisión, con apoyo de la población. O si no elige bien sus herramientas.

El personal de Donnelley y el Gobierno se han colocado en la postura deseable. El silencio de la mayoría del espectro opositor o sus apoyos mezquinos a la multinacional son un timbre de alerta, que resuena más allá de la planta de Garín.

(Diario Página 12, domingo 17 de agosto de 2014)

MENDOZA / Más acerca del calentamiento global / Escribe: Alberto Lucero






Es posible que dentro de algunos siglos ya no exista más hielo rodeando a la Antártica, porque el aumento permanente de la temperatura del agua que la rodea, terminará por derretirlo; algunos científicos piensan que esos gigantescos glaciares ya pasaron el punto de no retorno y que el clima de toda la Tierra también ya pasó su punto crítico; piensan que aún si se detuviera de inmediato el calentamiento mundial que está causando la emisión de gases de efecto invernadero, costaría algunos miles de años retornar al clima imperante en el mundo antes de la revolución industrial.


Y lamentablemente para nosotros, el deshielo es mucho mayor en los glaciares más pequeños, aquellos que están ubicados en las altas montañas de los Andes, de los Alpes y del Himalaya, que son como ríos de hielo en esas regiones con temperaturas bajo cero. Dependiendo de lo rápido que se acumule la nieve recién caída en las cimas, o se derrita abajo, un glaciar aumenta de longitud y espesor, o se reduce; hasta no hace mucho tiempo, la única forma de medir los glaciares, era colocando estacas en el hielo, que se verificaban periódicamente, para ver qué tanto se había movido el glaciar; si había crecido o se había reducido.

Hoy los satélites proporcionan una cobertura mundial y sus imágenes muestran dónde están los glaciares y cómo cambian las áreas cubiertas con el paso de los años y uno de ellos, un satélite de la NASA , el IceSat, hizo mediciones con láser en los glaciares para determinar con precisión su altura y, el año pasado, comparando las medidas satelitales y terrestres, los científicos concluyeron que en promedio, los glaciares en todas las regiones del planeta, se están desvaneciendo, aportando 260.000 millones de toneladas de agua a los océanos cada año.


Mientras tanto, acá, en el extremo sur del planeta, en el oasis norte de nuestra provincia, toda la vida que conocemos, todos los cultivos, todos los habitantes del gran Mendoza, toda su industria, su comercio y todas las demás actividades, dependen del Río Mendoza, un pequeñísimo hilo de agua de aproximadamente 50 m3 por segundo, que nace de la confluencia de los ríos Tupungato y De las Vacas, alimentados por los deshielos de los imponentes cerros Tupungato y Aconcagua, cuando unen sus aguas al río Las Cuevas. Tiene afluentes que le aportan sus aguas cuando las nieves en alta montaña se derriten y son: Río Picheuta, Río Uspallata, Río Blanco, Arroyo Polvaredas, Arroyo Tambillo, Arroyo Ranchito y Arroyo Colorado. El Río Mendoza y todos nuestros pequeños ríos de montaña, dependen de la cantidad de nieve que cae en la cordillera y en años en que la precipitación es menor, los glaciares ayudan a que la sequía no sea tan grave, pero hay glaciares donde el retroceso muy grande e incluso en el Parque Provincial Aconcagua, dos de los cuerpos más importantes registrados en 1900, hoy no existen y la causa de su desaparición es el calentamiento de la zona, producto del cambio climático. La temperatura en la alta cordillera aumentó y eso contribuyó a la reducción de todos los glaciares.


Hablamos del Río Mendoza, pues es el que directamente nos afecta y es el causante de que estemos en emergencia hídrica desde hace varios años, ya que su caudal viene disminuyendo anualmente, pero todos los ríos mendocinos están afectados por el aumento de la temperatura en la alta montaña, que impide la acumulación en los glaciares de la poca nieve que viene cayendo. Este es un pronóstico para nada alentador para nuestros hijos, que quizás tengan que emigrar por falta de agua desde este, nuestro querido suelo mendocino. Y por eso nos preocupa y nos ocupa en forma permanente desde hace años, que algunos funcionarios y algunos empresarios, intenten convencernos que debemos, como ellos dicen, cambiar la matriz productiva y permitir que empresas extranjeras venga a llevarse los minerales que atesora la cordillera, para lo cual, ineludiblemente, necesitarán millones de litros de esa agua que fabrican los glaciares y que es cada vez más escasa.

