ARGENTINA / Una reforma en debate / Nota






1. Dos razones clave para cambiar el sistema procesal actual

Gustavo Bruzzone: Por un lado, el sistema procesal penal actual no respeta el modelo constitucional y es altamente ineficiente. Por otro, los medievales “jueces de instrucción” no pueden seguir siendo policías, fiscales y jueces a la vez, resguardando los derechos de los imputados. Esa impronta de concentración de funciones, llega incluso a los jueces de las cámaras de apelaciones y de los tribunales orales, por una cuestión cultural que debe ser modificada paulatinamente. La única posibilidad de producir ese cambio es disponiendo, normativamente, la desconcentración de estas funciones dentro del proceso penal entre las partes que intervienen y que tienen roles claramente diferenciados, como ocurre en el modelo acusatorio. Los fiscales, con el auxilio de las fuerzas de seguridad y los organismos de control de Estado, deben investigar y acusar. Los defensores, asistir al imputado. Los jueces sólo conocer y decidir de lo que las partes les presenten.

Julio Maier: Ya en el año 1993, cuando fue sancionado el Código que aún rige, se sabía que no era el mejor proyecto de esos momentos para una ideología progresista; se trataba de un proyecto de corte conservador para ese entonces, cuyos defensores pretendían establecer el modelo de Córdoba, 1939, revolucionario para nosotros y para aquella época, pero desconocía todo lo recorrido en la materia después de la Segunda Guerra Mundial en Europa continental. A tal punto era así que alguien dijo que el nuevo Código Procesal Penal (por el de 1993) “nació viejo y caduco”, parafraseando aquello que los autores del Código cordobés de 1939 dijeron oportunamente del CPP nacional de 1882, como síntesis crítica. En segundo lugar, la administración de justicia, no sólo en materia penal, tiene un problema básico y casi único: en los tiempos que corren ella anda a pie o en carreta. No es necesario ser jurista para formular esta crítica. Pero, aun cuando debo estudiar el proyecto con más detenimiento, me animo a estimar que no logrará aquello que, según leo, todos le adjudican: abreviación sensible de los tiempos procesales. Sólo responderá a ese desafío con algunas mejores armas, no todas ni las más imprescindibles. Para lograr ese objetivo es preciso abarcar algo más: suprimir el sistema de recursos (control de las decisiones judiciales) del que sólo debe quedar en pie el recurso del imputado contra la primera condena (impuesto por las convenciones de derechos humanos) y variar la organización judicial.

Alberto Binder: El proceso penal federal actual es obsoleto en las dos funciones que debe cumplir. Por una parte, no permite construir una persecución penal eficaz en particular para los delitos complejos, que forman el núcleo central del trabajo de la Justicia federal: narcotráfico, trata de personas, criminalidad económica. El modelo de juez de instrucción y su delegación en equipos cada vez más grandes de funcionarios y empleados no es capaz de llevar adelante investigaciones complejas. Eso provoca impunidad, demora, prescripción. Por otra parte, la falta de oralidad y el hecho de que un mismo juez investigue y se deba controlar a sí mismo genera una debilidad del sistema de garantías que en el actual desarrollo de nuestro sistema constitucional hace rato que es inadmisible.

2. Uno o dos ejemplos de casos reales que ilustren las deficiencias vigentes

G. Bruzzone: El modelo de organización del trabajo penal repartido entre juzgados y tribunales de turno o por sorteo, donde los jueces deciden sobre la prioridad de los asuntos, aparte de afectar su imparcialidad gravemente, atenta contra toda posibilidad de una política criminal coherente. Un caso paradigmático es la investigación de organizaciones criminales de estructura compleja y prolongadas en el tiempo, como ocurre con la llamada “mafia china”, cuyo desembarco en el país se produjo con el crecimiento de inmigrantes de esa nacionalidad en los últimos años. Los hechos delictivos (coacciones, amenazas, lesiones, homicidios) que cometen los integrantes de esa organización y que, actualmente, afectan sólo a los miembros de esa colectividad, superan, en mucho, las posibilidades de un juzgado de instrucción que, con una dotación limitada en personal y recursos materiales, debe acumular por conexidad, la investigación de hechos múltiples y dispares en toda la ciudad –cuando la organización también actúa en el Gran Buenos Aires y otras partes del país– lo que dificulta la tarea, primero por cuestiones de competencia entre jueces que, por características propias de independencia, pueden tener criterios dispares. El trabajo unificado de los fiscales, incluso en distintas jurisdicciones, que forman parte de una organización piramidal y jerárquica con objetivos político criminales unificados debería superar esa limitación.

J. Maier: Basta con un ejemplo, incluso por fuera del Derecho Penal. El cada vez más amplio sistema de recursos por el temor de decisiones judiciales erróneas –sobre todo de jueces unipersonales– ha conducido, como pudo observarse en casos de valor político, a demorar años las decisiones judiciales ejecutables. En materia penal, teóricamente al menos, el sistema conduce, matemáticamente, a un regressus in infinitum; esto es, a la imposibilidad de una decisión –correcta o incorrecta– firme.

A. Binder: Existen muchos casos de criminalidad económica que han prescripto o que navegan dentro del sistema judicial sin rumbo. En el tema narcotráfico no se puede organizar un sistema de colaboración eficaz entre fiscales federales y fiscales provinciales, ya que los fiscales federales no tienen facultades de investigación.

3. ¿Por qué es mejor un sistema acusatorio que inquisitivo?

G. Bruzzone: Aparte de ser el que surge de la Constitución nacional, es más coherente, racional y tendría que permitir concretar los objetivos político-criminales de manera más eficaz. Ubica a las partes del proceso en la función que le cabe a cada una y al juez o tribunal lo coloca en el lugar de imparcialidad que debe tener para conocer y juzgar del caso que le presenten las partes (acusación y defensa).

J. Maier: Se trata de un problema histórico. El poder punitivo nació, prácticamente, con la Inquisición, con el establecimiento de la forma política denominada “Estado-nación” por contraposición a los poderes políticos locales (la misma centralización del poder puede observarse dentro de la Iglesia Católica Romana, inspiradora de las bases de la Inquisición: Papa en lugar de obispos). El llamado sistema acusatorio nace en Inglaterra (que se salvó de la Inquisición tal como nosotros la conocemos) y, a través del texto básico de Montesquieu, se incorpora a los Estados continentales europeos por intermedio de la influencia del Derecho Napoleónico con la reforma de sus sistemas inquisitivos de persecución penal, de conformidad con las bases establecidas por la Ilustración. No se trata de dos opuestos contradictorios, sino de dos sistemas distintos, con metas distintas y modos distintos de operar. El sistema acusatorio es el que actualmente nos es debido en razón de que nuestra Constitución procede claramente del liberalismo americano del Norte, por un lado, y de la Ilustración europeocontinental, por el otro. Según lo que desees alcanzar como meta, uno es mejor que el otro. Si deseas garantizarle al imputado una persecución penal en la cual tenga chances de salir victorioso y ser bien tratado, deberás optar por el sistema acusatorio.

A. Binder: El sistema acusatorio es mejor en los dos sentidos. En la medida que le entrega la preparación de los casos a los fiscales, permite organizar equipos de trabajo, una organización moderna, un trabajo más integrado con la policía; en tanto, encarga a los jueces el trabajo de control y genera un sistema completamente oral y público que aumenta la transparencia y permite una mejor defensa.

4. Con los cambios propuestos por el Poder Ejecutivo, ¿habrá más presos, menos o no variará?

G. Bruzzone: Teóricamente, lo que tendría que mejorar es la ecuación condenados versus procesados encarcelados, donde hoy el número de presos sin condena supera al de condenados. En relación a la prisión preventiva, no existe en nuestro país el delito inexcarcelable. El encarcelamiento preventivo es excepcional y todos los ciudadanos imputados de haber cometido un delito tienen derecho a esperar el juicio en libertad, siempre y cuando no pongan en peligro, de manera fehaciente, los objetivos del proceso penal: averiguar la verdad y concretar el Derecho Penal. Los peligros que se alzan son el entorpecimiento en la obtención de pruebas y el de fuga. Hoy lo que más se discute es el régimen de cauciones (fianzas) y medidas alternativas a la prisión preventiva. El derecho a la libertad bajo fianza tiene que ser la regla. Este derecho, como todos, no es de los “delincuentes”, como equivocadamente algunas personas pueden pensar, sino de los “ciudadanos”, porque las leyes están pensadas con carácter general y todos podemos vernos atrapados por el sistema penal, donde vamos a querer que se nos respeten los derechos y garantías.