Resulta increíble, que solo guiados por el lucro, traten de vendernos proyectos de actividades que solo causarán daño al entorno y acelerarán la llegada del ya de por sí apocalíptico futuro. La megaminería está produciendo daños irreversibles en todo el planeta; tratemos por todos los medios de evitar entrar nosotros en la categoría de pueblo damnificado, porque luego será tarde para llorar sobre la leche derramada.

ARGENTINA / A un año exacto de las PASO / Escribe: Raúl Kollmann






A un año de las próximas PASO, del 9 de agosto de 2015, cada una de las fuerzas electorales afronta desafíos, dificultades y fortalezas. El Frente para la Victoria parece contar con un piso electoral importante de más del 30 por ciento de los votos, pero tendrá que elegir su candidato. Todos los consultores coinciden en que esto se hará a través de las PASO, pero no queda claro todavía ni quiénes intervendrán en la recta final ni cuál va a ser el papel de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sergio Massa apareció como contendiente de peso, lanzado por su victoria en territorio bonaerense el año pasado. Pero ahora hay polémica sobre si se estancó o no en las encuestas y por qué. Mauricio Macri afronta dos incógnitas: si hay espacio en la Argentina para una candidatura de derecha o centroderecha y cuánto le sumaría una eventual alianza con una parte de Unen. Los hechos de esta semana, con el portazo de Elisa Carrió a Pino Solanas, vuelven a sembrar dudas sobre la consistencia de Unen, su futuro y su capacidad de gobernar. Ocho de los más conocidos consultores en campañas políticas analizan para Página/12 estos interrogantes, Aunque cada dirigente repite que falta mucho para las elecciones, todas las fuerzas están en tensión y avanzando en el diseño de sus propuestas para 2015. Esta semana se dispararon los conflictos en Unen (ver aparte); una eventual alianza con el PRO detrás de la candidatura de Mauricio Macri plantea enormes polémicas (ver aparte) y está el debate sobre la marcha o el estancamiento de Sergio Massa (ver aparte). En el oficialismo también se plantean una cantidad de preguntas que tendrán que encontrar respuestas en los próximos meses.


¿PASO?

Para Roberto Bacman, titular del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), “todo parece indicar que hasta el momento la elección del candidato presidencial del Frente para la Victoria/PJ se realizará por el mecanismo de internas en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias que se llevarán a cabo dentro de un año, en agosto de 2015. Hasta el momento, todas las señales conducen a tal conclusión: principalmente se debe tener en cuenta las declaraciones de los que ya se han autoproclamado como precandidatos y una atenta observación a las reuniones y nuevas distribuciones de cargos en la conducción del Partido Justicialista. Desde que se ha puesto en ejecución la nueva Ley de Partidos Políticos, el FpV siempre concurrió a las PASO con lista única. Un ejemplo de férrea alineación en la conducción política de CFK. Esta podría ser la primera vez”.

Eduardo Fidanza, de Poliarquía, coincide: “Por ahora, al FpV lo veo eligiendo su candidato como lo prevé la legislación vigente. Es decir, una interna en la que participarían Daniel Scioli y los precandidatos que Cristina avala y están haciendo precampaña: Florencio Randazzo, Sergio Urribarri, Julián Domínguez, Agustín Rossi”.

Para Ricardo Rouvier, el panorama no es tan claro: “El FpV tiene varios candidatos, lo que lo distingue de otras fuerzas políticas. Las posibilidades de elección son dos: una, que la Presidenta, como jefa del kirchnerismo, elija a uno de los aspirantes, y la segunda es que compitan en las PASO. Es indudable que la competencia fortalecería al ganador para luego intervenir en las generales de octubre. También hay que considerar que CFK tendrá sus preferencias; pero es cierto, que el objetivo político es lograr la mayor homogeneidad estratégica del voto, y evitar la dispersión, considerando que las legislativas del año pasado mostraron una cierta división del voto peronista. El piso que tiene el kirchnerismo/peronismo lo pone desde la partida en situación competitiva, pero después, obviamente, dependerá en mucho del candidato elegido y otros factores coyunturales para el desempeño concreto”.