J. Maier: Aquí comienzan las tribulaciones. No he visto el texto del proyecto. Pero supongo que, con algunas discrepancias mías, se adapta más al ideal “garantista” del procedimiento penal. A pesar de ello, no tengo demasiada confianza en que sólo su texto provoque una disminución grande de presos preventivos, ni tampoco de presos condenados. Lamentablemente, nuestro “populismo penal” está enamorado del encierro, de la cárcel, como solución de todos los males sociales. Vedere, veremos...

A. Binder: La cuestión no es realizar un análisis cuantitativo de la cantidad de presos sino que el nuevo Código Procesal Penal puede reorientar el uso de la cárcel para casos graves o violentos o que la pena pueda servir para desbaratar mercados criminales. En relación con la prisión preventiva la doctrina aplicable a la restricción de libertad durante el proceso ya ha sido fijada por la Corte Suprema y se debe ver caso por caso la necesidad real y estricta de dictar una prisión preventiva. En esto las leyes no pueden ir más allá de lo que ha dicho la Corte Suprema.

5. ¿Está bien que las víctimas tengan más protagonismo y hasta puedan acusar?

G. Bruzzone: Al incorporarse la figura del querellante en los códigos procesales, se le tiene que dar la posibilidad de impulsar la acción penal, incluso, para obtener una condena. No está mal ni bien. Es una decisión política.

J. Maier: Cierto protagonismo de quienes resultan ofendidos por los delitos es recomendable, pero el problema consiste en determinar su límite. Por ejemplo, ¿puede inmiscuirse la víctima en el sistema de ejecución penal, esto es, en el modo que caracteriza la condena a la privación de libertad y sus instituciones? Aquí los legisladores deberán discutir, teniendo en cuenta que, hasta ahora, nuestro sistema de la misma manera que los europeos continentales parte –casi sin excepciones– de la idea de persecución penal pública. A mí no me gusta que, dado el sistema de persecución penal pública, la víctima pueda, por sí misma, provocar el juicio o determinar su límite objetivo.

A. Binder: Las víctimas han sido agredidas y tienen derecho de pedir la tutela judicial. Lo pueden hacer en colaboración con el Ministerio Público, que es lo mejor, pero en muchos casos ellas son quienes están en mejores condiciones de llevar adelante los casos. La experiencia argentina en los casos de lesa humanidad y otros tipos de delitos complejos muestra que la fuerza social que pueden tener las organizaciones vinculadas con las víctimas o las víctimas mismas es un factor determinante para llevar esos casos adelante.

6. ¿Es viable y positivo el juicio por jurados a nivel nacional?

G. Bruzzone: Este mandato constitucional, incumplido desde el siglo XIX, con un desarrollo constitucional contradictorio, porque fue eliminado por la Reforma Constitucional de 1949, será viable cuando exista la decisión política de hacerlo, como ocurre en la provincia de Córdoba hace tiempo o como se adoptó en la de Buenos Aires recientemente. El principal motivo que puede atentar contra su “viabilidad” es su costo (alto) y la logística (compleja). Positivo será, porque acercará a los ciudadanos legos a una actividad central del control social, aportando el criterio de justicia que tengan para resolver el asunto.

J. Maier: Siempre apoyé el juicio por jurados porque nuestra Constitución nacional –y varias provinciales erróneamente– lo impone tres veces: como derecho para los habitantes al ser juzgados por crímenes, como obligación del Congreso de la Nación de dictar una ley general para toda la Nación y como base organizativa del Poder Judicial. Además, el juicio por jurados aparece en todos nuestros intentos constitucionales desde 1811 y la única excepción fue la Constitución de 1949 que lo abrogó sin decir por qué y, al parecer, porque el Congreso nunca lo había establecido y, como tantos otros derechos, la Corte Suprema no lo había instrumentado en sus fallos, por cierto, equivocados. Pero existe un segundo factor por lo cual yo lo apoyo: es una de las únicas formas de evitar la Justicia profesional, abogadil. Yo no creo que los juristas sean los dueños de la definición de justicia. Puede ser viable, como cualquier empresa humana, a partir de una organización judicial imaginativa, sobre todo si uno defiende una organización judicial horizontal en reemplazo de una organización vertical, como es regla entre nosotros.

A. Binder: El juicio por jurados no sólo es viable (se utiliza sólo para los casos más graves) sino que es una obligación constitucional y una necesidad imperiosa para generar nuevos lazos de comunicación y comprensión entre la Justicia y la ciudadanía.

7. ¿Qué cambiará el nuevo Código Procesal en la vida cotidiana del común de la gente?

G. Bruzzone: El trabajo de difusión y educación tendrá que ser extenso y fundacional, ya que excede holgadamente el interés de los técnicos (abogados) repercutiendo en la vida del común de la gente. No hay encuestas sobre el grado de conocimiento que los ciudadanos tienen sobre el tema y, en general, una vez que se adopte tendrán que ser advertidos de lo que representa juzgar a una persona para aplicarle castigo estatal. Cuando sean seleccionados como jurados para un caso, sus deberes cívicos los van a ubicar en un plano de enorme responsabilidad, donde van a tener que dejar, momentáneamente, sus ocupaciones habituales para dedicarse de lleno a resolver ese caso, y las posibilidades de excusarse serán limitadas. Acá el criterio de selección será central. Por otro lado, si bien están previstas remuneraciones para esta tarea, debe quedar claro, respecto de muchas personas que no se encuentren en relación de dependencia, que los ingresos pueden verse mermados. Es un problema que se presenta en todos los países donde funciona el sistema de jurados, pero la responsabilidad cívica con que se cumple la función cubre ese déficit que se asume como una obligación republicana inexcusable.

J. Maier: Si no se toca la organización judicial –algo que ha sido propio de todos nuestros intentos de provocar un cambio en el Poder Judicial– y no se corrige una organización totalmente verticalizada, enmendándola hacia una organización judicial horizontalizada, poco va a cambiar para la gente de a pie. A lo mejor la institución del juicio por jurados varía el panorama hacia el que yo propongo.

A. Binder: La reforma procesal penal es parte de los nuevos instrumentos que necesita la sociedad democrática para enfrentar con inteligencia, consistencia y sin tirar por la borda la libertades públicas, los nuevos fenómenos de criminalidad y violencia que vive la sociedad. Esto afecta la cotidianidad de una sociedad que pide permanentemente más eficacia en el control de esas formas de criminalidad.

(Diario Página 12, domingo 12 de octubre de 2014)

MENDOZA / Cuidar el planeta / Escribe: Alberto Lucero






Es difícil CUIDAR EL PLANETA cuando hay tantos intereses en pugna, intereses que solo buscan magnificar ganancias, sin importarles en absoluto los daños que producen en vastas zonas de nuestra ya castigada Tierra, daños que se extienden, como no podía ser de otro modo, también a los habitantes de esas zonas afectadas.

Y esos intereses pertenecen, una parte, a las grandes empresas trasnacionales, conducidas por los llamados CEO que piensan solo en términos de rentabilidad cueste lo que cueste, pero también hay intereses de los países poderosos, que para asegurar su primacía mundial, actúan sobre todas las variables económicas y sociales de esas zonas afectadas, también llamadas “zonas de sacrificio”.


Gracias a las leyes de los EE UU, que permiten la liberación del secreto de ciertos documentos al cabo de algunos años de generados y gracias a la difusión de esos documentos a través de Internet, hoy nos enteramos del Informe NSSM 200, elaborado en los EE UU en 1974 por el Secretario de Estado Henry Kissinger, bajo el gobierno del Presidente Nixon, que dice textualmente: "La ubicación en los países menos desarrollados, de grandes reservas de la mayoría de los minerales, nos genera una creciente dependencia de esos países menos desarrollados y el problema no es si hay cantidades suficientes de minerales, sino cómo generar facilidades políticas y económicas para acceder a esos minerales; cómo lograr condiciones convenientes para su explotación y en definir el reparto de los beneficios, porque el flujo continuo de materiales necesarios para los EE UU se verá en peligro, si aparecen conflictos laborales, sabotajes, reclamos civiles o acciones gubernamentales, que obliguen a detener las explotaciones de esos recursos minerales, que son imprescindibles para nuestro crecimiento” decía Mr Kissinger.

Y agregaba: “Argentina, Chile, Ecuador, otros países latinoamericanos y África, deben ser exportadores netos de materias Primas y su crecimiento debe ser limitado, para poder mantener el control económico, social y político, ya que representan los recursos necesarios para el Futuro de los Estados Unidos”.

O sea, tenemos los recursos minerales, pero debemos facilitar su explotación por parte de los países más avanzados, pero lo más grave del informe NSSM 200, es la decisión de contener el crecimiento poblacional, para mantener baja la población en aquellas áreas identificadas como reservas energéticas, condicionando la ayuda a los países en desarrollo a la implementación de medidas para el control de la población, porque Henry Kissinger consideraba como “un asunto de máxima importancia” el crecimiento de la población en los países del tercer mundo y propiciaba introducir políticas demográficas para desacelerar el crecimiento poblacional, garantizando así a los ciudadanos norteamericanos, su “acostumbrado estilo de vida”.


Conclusión: lo que está ocurriendo en vastas zonas de África y Latinoamérica, zonas elegidas para proveer de minerales y alimentos a los países poderosos de la Tierra, no es algo casual ni es algo de los últimos años, sino que es el resultado de un plan elaborado meticulosamente hace 40 años, en 1974, para que ellos, los intereses que citábamos al comienzo, vean satisfechas sus necesidades económicas y geopolíticas.

¿Parece ciencia ficción, verdad?

Pero es la triste realidad: somos, para ellos, poblaciones fusibles, destinadas a mantener el “acostumbrado estilo de vida” de aquellos que nacieron en la parte privilegiada del planeta.

ARGENTINA / “Lo ideal es que la Corte esté completa” / Escribe: Irina Hauser






La antesala del despacho de Elena Highton de Nolasco, extensa y despojada, con apenas un escritorio de secretaria confinado al fondo, parece una pileta olímpica. Será porque a la jueza le gusta nadar. No es lo único que comparte con Raúl Zaffaroni. Ella también cree que los jueces de la Corte Suprema deben jubilarse a los 75 años. “Lo dice la Constitución”, justifica. A ella, que tiene 71, le faltan cuatro. Ni tanto ni tan poco, piensa. Le parece bien, sin embargo, que los cargos sean inamovibles. Según la jueza, ahora que el penalista se va del tribunal, este Gobierno debería elegir a su reemplazante. “Sería bueno que nombren a una mujer para mantener el equilibrio de género”, pide. En diálogo con Página/12, Highton defiende la reforma procesal penal en cierne, respalda el Código Civil tal como quedó pese a ciertas discrepancias, alienta una ley que despenalice la tenencia de droga para consumo personal, hace balance de sus diez años supremos y asegura que sus fallos “no son políticos”.


En la sala de reuniones un reloj de pie antiguo suena cada media hora. Highton se ve pequeña y delgada en la inmensidad de los espacios con techos altos y molduras antiguas que habita en el Palacio de Justicia. Tiene un trajecito beige suelto, un pañuelo bordeando el cuello, las uñas y los ojos pintados, el pelo lacio por los hombros. Es mesurada con las palabras. En una época escuchaba música clásica de fondo, pero hace mucho que no pone nada, comenta. Sonríe de a ratos. Pero se la ve triste cuando habla de Carmen Argibay y de Enrique Petracchi, fallecidos este año, con quienes cuenta que arrastraba una relación de años, muy anterior a que compartieran el trabajo en la Corte. La ausencia de ambos y la renuncia, formalizada el viernes, de Zaffaroni, marcan el fin de un ciclo en la Corte de la que Highton, nombrada en 2004, fue una de los protagonistas.

Ella describe la transición con cierta asepsia. “Desde el punto de vista del tribunal –dice– van cambiando las mayorías. Ahora la mayoría es de tres votos sobre cinco. Cuando yo empecé, éramos nueve, hacían falta cinco sobre cuatro. Cuando éramos ocho, el problema era a ver cómo desempatábamos los cuatro a cuatro. Cuando entre en vigencia la renuncia de Zaffaroni van a tener que nombrar a otro para completar los cinco.”

–¿Hay un bloque de jueces que votan siempre juntos o con una intención común?
–Un bloque fijo no hay, y la mayoría es cambiante.

–El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, los criticó por el fallo reciente que repuso una cautelar que exime a La Nación y otros medios de impuestos millonarios. Atribuyó intencionalidad política a la mayoría.
–Yo voté en disidencia. Porque el recurso de las empresa no se dirigía contra una sentencia definitiva.

–Está claro. Y Zaffaroni no votó.
–De todos modos, creo que hacer un fallo no es hacer política. Cada uno decide lo que cree que jurídicamente debe ser. Hace cuarenta años que hago sentencias y nunca creí que hacía política. Ciertamente hay una repercusión social, económica, de los fallos. Justamente, cuando uno da una interpretación más amplia de un derecho jubilatorio, civil o humano quizá se interpreta que uno hace política.

–Capitanich ya había señalado lo mismo cuando Ricardo Lorenzetti cuestionó en un discurso (en la Conferencia de Jueces) el abordaje que hace el Gobierno del narcotráfico y aludió a la inseguridad.
–Una cosa son los fallos y otras los discursos. Los discursos son de cada uno.

–¿Los discursos de Lorenzetti no representan a toda la Corte?
–En general reflejan lo que piensa la Corte. Nosotros tenemos políticas públicas, porque somos un poder del Estado. Yo me dedico a la línea del “acceso a la Justicia” a través de la Oficina de Violencia Doméstica, y de la solución alternativa de disputas. Nuestra Corte es la única en el mundo que tiene oficina de violencia doméstica. La cuestión del narcotráfico también es parte. Nosotros hemos sacado algunos fallos. Inclusive cuando resolvimos la despenalización del consumidor ahí hablamos de que hay que perseguir a los grandes peces.

–Lorenzetti dijo que ese fallo no era de despenalización y cuestiona una reforma legal en ese sentido.
–Bueno, ése era un fallo de despenalización del consumo. Son interpretaciones. No es que cambiamos un artículo del Código Penal. Pero interpretamos que no está dentro de lo perseguido, no hay delito. Igual que cuando hicimos una interpretación sobre que el aborto no es punible en los casos de violación.

–¿Usted cree que hay que reformar la ley de drogas para no perseguir a los consumidores?
–Si el Congreso reforma la ley es más fácil, para no tener que estar haciendo siempre interpretaciones, que pueden ser contradictorias. Creo que sería mejor, porque justamente no hay que perseguir a quien es un enfermo. Hay que ayudarlo, no meterlo en la cárcel o la comisaría. Lo importante es tratarlo. Es la política que hay que hacer. Perseguir a los traficantes, no a los consumidores, a chicos que quizás están en la calle consumiendo un gramo de marihuana en lugar de buscar a quién se la vende.

–¿También es partidaria de despenalizar el aborto?
–No digo ni nunca dije eso y no lo voy a decir. Creo que el Congreso es soberano e interpreta si el pueblo quiere o no quiere una determinada ley. Carmen lo decía, y Aída Kemelmajer también, yo no.


La Corte que viene

–¿Este Gobierno debería nombrar al reemplazante o el próximo como pide la oposición?
–Ese es un problema político. Pero lo ideal sería que la Corte esté completa, porque si no podemos quedar empatados dos a dos, y si bien se puede llamar a un conjuez para desempatar, el problema es que, al ser alguien ajeno a la constitución del tribunal, que cambie incluso según el caso, puede generar incertidumbre a la jurisprudencia.

–¿Tendrían que nombrar a una mujer?
–Sería bueno para mantener un equilibrio de género. Ahora estoy sola.

–Y usted que ha pasado por todas las experiencias, ¿qué Corte le parece mejor: la de cinco, la de siete, la de nueve, o la de diecinueve que propone Zaffaroni?
–Diecinueve, no creo. Es importante que haya número impar. Por lo demás, es lo mismo.

–¿A los 75 años los jueces de la Corte deben jubilarse?
–Es lo que dice la Constitución.

–El doctor Carlos Fayt no piensa lo mismo.
–El tiene su fallo favorable y, en realidad, la Constitución salió cuando el ya tenía cumplidos los 75. Yo, en principio, me voy a ir antes de los 75 o a los 75. Tengo 71. Mi idea es cumplir con la Constitución.

–En su carta a la Presidenta, Zaffaroni dice que la vitalicidad del cargo de los jueces siempre es más adecuada a los sistemas monárquicos que republicanos. ¿Usted qué piensa?
–Es una generalización. La razón de la inamovilidad es la independencia de los jueces. En los lugares que se renueva el cargo, siempre hay cabida a las presiones al momento de definir.