Para Hugo Haime, titular de Haime y Asociados, el punto de partida es el clima respecto del oficialismo: “Casi un 65 por ciento de los electores demandan un cambio, más allá de que rescaten o no parte de las políticas sociales y transversales. de los últimos años. Hay hastío con la inseguridad, la inflación y preocupación por el puesto de trabajo. En ese marco y en la interna del FpV es firme la posición de Scioli en el nivel nacional, mientras que el resto de los candidatos, salvo Randazzo, que tampoco aparece como alternativa, carecen de fuerza. Scioli es hace tiempo un dirigente nacional y, aunque al núcleo duro de la política K no le guste, es considerado por quienes aprueban la gestión presidencial el candidato mas importante de Cristina. Y lo es a tal punto que cuando el nivel de aprobación de la Presidenta crece, el voto por Scioli crece, y cuando la aprobación presidencial decrece, su voto cae”.

En una vereda bastante opuesta está Artemio López, que encabeza la consultora Equis: “El piso electoral del FpV, en coyunturas socioeconómicas estrictas, como las del año 2009 y 2013, demostró ser el 33 por ciento. Y el FpV, bajo la conducción del kirchnerismo, ganó todas las elecciones de la década. La primera condición del candidato oficialista entonces es ser kirchnerista ‘puro’ y representar ese piso de manera cabal, sin fisuras. Si se produjera una fractura en ese piso electoral por las características del candidato (por ejemplo Scioli no es acompañado por el kirchnerismo progresista no peronista y es muy resistido por los jóvenes kirchneristas puros), aun captando el candidato oficialista votos ‘independientes’ no serían suficientes para compensar la fuga de votos propios y el FpV ingresaría a zona de ballottage y ese escenario le sería muy adverso. ‘Si es con Scioli, no cuenten conmigo’, me advirtió Ernesto Laclau una quincena antes de su muerte. Es una cuestión clave”.

“La selección del candidato como condición necesaria para representar el 33 por ciento del piso electoral oficialista demandará como condición necesaria el respaldo e involucramiento de la Presidenta en la campaña. Los mecanismos disponibles son dos: la voluntad de Cristina o las PASO.”

Perfil

Analía Del Franco, que encabeza Analogías, cree que cualquier hombre del FpV encarnará una candidatura “absolutamente viable y competitiva. Hay un par de razones de oportunidad que pueden dar cuenta de esto. Un candidato del FpV cuenta con una base electoral –dependiendo del distrito– de entre 35 y 40 por ciento, que manifiesta en las encuestas con los ciudadanos que eligen este espacio para votar en las primarias. Casi un 50 por ciento de la población prefiere para el 2015 elegir un cambio, pero parcial respecto de las actuales políticas de Gobierno. Desde ya que el perfil del candidato puede hacer la diferencia, y en esto se combina garantizar la continuidad del espíritu kirchnerista, como mensaje al núcleo duro, y la apertura y flexibilidad a sectores simpatizantes. A estos últimos los denominamos ‘cercanos críticos’ a la gestión de gobierno y son casi un 25 por ciento del electorado. Mantener estas dos vertientes de votos es decisivo para el FpV”.

Esta idea de las dos vertientes también es planteada por Carlos De Angelis, titular del Centro de Opinión Pública y Estudios Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA (Copes). “El FpV va a ser un actor central en la contienda electoral de 2015. No sólo porque aún posee un notable caudal electoral luego de tres períodos de gobierno, sino que muchas de las estrategias discursivas y propositivas de las otras fuerzas políticas se nuclearán en torno de ‘qué hacer’ con el kirchnerismo. Sin embargo, hacia puertas adentro las consideraciones hacia Scioli probablemente sigan tensionando al FpV. Las PASO van a mostrar todo su potencialidad en cuanto a la conformación de coaliciones, incluso dentro de los propios partidos. Por ejemplo, Scioli va a necesitar otros candidatos kirchneristas con votos propios para que el FpV se pueda imponer con claridad en la primera estación electoral, y esto es un activo que no podrá darse el lujo de desaprovechar.”