–En los últimos días Lorenzetti salió a decir, como quien quiere dar tranquilidad, que no va a cambiar la línea de la Corte. ¿Pero por qué cambiaría?
–Cuando nosotros llegamos, respecto de la Corte vieja sí hubo muchos cambios. Por ejemplo, en cuestiones jubilatorias. Pero ahora ya hay una jurisprudencia. El periodismo es el que dice que es todo un caos. Yo no creo que haya ningún caos. Creo que no hay por qué preocuparse.

–¿Está bien la reelección indefinida del presidente de la Corte?
–Nosotros mismos lo elegimos, es una elección que depende de los ministros. Y si se quiere cambiar, se puede cambiar. No es como en Estados Unidos que al presidente de la Corte lo elige el presidente.

–¿Nadie más quiere presidir además de Lorenzetti?
–No, y yo como vicepresidenta estoy contenta. Hago mis políticas públicas bien.


Sistema acusatorio

–¿Está de acuerdo con la reforma procesal penal que impulsa el Poder Ejecutivo?
–En líneas generales, sí. Es importante un proceso acusatorio. Porque hay mejor defensa en juicio con la investigación fiscal y no involucrando al juez en las decisiones. Habiendo acusación y defensa es más claro en ese procedimiento que la persona puede tener derecho a un juicio justo.

–¿Cree que realmente será efectivo y abreviará los tiempos?
–Habrá que ver. Es importante un cambio del principio de legalidad por el principio de oportunidad. En un proceso donde todos los delitos se persiguen y pensar en un juicio oral para eso, es imposible. No se puede. Hay que tener políticas de Estado en materia persecutoria, tener principio de oportunidad y buscar otras soluciones alternativas para ciertos casos. El principio de oportunidad no implica derogar delitos sino, según el momento, perseguir más una cosa u otra, según políticas que pone el procurador general.

–La oposición política dice que se le da un poder desmedido a la procuradora. ¿Lo ve así?
–El sistema acusatorio es así y la Procuración puede poner sus políticas de Estado. Decir qué se persigue más o menos.

–Uno de los puntos más debatidos del proyecto de Código Procesal es el que dice que la “conmoción social” que haya causado un hecho puede ser tenida en cuenta para definir la prisión preventiva. ¿Usted qué piensa?
–La prisión preventiva por la repercusión social de los hechos no corresponde. Esto estaba antes y después se sacó. En realidad hay que ver si hay propensión a la fuga y a entorpecer la investigación. También podría ser la amenaza de pena, porque aumenta el riesgo de fuga. Pero no es que por la repercusión social que surge o porque los medios lo saquen mucho o porque toda la gente hable de un medio se define la preventiva. No creo que sea un elemento a tener en cuenta. Es darles un poder excesivo a los medios. Va contra la presunción de inocencia. Debieran tener en cuenta cuestiones que hacen al imputado.

–¿Está bien incluir una referencia a los extranjeros en el Código Procesal para explicar su expulsión?
–Tengo mis dudas de que corresponda pero tengo que estudiarlo mejor. Cometen delitos los extranjeros y los nacionales. No tengo una estadística que diga que los extranjeros cometan más delitos y peores.

–Si va a haber un sistema acusatorio con investigación de fiscales, ¿por qué la Corte creó ahora un cuerpo especial de peritos anticorrupción? Y lo hizo justo cuando algunos dirigentes denunciaban que el Gobierno quiere impunidad.
–Esto lo venimos organizando hace bastante. Será un cuerpo interdisciplinario. Hace falta compaginar distintas especialidades y que sea un grupo selecto. No es que los peritos contadores no lo sean, ahora están todos concursados.

Balance

–¿Cómo define la Corte de esta última década que usted integró?
–Es una Corte de avanzada, ha innovado, ha cambiado mucho su jurisprudencia, basando en la Constitución y en los derechos humanos todos los criterios. Porque incluso están por encima de todo al momento de interpretar el derecho común, y las normas civiles, básicas o comerciales, o de derecho público. Todo el derecho internacional aplicamos.

–¿Hay fallos de los que firmó todo este tiempo en la Corte que le den orgullo?
–Todos los de derechos humanos, los grandes hitos sobre crímenes de lesa humanidad. Son fallos importantes, únicos en el mundo. Además, en cierto momento se creía impensable juzgar estos casos. Los que benefician a los jubilados también fueron importantes.

(Diario Página 12, domingo 2 de noviembre de 2014)

ARGENTINA / Siete, cinco, cuatro / Escribe: Mario Wainfeld






Eugenio Raúl Zaffaroni renunció a su cargo en la Corte Suprema de Justicia. Lo hizo en tiempo y forma, con estricto apego a la ley. El mensaje no es hueco ni burocrático. Tiene contenido, cuestionando el criterio monárquico de quienes se mantienen en sus cargos de por vida, una alusión precisa y sutil, sin nombrarlo, a su colega Carlos Fayt. También exalta la trayectoria de “las Madres y las Abuelas”, a las que acompañó y asesoró durante décadas. Un tono afectuoso hacia la presidenta Cristina Fernández de Kirchner colorea la nota aunque no desplaza el formalismo que predomina en los tribunales.

Con franqueza, Zaffaroni enuncia y jerarquiza los motivos de su partida. El primero e “ineludible” es la normativa, parte del artículo 99 de la Constitución: cumplirá 75 años el 7 de enero, adelanta su partida al 31 de diciembre. El magistrado agrega que considera que once años en la Corte es un “lapso prolongado”. Reconoce un factor subjetivo, aunque secundario: le interesa recuperar tiempo para sus actividades académicas, docentes, doctrinarias y la acción en las instituciones científicas internacionales.

Zaffaroni es un jurista de primer nivel internacional, bien por encima de sus compañeros de cuerpo. Esa característica no es imperativa para sumarse a la Corte ni forzosa para ser un digno juez. Pero el buen uso de su versación forma parte del aporte de Zaffaroni para enriquecer un buen desempeño colectivo.


La Corte que regeneró el presidente Néstor Kirchner cumplió bien su cometido, en promedio. No llegó a la perfección (si acaso existe) pero mantuvo una línea de conducta, dictó fallos señeros en materia de derechos humanos y sostuvo un buen nivel en la mayoría de los casos relevantes que decidió. Sumó calidad institucional a la etapa, lo que combina el mérito del cuerpo (que suele serle reconocido) y el menos mentado del ejecutivo votado desde 2003. Higienizó al Tribunal, tuvo los votos parlamentarios (y los atributos bien puestos) para eyectar a los repudiables Supremos menemistas.

Si se hace un repaso no prejuicioso se puede señalar:

- Que Kirchner impulsó un salto de calidad de la Corte, sin nombrar jueces adictos. Además estableció, en el decreto 222 del año 2003, un modo de selección que impone debate y audiencias públicas, versus el secretismo que imperaba antes.

- Que en 2006, la entonces senadora Cristina Kirchner promovió (en el zenit de la popularidad de Kirchner) una ley reduciendo a cinco el número de miembros de la Corte. La norma vigente por entonces estipulaba que eran nueve pero siete integraban el cuerpo. La mayoría exigía cinco, era trabajoso. El kirchnerismo autorrestringió su posibilidad de nombrar dos cortesanos más. Y demarcó un número que podía regir por muchos años, como efectivamente sucedió.

- Que Zaffaroni se retiró justo cuando correspondía. Se le atribuye, sin rigor, ser un incondicional del Gobierno. Pero dejó vacante una silla que será difícil de llenar, porque así lo mandan las leyes.

O sea, hay una trayectoria institucional coherente y prolongada del oficialismo y de Zaffaroni. Sus adversarios no la registran ni la copian.

Con las desdichadas pérdidas de los doctores Carmen Argibay y Enrique Petracchi, ocurridas hace contados meses, la Corte quedará reducida a cuatro miembros, no bien llegue el año nuevo. Son demasiado pocos, como ya se desarrollará.

Siempre es saludable ser cauto con las profecías, pero no parece excesivo suponer que ha terminado una fructífera etapa de la Corte y que despunta otra. Tres magistrados que dejan de pertenecer a un colectivo de siete hacen una gran diferencia.

El porvenir es abierto, no tiene forzosamente que ser menos auspicioso... pero para empezar será distinto. La expresión “fin de ciclo” no cuadra, aunque tienta. Fue la Corte que duró más tiempo en la historia nacional, como siempre subraya el jurista Gustavo Arballo, afecto al método comparativo y la búsqueda de datos.

A título subjetivo, este cronista entiende que Petracchi y Zaffaroni eran los mejores jueces de un conjunto de nivel muy valorable. Habrá que ver cómo se los suple, así fuera en parte.

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Cuatro no bastan: La ley estipula que la Corte debe tener cinco miembros. Ese argumento debería ser suficiente para zanjar toda discusión. La Presidenta debe (y no solo puede) proponer una persona para ocupar la vacante. Quienes se oponen por método, desconocen el mandato institucional, mientras alegan ser (únicos) portadores de la bandera republicana. En fin...

Claro que es complejo en la coyuntura conseguir el acuerdo de las dos terceras partes del Senado, también regulada en la Constitución. Ese desafío político no obsta al imperativo legal: debe ser acometido con tácticas que faciliten el objetivo. La más racional es mocionar a alguien con prestigio y reconocimiento. Es entre verosímil y cantado que eso no bastaría para vencer la necia tozudez opositora.


El número de cuatro es, por añadidura, disfuncional. Se exige una mayoría de tres para sentenciar, esto es las tres cuartas partes de los integrantes. La dificultad consiguiente se subestima y se sobrevalora una solución paliativa y nociva. Es factible convocar conjueces ad hoc en caso de que sea necesario desempatar.

El mecanismo rebosa de contraindicaciones. Una es, pongámosle, conceptual. La Corte es un curioso organismo colegiado compuesto por individualidades, éstas no son fungibles. Su andar cotidiano debe combinar diálogo entre sus integrantes, con debates específicos sobre los expedientes a tratar, con decisiones en las que se acude al recurso del voto. La convivencia y el trato habitual no son baladíes y no se suplen con el arribo espasmódico de “paracaidistas” ajenos al funcionamiento regular.

Por otro lado, la excelencia institucional demarca requisitos muy exigentes para llegar a la Corte, ya reseñados líneas arriba. Ese recaudo se desdibujaría o borraría otorgando gran poder contingente a “otros magistrados” sin los pergaminos necesarios que tendrían alta gravitación aunque temporaria.

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Lentitud y discrecionalidad: La Corte, aun con siete vocales, no daba abasto para su actividad. Por motivos que esta nota no abordará resuelve una cantidad excesiva de expedientes. La diferencia con su par norteamericana es sideral. Los costos del agobio son múltiples, la lentitud es uno de cajón.

Hay estipulados plazos máximos para las sentencias de todos los tribunales de la Nación... menos para el máximo. A menudo se burlan pero, por lo menos, están estipulados. La exclusión de la Corte tiene una causa lógica: no hay una instancia superior que podría sancionar la mora. Pero sería gratificante que el tribunal se autorregulara, para tener márgenes y para poder ser cuestionado cuando no cumple.

Un rebusque habitual es valerse abusivamente del artículo 280 del Código Procesal, que faculta a rechazar de plano los recursos extraordinarios que no cumplen las exigencias para interponerlos. La Corte desestima una cantidad preocupante de casos sin explicar el porqué. El manejo se apoda “la plancha” que en jerga equivale a “sello”. El vocablo es indicativo: se pone fin a un expediente o a una parte importante sin fundamentación del órgano de gobierno respectivo. Una defección de los principios constitucionales: todo acto debe (debería) ser fundamentado, máxime si regula o acota un derecho.

La mala praxis de la Corte es recurrente, esta composición incurrió en ella a menudo. Es una forma sinuosa de liberarse de expedientes con módica labor de los supremos, aunque éstos alegan haber estudiado todos esos casos. Si así fuera, nada les impide escribir unas líneas para fundamentar lo que hacen o desbaratan.

La lentitud y la proliferación de rechazos discrecionales corren el riesgo de agravarse si hay más sobrecarga para los magistrados que quedan.

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Locuacidad y virajes posibles: Se aumenta la cantidad de trabajo, tanto como la cuota parte de poder de los Supremos que siguen. No es lo mismo que cada uno disponga de la séptima parte de los votos que un cuarto. Tal vez por eso, tal vez porque a menudo lo tienta hablar para la platea y los palcos VIP, el presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti hizo declaraciones imprudentes. No venía mal que dijera “que no panda el cúnico” y que desalentara ansiedades. Pero de ahí a meterse en las incumbencias de otros poderes y (casi) pronunciarse por el quietismo presidencial hay un abismo. El hombre adujo que no hay urgencia, vale. Pero sí hay necesidad, que subestimó intrusando áreas ajenas.


Habrá que ver cómo se alinean los Supremos de acá en más. Un caso interesante es el del longevo Carlos Fayt quien se vale de un achacoso fallo dictado hace veinte años. Pudo ser equitativo que no cesara en su cargo en 1994 pero es abuso de derecho que prorrogue su vigencia veinte años después.

También será interesante observar cómo se reacomoda Juan Carlos Maqueda. Elogiar el modo en que se designan los Supremos desde 2003 conlleva la crítica a cómo se hacía antes. El último magistrado del Ancien Régime es precisamente Maqueda, quien fue catapultado sin escalas de la presidencia del Senado a la Corte, como tributo a su pertenencia al duhaldismo, bien ornada con una buena formación jurídica. De cualquier manera, es un ejemplo arquetípico de “juez político” y hasta partidario.

En su momento, Maqueda convivió seis meses con el cardumen menemista, sin decir pío. Cuando comenzó la reconfortante ofensiva kirchnerista contra Julio Nazareno difundió una carta pública demoliendo al presidente de la Corte menemista. Fea la actitud, previa a una reconversión que fue mejor. Una vez reconformado el tribunal, Maqueda tuvo un desempeño sistémico, conjugó con sus colegas, sin desentonar para nada.

Claro que se vive una etapa nueva, signada por la cercanía de las elecciones presidenciales y el antagonismo consiguiente. Maqueda podría pasar de ser una “célula dormida” del peronismo federal a acercársele en su revival. De nuevo, es una virtualidad pero, tal vez, tenga suelo fértil en el contexto reaccionario que proponen la oposición y en particular los sectores antikirchneristas del justicialismo. Usamos “reacción” en sentido estricto: vuelta atrás, al pasado. La afinidad entre Maqueda y quien fuera su jefe político, el gobernador cordobés José Manuel de la Sota, será un factor interesante para ir pispeando.

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Recuerdos y porvenir: Kirchner le dio un contenido simbólico a sus decisiones cuando destituyó a Nazareno y promovió a Zaffaroni. Eran y son antípodas. Las reacciones fueron tremendas y el presidente demostró ya en sus comienzos su capacidad para generar poder, domesticando a la bancada justicialista.

Durante el largo lapso de once años Zaffaroni fue hostilizado por la derecha política y mediática. Saben lo que hacen. El aporte de Zaffaroni antecede y trasciende a su fructífero paso por la Corte. Su obra es monumental, tiene discípulos en la Academia y seguidores en la opinión pública y en el Poder Judicial. Eso también lo distingue de sus, por ahora, compañeros de gestión. Afecto a la polémica, hábil y dotado de un imbatible sentido del humor Za-ffaroni participa en el Agora. Supo inculcar ideas fuerza notables como la estigmatización social que acompaña varios relatos sobre la inseguridad. Participó haciendo mayoría en los mejores fallos y marcó disidencias sin tornarse provocador ni rupturista. Cuando llegó el reconocimiento de constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual convergió con Petracchi. Cada uno con su relato y su visión, plasmaron los mejores votos del tribunal. La defensa de los derechos humanos, la condena al terrorismo de Estado y a la violencia institucional lo tuvieron y tendrán como un abanderado, no exento de liderazgo. Hizo lo correcto al retirarse, comulgando con sus “otras” actividades. Al poner por escrito lo que preavisó, facilita que el debate político se anticipe un poco, aunque solo pueda concretarse a partir del primero de enero.

Ayer mismo el senador Gerardo Morales ratificó que el radicalismo se opondrá por método a cualquier nombramiento. Quiere esperar al próximo gobierno. Es una postura rara, máxime porque es difícil que un virtual gobierno opositor pudiera contar con primera minoría en el Senado, ni hablar de los dos tercios. Pero así se hace política en estos pagos, subestimando lo institucional, en aras de un titulito en los medios.

(Diario Página 12, domingo 2 de noviembre de 2014)

HISTORIA / ¿Cómo eran las sociedades americanas en la época de Colón? / Nota






Los pueblos que habitaban el continente que los europeos llamaron América habían desarrollado formas variadas de organización social para le época de la conquista española. Había sociedades urbanas, como la de los aztecas e incas (los mayas ya habían desaparecido misteriosamente), con grandes ciudades, pueblos de agricultores y otros de cazadores recolectores.