Oficialismo y oposición

Ignacio Ramírez, hoy al frente de Ibarómetro, la consultora fundada por Doris Capurro, vuelve sobre el potencial oficialista, pero basado también en los problemas opositores: “De un lado, el gobierno nacional se hace fuerte en clave de balance aunque enfrenta un escenario dominado por las preocupaciones económicas. De cualquier manera, los últimos meses han sido testigos de la puesta en valor de algunos atributos fuertemente identificados con el kirchnerismo: coraje, política contracíclica (no solo en el sentido económico), liderazgo, consistencia interna e inclusión social. Esta puesta en valor se produce en perspectiva –una mirada de la sociedad menos coyuntural– y por contraste, ante una oposición que continúa sin proyectar señales de solidez. Es decir, el vínculo del oficialismo con un sector de la sociedad –afectivo, programático y psicológico– no ha sido empatado por un vínculo equivalente de la oferta opositora con el electorado opositor. Se trata de un empate asimétrico: el kirchnerismo re-presenta a su electorado, pero no ocurre lo mismo del otro lado. Estas cualidades, sumadas a su capacidad de haber fidelizado un piso alto de adhesión electoral, le proyectan al oficialismo una competitividad mayor de la que se presuponía hace algún tiempo”.

(Diario Página 12, domingo 17 de agosto de 2014)

ARGENTINA / Herramientas / Escribe: Alfredo Zaiat






Productores de soja retienen parte de la cosecha. Exportadores del complejo agrario no liquidan dólares de sus ventas al exterior. Compañías celulares tienen una especial dedicación en defraudar a sus clientes. Bancos se especializan en cobrar comisiones ocultas en letras muy pequeñas en los contratos. Grandes cadenas de comercialización cobran en línea de caja un precio superior al que figura en góndola. Fabricantes de aceites, yerba y azúcar limitan el abastecimiento al mercado. Firmas líderes en la producción de insumos difundidos (acero, cemento, aluminio, químicos y petroquímicos) ejercen posición dominante en su actividad abusando de pequeñas y medianas empresas. Laboratorios aumentan los precios de medicamentos en forma desproporcionada en relación con cualquier alza de costos. Prestadoras de servicios públicos privatizados no atienden a sus clientes. Fabricantes de alimentos modifican el packaging, con menos cantidad, como si fuera un nuevo lanzamiento para subir el precio. Mediante estrategias de comercialización y marketing ofrecen en las góndolas productos con precios acordados junto a otros prácticamente idénticos con valores con diferencias de más 200 por ciento. Fabricantes de electrodomésticos tienen una tendencia a brindar garantías deficientes, servicios técnicos onerosos y entregar productos fallados sin posibilidad de cambiarlos. Las administradoras de tarjetas de crédito se equivocan con una frecuencia sorprendente el monto de la facturación o se dedican a intimar pagos de deudas inexistentes. Proveedores del servicio de Internet engañan con falsas promociones y no cumplen con la velocidad de conexión prometida al cliente.


Cada una de estas prácticas económicas y comerciales de productores de mercados sensibles y empresas con posición dominante les reporta una ganancia adicional a su habitual generada por el giro de sus negocios, perturba el funcionamiento del encadenamiento económico hacia las pymes y castiga el bolsillo de los consumidores, además de la molestia y pérdida de tiempo que les ocasiona cuando padecen alguna de esas defraudaciones. El libre funcionamiento del mercado sin regulación estatal abona el terreno para desarrollar esos comportamientos que favorecen la concentración económica y la desigualdad. El Estado siempre interviene en la economía; cuando no fija normas para restringir esos abusos o cuando lo hace para limitarlos.

La reacción coordinada de las cámaras del establishment empresario contra un proyecto de ley que busca mejorar la actual Ley de Abastecimiento tiene un objetivo que excede el contenido de esa norma. La mira apunta a restringir la capacidad de intervención del Estado en la economía. Esta resistencia es la manifestación más transparente del poder económico en su aspiración de limitar la regulación estatal para seguir abusando de consumidores y de eslabones débiles de la cadena productiva. Los argumentos son tan repetidos que parecen gastados: “ataque a las empresas”, “genera incertidumbre”, “no fomenta la inversión privada y perjudica el empleo”, “impacta negativamente en la previsibilidad y estabilidad”, “afecta la transparencia de los mercados y el clima de negocios”. Todos lugares comunes del discurso de la construcción de la economía del miedo al servicio de preservar privilegios.


Las herramientas normativas que hoy tiene el Estado –que existen también en las economías desarrolladas que tanto admira el establishment local– para evitar el castigo a consumidores por parte de grupos concentrados, como así también para proteger a pymes del abuso de posición dominante de grandes firmas, son:

- Ley de Defensa del Consumidor (24.240): estipula mecanismos de actuación de la Secretaría de Comercio en la resolución de conflictos empresa-consumidor. Fija sanciones ante el incumplimiento de ofertas o trato discriminatorio hacia el consumidor.