¿Qué decían los adivinos?

La conquista fue presagiada por profecías aztecas e incas. Los aztecas hablaban del retorno del dios Quetzalcoátl al final del gobierno del emperador Moctezuma. "El dios vendrá bajo la forma de un hombre blanco", decían los adivinos. "De aquí a muy pocos años nuestras ciudades serán destruidas y nuestros hijos muertos." Le advertían a Moctezuma: "Perderás todas las guerras y otros hombres con las armas se harán dueños de estas tierras".

¿Se cumplió la Profecía?

Parece que sí. En un mismo años, 1510, hubo un eclipse de Sol y la aparición de un cometa. Pocos años más tarde, Hernán Cortés, el hombre blanco, desembarcará en las costas de Yucatán. Pronto los aztecas se iban a dar cuenta de que Cortés no era ningún Dios.

A los incas les pasó algo muy parecido. También esperaban el retorno de su Dios, Viracocha y cuando llegó Pizarro, el conquistador del Perú, dijeron: "Es Viracocha, con su barba negra y otros compañeros con barbas rojas y negras". De inmediato se desilusionaron: "Pensábamos que era gente grata y enviados de Viracocha, pero, hermanos, que estos que entraron a nuestras tierras no son hijos del dios sino del demonio".

¿Quién fue la Malinche?

Fue la hija de un cacique entregada a Hernán Cortés como ofrenda. Hablaba la lengua de los aztecas y la de los mayas y fue de gran utilidad para el conquistador como intérprete. Para los mexicanos la Malinche significa un ejemplo de traición y entrega al extranjero y así lo reflejan en el poema La maldición de Malinche:

Del mar los vieron llegar
mis hermanos emplumados
eran los hombres barbados
de la profecía esperada.
Se oyó la voz del monarca
de que el dios había llegado
y les abrimos la puerta
por temor a lo ignorado.
Iban montados en bestias
como demonios del mal,
iban con fuego en las manos
y cubiertos de metal.
Sólo el valor de unos cuantos
les opuso resistencia
y al mirar correr la sangre
se llenaron de vergüenza.
Porque los dioses ni comen
ni gozan con lo robado
y cuando nos dimos cuenta
ya todo estaba acabado.
En ese error entregamos
la grandeza del pasado
y en ese error nos quedamos
300 años esclavos.
Se nos quedó el maleficio
de brindar al extranjero
nuestra fe, nuestra cultura,
nuestro pan, nuestro dinero.

¿Cuál fue el impacto que produjo la conquista?

Los conquistadores impusieron su forma de organización de la sociedad y el espacio. Esto produjo un gran desconcierto entre los miembros de las culturas americanas. Se veían obligados a adoptar una nueva lengua, otra religión que reemplazaba a sus múltiples dioses por uno sólo y hasta una nueva organización familiar que terminaba con la poligamia e instalaba la monogamia.

¿Qué trajeron los europeos?

La nueva tecnología europea, nuevas plantas y técnicas de cultivo, animales domésticos, el hierro, la rueda. En las ciudades americanas florecieron los nuevos oficios: herreros, zapateros, sastres. Se generalizó el uso de bebidas alcohólicas y el cultivo del trigo.

¿Qué se llevaron?

Mucho oro, plata y especias, pero también la papa, que pasó a ser la base de la alimentación europea; la batata, el tomate, la palta y el tabaco, y en algunos casos un gran susto, porque muchos americanos se resistieron a perder su identidad y pelearon, en ciertas regiones durante siglos, para defender su cultura y sus tradiciones.

(Fuente: www.elhistoriador.com.ar)

INTERNACIONAL / “Puede ser que la izquierda desaparezca” / Escribe: Eduardo Febbro






Los populismos xenófobos llenan las urnas, el desempleo se incrementa, la desindustrialización prosigue sin piedad su trabajo de deconstrucción social y la izquierda europea se muere en los brazos de su enemigo. Su discurso se ha vuelto tan débil que es inaudible. Con la escasa excepción de Grecia y España donde prosperan fuerzas de la izquierda radical, Syriza y Podemos, la socialdemocracia del Viejo Continente está en vías de extinción. Sus sepultureros no son sólo los ejércitos del liberalismo, sino, también, los gobiernos socialistas elegidos para llevar adelante otra política y que hoy, como el primer ministro francés Manuel Valls, dicen en voz alta que es preciso terminar “con la izquierda del pasado”. ¿Para qué sirve entonces Marx, la tradición del socialismo democrático, las luchas obreras y la injusticia que todo demuele si la izquierda europea no logra reinventar una alternativa? A estas preguntas responde el sociólogo y filósofo marxista Michael Löwy. Director de investigaciones en el CNRS francés (Centro Nacional de la Investigación científica), profesor en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, Löwy es autor de reconocidos libros sobre el marxismo. Su primer libro en español, El pensamiento del Che Guevara, fue publicado en 1971 por Siglo XXI. El último, Ecosocialismo. La alternativa radical a la catástrofe ecológica capitalista (Buenos Aires, Ediciones Herramienta y Editorial El Colectivo), apareció en Buenos Aires en 2011. Entre ambos hay una extensa y metódica reflexión sobre la historia del marxismo y una irrenunciable postura a favor de una convergencia entre todas las fuerzas progresistas para cambiar la mecánica nefasta del sistema.


–Con un liberalismo voraz y sin enemigo capaz de neutralizarlo, con los medios hegemónicos que destilan el mismo argumento en casi todos los rincones del planeta, ¿cuál es el lugar y qué utilidad tiene hoy el marxismo?
–El marxismo es el único método, el único instrumento de teoría crítica capaz de inspirar una resistencia crítica contra esta ola de políticas neoliberales desastrosas. Estas políticas se imponen en Europa, sea con la derecha o con los gobiernos de centroizquierda. Es más o menos lo mismo. Pero el marxismo no ofrece los instrumentos para proponer alternativas. Ahora bien, hay una condición: que el marxismo no se limite a repetir lo que está escrito en los libros de Marx o de Engels. Debemos ser capaces de abrirnos a los nuevos planteos que no estaban previstos por los fundadores. Estos temas van desde la Teología de la Liberación, los movimientos indígenas en América latina hasta, sobre todo, la cuestión ecológica. Esto es fundamental para un socialismo o un marxismo del siglo XXI. El marxismo debe ser actualizado en función de los desafíos, las luchas y los movimientos sociales de nuestra época.

–¿Por dónde pasa el punto de articulación entre esta reactualización y la creación de un movimiento político contemporáneo genuinamente de izquierda?
–Lo que corresponde en primer lugar a las fuerzas políticas de la izquierda radical es la urgencia de unirse y, luego, apropiarse de la reflexión marxista y actualizarla. Algunos movimientos lo están haciendo, por ejemplo Syriza, en Grecia, que es hoy el movimiento de la izquierda radical más importante de Europa. Syriza es un movimiento que logró crear la convergencia con los movimientos de protesta social y con la juventud. Syriza también pudo apropiarse de las nuevas cuestiones. Es entonces posible y ahí tenemos un ejemplo.


–El actual primer ministro francés, Manuel Valls, dijo hace unos meses que la izquierda podía desaparecer. Si uno mira el panorama de la izquierda en varios países centrales de Europa, da la impresión de que ya desapareció.
–Efectivamente, hay un riesgo de que la izquierda desaparezca. En este sentido, Manuel Valls tiene razón, exceptuando el hecho de que él es uno de los responsables de la desaparición de la izquierda. Lo que contribuye a desmoralizar a la izquierda es la política de Valls y del presidente François Hollande. Esa política empuja la gente a la desesperanza, a perder el rumbo. Por eso hay tanta gente que mira hacia la extrema derecha. Pero hay que reconocer que, en Europa, la situación no es nada buena. La extrema derecha tiene el viento en popa y la izquierda radical está muy debilitada, con la notable excepción que es la esperanza de Grecia y España, donde hay un movimiento nuevo como Podemos. Es apenas un comienzo, pero esto nos demuestra que hay una alternativa a la izquierda.

–Pero ¿por qué la izquierda se volvió prácticamente inaudible? ¿Se repitió, le faltó convicción o simplemente acomodó su ideología para diluirse en el liberalismo?
–La socialdemocracia, que era una parte importante de la izquierda y del movimiento obrero, decepcionó porque se adaptó al neoliberalismo y llevó a cabo la misma política que la derecha liberal. Hay a la vez un desencanto y una desorientación. Al mismo tiempo, el Partido Comunista paga ahora el precio de su adhesión, durante casi un siglo, a esa caricatura de socialismo que fue la Unión Soviética. Cuando la URSS se derrumbó como una farsa trágica, los obreros y la gente que respaldada esa corriente de la izquierda se desmoralizaron. Pero, por sobre todas las cosas, lo que más influye es el peso de la ideología dominante. Los medios, la televisión, en suma, todo eso mantiene una cultura del consumo, un espíritu conformista y una sociedad individualista. Esa es la ideología dominante y no es fácil luchar contra ella. En cambio, en América latina sí se pudo combatir esa ideología, en Europa es otra historia. En América latina hay una extensa historia de rebeliones, de movimientos y de revoluciones que lograron hacer saltar la tapa del conformismo burgués reaccionario. América latina se mueve, el neoliberalismo no domina más como antes.


–Esto significa que, en América latina, la izquierda tiene eco.
–Las experiencias de Venezuela, Bolivia y Ecuador muestran que se puede ir mucho más lejos en la ruptura con las políticas neoliberales y la dominación oligárquica. No se trata de una revolución socialista como en Cuba, ni tampoco del fin del capitalismo. Sin embargo, incluso dentro de los límites del sistema, pudieron ir más lejos. Hay una dinámica de ruptura y de enfrentamiento con la oligarquía. Como vemos, no es imposible.

–Cuando explotó la crisis financiera en 2008, muchos celebraron el fin del sistema capitalista liberal. Pero sigue acá, tan vivo y corrupto como siempre. ¿En qué fase se encuentra entonces? ¿Al final de una etapa histórica, en plena renovación, al límite de su contradicción histórica?
–El sistema del capitalismo neoliberal ingresó en una crisis muy profunda en los países centrales –Estados Unidos, Europa, etc–. Esta crisis está lejos de haber terminado. Hay rebotes, subibajas, mejoras que llevan a los gobiernos a proclamar “salimos de la crisis” y, de nuevo, retrocesos. Por consiguiente, la crisis se prolonga y las políticas gubernamentales actuales son incapaces de resolverla. Pienso que no se trata de la crisis final del capitalismo, de una forma u otra saldrá de ella y, muy probablemente, de una manera negativa para las clases populares. Si no hay una reacción, un movimiento social, un movimiento popular revolucionario que se oponga y pueda detener la ofensiva del capital, el liberalismo encontrará una solución para salir de su crisis. Todo puede pasar. Con todo, el sistema continuará mientras no haya una alternativa radical. Ahora bien, el capitalismo ya atravesó muchas crisis, pero hoy se enfrenta a un nuevo límite, el límite del planeta, el límite ecológico. Si seguimos así, dentro de diez años no habrá una crisis económica, sino una crisis ecológica catastrófica.

(Diario Página 12, domingo 2 de noviembre de 2014)

CANCION / Volverte a amar / Escribe: David Lebón







Su necesidad de estar en actividad lo llevó a acompañar al cantante Carlos Bisso y luego partir a España, donde se volvió a encontrar con Pappo, con quien formó un fugaz grupo del que también participó Ciro Fogliatta. A fines de 1971 fue baterista de Color Humano, grupo liderado por Edelmiro Molinari. Junto a esta alineación grabó el álbum debut con seis temas para el sello Microfón, del que participaron numerosos invitados.

En 1972 Lebón dejó la agrupación y su puesto fue ocupado por Oscar Moro. Ese mismo año, David fue el bajista de Pescado Rabioso, grupo fundado por Luis A. Spinetta tras la experiencia Almendra. Esta banda, compuesta por Spinetta en guitarra y voz, Carlos Cutaia en teclados, Amaya en batería y Lebón en el bajo, editó un álbum titulado "Desatormentándonos". En 1973, la banda registró un disco doble, pero diversos inconvenientes de producción e internos derivaron en la separación de la banda.


Quisiera estar con vos mi amor
Quisiera volverte a dar
Lo que mi corazón sintió
Me pide sin descansar

Creí que había pasado todo
Que voy a ser no puedo hablar de eso nena
Solo con el tiempo vendrá

Confiar soltar y amar
Confiar soltar y amar

A veces quiero estar sin vos
A veces me siento mal
Yo toco otra vez el sol
Y ciego quiero mirar

Pero hay algo en mi mundo
Que sabe bien donde buscar y dice nena
Solo con el tiempo vendrá

Gracias por poder decirlo
y poder cantar y poder cantar
se muy bien que lo mejor me espera
en algún lugar, en algún lugar

Confiar soltar y amar
Confiar soltar y amar

VIDEO / Cristina en el plenario Cumbre BRICS-Unasur






16 de julio de 2014, Brasilia: la presidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó hoy que la Argentina "está sufriendo un fortísimo ataque especulativo por parte de los fondos buitre". Al hablar en la cumbre Brics-Unasur, que se realiza en Brasilia, Cristina llamó además a "poner orden en las finanzas internacionales" porque, advirtió, están "absolutamente desquiciadas".


ARGENTINA / Campanazos / Escribe: Horacio Verbitsky






Las dificultades de la fragmentada oposición ante el proceso electoral del año próximo y la voluntad del actual gobierno de incidir en la selección del candidato a sucederlo han estimulado la búsqueda de alternativas que, de concretarse, alterarían en forma drástica el actual panorama. Una incluye entre los candidatos al actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, quien es visto con simpatía por las mayores cámaras patronales y por la revigorizada Iglesia Católica. La otra recrearía los pactos entre el justicialismo y el radicalismo, esta vez con un explícito acuerdo electoral, mediante las candidaturas de Daniel Scioli a la presidencia y Ricardo Alfonsín a la gobernación bonaerense. Las ostensibles dificultades de ambas combinaciones no desalientan a sus impulsores, insatisfechos con el cuadro de situación restante, con la implosión de UNEN, la disputa entre Maurizio Macrì y Sergio Massa por el apoyo de un radicalismo cada día más cómodo con su carácter de federación de partidos provinciales, y la reticencia del kirchnerismo a considerar que Scioli pueda representarlo en las urnas.