- Ley de Lealtad Comercial (22.802): permite a la Secretaría de Comercio actuar como contralor en la información y difusión de los productos a comercializar. Aplica sanciones ante información errónea o engañosa en las características o cualidades de los productos.

- Ley de Defensa de la Competencia (25.156): busca evitar que las empresas se aprovechen de situaciones privilegiadas o dispares en relación con sus competidores dentro del mercado. Otorga a la autoridad de aplicación la facultad de autorizar operaciones de fusiones y adquisiciones y penalizar actividades anticompetitivas (cartelizaciones y abusos de posición dominante).

- Ley de Abastecimiento (20.680): habilita a actuar en toda la cadena de valor, regulando la distribución de renta entre los distintos eslabones de la producción, industrialización y comercialización, y evitando distorsiones generadas por subas abusivas o artificiales de precios, acaparamiento de materias primas o cese arbitrario de la producción.

La oposición empresaria más exaltada dirigió sus críticas hacia el proyecto que pretende modernizar esta última ley, que pasaría a denominarse de regulación de las relaciones de producción y consumo. Los empresarios no quieren debatir cambios en la iniciativa oficial porque evalúan que ésta va a legitimar facultades de acción estatal que ya existen, pero a las que siempre se resistieron. No aspiran a modificar aspectos del proyecto, sino a eliminarlo, y también derogar la Ley de Abastecimiento. La propuesta superadora del Gobierno es la oportunidad que encontraron para presionar para desterrar la capacidad de regulación estatal en mercados concentrados.

¿Cuáles son los cambios para fortalecer el Estado que generan tanta intransigencia empresaria?

- Se crea el Observatorio de Precios, que será un nuevo organismo técnico interdisciplinario e interministerial que fundamentará técnicamente la aplicación de las leyes de las cuales la Secretaría de Comercio es autoridad de aplicación.

- Se proponen modificaciones en las leyes de Defensa del Consumidor y de Lealtad Comercial para brindar mayor capacidad de sanción para la Secretaría de Comercio. Aumentarán los montos de las multas interpuestas por aplicación de estas leyes y por la eliminación del efecto suspensivo a las multas por las impugnaciones (solve et repete).

- En la ley de Defensa de la Competencia se reafirma el funcionamiento actual de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia como órgano competente para la realización de dictámenes en la materia, los que servirán de apoyo a las resoluciones de la Secretaría de Comercio.

- Se sustituye la Ley de Abastecimiento (20.680) por una nueva de Regulación de las relaciones de producción y consumo, que deroga artículos cuestionados por inconstitucionalidad relativos a: expropiación, intervención de empresas y sanciones de arresto. A la vez, aumentan las posibilidades de intervención de la Secretaría de Comercio en todos los eslabones de la cadena de valor (producción, industrialización, comercialización), y le brinda mayor poder sancionatorio por eliminación del efecto suspensivo a las multas por impugnaciones judiciales.


- En el plano de las sanciones las multas máximas subieron de un millón a 10 millones de pesos, se prevé la clausura de establecimiento por hasta 90 días, inhabilitación por dos años para créditos, suspensión del registro de proveedores del Estado, entre otros. Se eliminó la posibilidad de que empresarios vayan a la cárcel por un período de hasta 90 días que podía extenderse hasta los 4 años, y se incorporó la “pérdida de concesiones, privilegios y regímenes impositivos”.

Este marco normativo es necesario pero no suficiente para proteger a consumidores y pymes, puesto que luego se requiere de voluntad política y capacidad de gestión para aplicarlo.

La resistencia empresaria a estas iniciativas del gobierno de CFK tiene el objetivo de preservar sus intereses, pero a la vez implican limitar derechos de los consumidores. Entre ellos, el de contar con información precisa y completa sobre precios, calidad y características de los bienes y servicios de consumo para posibilitar la toma de decisiones de cada consumidor en función de sus intereses. Al mismo tiempo, debilitar la capacidad de intervención del Estado, privándolo de herramientas efectivas para promover una distribución equitativa del excedente a lo largo de las cadenas de valor, la protección a los actores más débiles de esa cadena, para asegurar las condiciones de competitividad en la economía y mejorar la capacidad de acceso de los consumidores a los bienes y servicios comercializados en el mercado interno. A todo esto que hace a la construcción del bienestar social se oponen todos juntas en hilera las cámaras empresarias representativas del poder económico.

(Diario Página 12, domingo 17 de agosto de 2014)

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