El grupo secreto

La eventual candidatura de Lorenzetti como vicepresidente de Julio Cobos fue mencionada por primera vez en enero de 2010 por el ex diputado radical Daniel Katz. En aquel momento, igual que ahora, se había instalado un consenso político-mediático sobre el presunto agotamiento del actual ciclo político y el riesgo de que su desplome tuviera consecuencias económicas y sistémicas catastróficas. La entonces embajadora de los Estados Unidos, Vilma Martínez, informó con entusiasmo a su gobierno que el presidente de la Corte formaba parte de un grupo secreto que procuraba superar “la desunión de la oposición” al kirchnerismo y “desarrollar una agenda en común para el mediano plazo”. Según su confidente, la diputada macrista Gabriela Michetti, ese grupo se reunía en secreto desde mediados de 2008, luego del voto de Cobos en el Senado contrario al gobierno que integraba. Además de dirigentes políticos tanto radicales como justicialistas, participaban varios hombres de negocios y banqueros. Cuando Wikileaks sacó a luz la historia de ese grupo, Lorenzetti no desmintió su pertenencia. Dos años después, su candidatura fue lanzada en forma pública por su colega en la Corte, Carlos Fayt, durante un almuerzo en el Club del Progreso. Entonces sí, Lorenzetti sostuvo que no tenía tal propósito y que la difusión recibida procuraba afectar su imagen de imparcialidad. Agregó que el silencio que mantuvo cuando se difundió el cable de Wikileaks obedecía a que no se había enterado en aquel momento. Luego del fallo que rechazó los pedidos de inconstitucionalidad de la ley audiovisual, hace ahora un año, el diario Clarín descubrió que Lorenzetti, a quien había cortejado durante cuatro años, aspiraba a la presidencia. En 2008, la Sociedad Interamericana de Prensa, reunida en Caracas para confrontar con el gobierno de Hugo Chávez, había premiado a Lorenzetti por su defensa de los principios de la libertad de prensa contenidos en la declaración de Chapultepec. En 2009, la SIP realizó su asamblea anual en la Argentina, y Lorenzetti la inauguró junto con Cobos. Desde fines del año pasado, Lorenzetti actúa en forma abierta como un líder político. El Centro de Información Judicial (CIJ) se ha convertido en su plataforma de lanzamiento. Una de las tareas centrales de ese portal de comunicación y propaganda es difundir cada una de las actividades del presidente de la Corte, del que se han publicado hasta cinco títulos, fotografías y videos en un mismo día, ya sea que dicte conferencias, reciba distinciones, presida encuentros o suspire. En sintonía con el Episcopado Católico, el nuevo eje de su discurso ha pasado a ser el narcotráfico y la inseguridad, aunque para ello deba contradecir los pronunciamientos del tribunal que preside, y el reclamo de determinadas políticas públicas a los demás poderes del Estado, algo que no forma parte de sus deberes constitucionales ni de los usos y costumbres del cargo. Si en los años precedentes mantuvo sus contactos políticos en reserva, la semana pasada hizo trascender en el amistoso portal de Daniel Hadad un encuentro con una docena de banqueros y titulares de empresas y cámaras patronales, en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Entre quienes escucharon su monserga, centrada en la inseguridad, el consumo de estupefacientes, su comercio ilegal y el lavado de los beneficios que produce, estuvieron representados la Sociedad Rural, la Asociación de Bancos argentinos, la Unión Industrial y las Cámaras de Comercio y la Construcción. En la adopción de estos temas como leitmotiv de todas sus apariciones públicas coincide con Scioli y con el diputado Sergio Massa. Sus chances de alcanzar un lugar en alguna fórmula presidencial dependen de la inhabilidad que hasta ahora han mostrado las fuerzas opositoras para tejer acuerdos con viabilidad electoral. Luego de la disputa abierta por Elisa Carrió acerca de una gran coalición que incluya a Maurizio Macrì, en las últimas semanas las coincidencias nacionales han comenzado a contradecir los entendimientos provinciales. Por momentos, UNEN parece una batalla de todos contra todos. Mientras Gerardo Morales se mostraba en Jujuy con Sergio Massa para anunciar un posible acuerdo, Julio Cobos le recriminó que de ese modo debilitara a la alianza que el radicalismo constituyó con el Partido Socialista, Libres del Sur, Elisa Carrió, Fernando Ezequiel Solanas Pacheco, Margarita Stolbizer y Luis Juez. El radical cordobés Oscar Aguad postula un entendimiento con Maurizio Macrì, opción a la que ahora también se sumó Juez, principal denunciante de los presuntos negocios ilícitos del intendente de la capital de Córdoba, el también radical Ramón Mestre. A un año de la fulgurante victoria de Massa en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, el anhelado efecto dominó, con todas las fichas justicialistas inclinándose a lo largo y lo ancho del país no se produjo, de modo que el ex intendente de Nordelta carece de bases en el territorio para su proyecto presidencial. Ni siquiera tiene una carta ganadora en su propia provincia, algo que difícilmente pueda compensar con acuerdos de cúpula en distritos pequeños como Jujuy. Para colmo, el negociado pase de Martín Insaurralde provocó una crisis interna con otros aspirantes a la candidatura del Frente Renovador, y puede terminar con la creación de un partido provincial hacia el que el ex intendente de Lomas de Zamora arrastre a algunos intendentes hoy renovadores. Vuelve a ponerse a prueba el viejo axioma de que salir del justicialismo es quedar a la intemperie.


A pesar de todo

La fantasía de un denominado Tercer Movimiento Histórico, que sume voluntades de los dos partidos más antiguos y arraigados del país reaparece en forma esporádica, ya sea como proyecto de hegemonía o como respuesta defensiva ante cuadros complejos. Se manifestó durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, tuvo un primer atisbo electoral cuando Juan D. Perón contempló invitar a Ricardo Balbín a que lo acompañara como vicepresidente, y se renovó como aspiración en la presidencia democrática de Raúl Alfonsín, pero sin alcanzar resultados. Fue clave en el Pacto de Olivos de 1993, que abrió la puerta a la reforma constitucional que permitió una tercera candidatura presidencial de Carlos Menem, a cambio de ampliar la representación radical en el Senado, y volvió a manifestarse en 2001, cuando Alfonsín y el senador Eduardo Duhalde dejaron sin sustentación al gobierno de Fernando de la Rúa y forzaron su renuncia. Pero en ninguno de esos casos la entente justicialista-radical llegó a plasmarse en una propuesta electoral conjunta, como la que ahora están explorando el gobernador bonaerense Daniel Osvaldo Scioli y el hijo de Alfonsín. El radicalismo protagonizó intentos fallidos en 2007, cuando eligió como candidato presidencial a Roberto Lavagna acompañado por Gerardo Morales, y en 2011, con el propio Ricardo Alfonsín como postulante a la presidencia y el Peornista Opositor Francisco De Narváez en la boleta para la gobernación bonaerense. El fracaso de ambos experimentos (en 2007 Lavagna rozó el 17 por ciento de los votos y cuatro años después Alfonsín apenas pasó del 11 por ciento) no ha obrado como disuasivo, por distintas razones. Los radicales no tienen una alternativa mejor, ya que la provincia de Buenos Aires que alguna vez fue su bastión hoy es su talón de Aquiles. Los seguidores de DOS entienden que la falla no estuvo en el acuerdo suprapartidario sino en la ausencia de candidatos presidenciales atractivos. Scioli cree que su abrazo con Alfonsín marcaría en forma indeleble el contraste con el kirchnerismo y podría concitar la adhesión del resto del justicialismo, aunque cuesta imaginar una cesión voluntaria de la provincia de Buenos Aires al hoy contraído rival histórico. El marketing del acuerdo haría hincapié en la solución para una Argentina crispada, que necesita de todos por encima de las banderías partidarias y cuenta con el beneplácito del Grupo Techint, un instigador constante de este tipo de esquemas, con un programa económico al paladar de la transnacional italiana basado en un pacto de contención salarial, que la alta inflación facilita porque basta con ralentar las actualizaciones.


A contramano

A lo largo del año, dirigentes de distintos partidos plantearon la intervención militar en la represión del narcotráfico, aunque para ello hubiera que revisar las leyes de defensa nacional, seguridad interior e Inteligencia, que lo prohíben. Coincidieron en este punto Macrì, Scioli, Massa, José Pampuro y Carlos Menem. Desde el gobierno nacional los refutó el ministro de Defensa, Agustín Rossi, y se opusieron en público los FAUNistas Ricardo Alfonsín y Hermes Binner, aunque en privado manifestó su acuerdo Ernesto Sanz. Ahora se suma a la misma corriente Julio Cobos. Su principal asesor en la materia es el coronel mendocino Carlos Pissolito, retirado hace dos años luego de una larga experiencia en las misiones de paz de Naciones Unidas. Fue director del Centro de Capacitación para esas misiones de Campo de Mayo y agregado militar en Estados Unidos. Dirige dos asociaciones civiles, Cascos Azules y Santa Romana, y acaba de publicar el libro Las Fuerzas Armadas en otras operaciones diferentes a la guerra, en el que reflexiona sobre su experiencia en Haití, Irak, Kuwait y Chipre y postula la intervención castrense en seguridad interior. Allí afirma que la legislación vigente es incoherente, porque permite emplear a fuerzas militares en cuestiones de seguridad pero les prohíbe “tanto prepararse como equiparse para enfrenar estas situaciones, a la par que se las inhibe de hacer la inteligencia interna necesaria”. Según Pissolito cuando se asignan al componente militar tareas policiales “es conveniente que se lo eduque, instruya y equipe en tareas policiales básicas; tales como el control del orden público y la detención temporaria de personas”, entre las que menciona “narcos, terroristas, etc”. Esta efervescencia crece al mismo tiempo que el país que más avanzó en el sendero que estos políticos proponen para la Argentina, vive un amargo desengaño por sus catastróficas consecuencias. El ex presidente de México, Vicente Fox, quien gobernó entre 2000 y 2006, acaba de cuestionar a quien lo sucedió, Vicente Calderón: “Fue un error sacar al Ejército, fue una violación flagrante de los derechos humanos. El Ejército no está para respetar los derechos humanos. La entrada de los militares agitó el avispero, pero no funcionó. Ni se acabó con los carteles ni con la drogas –afirmó–. ¿De qué sirvió esa guerra? Se triplicó el número de homicidios respecto a mi mandato.” Encomió, en cambio, al actual presidente, Enrique Peña Nieto, quien decidió crear una Gendarmería que a partir del año próximo debía sustituir en esa tarea al Ejército. Pero el nuevo cuerpo, que Peña Nieto estimó en 40.000 hombres durante la campaña electoral que lo llevó a la presidencia, hasta el momento sólo tiene 5000, por lo que militares y marinos siguen cometiendo masacres de civiles, mientras el Senado trata un proyecto de ley por el cual esos abusos ya no serán tratados por la justicia militar sino por la ordinaria. Fox planteó que el único camino viable es la legalización de las drogas y vaticinó que muy pronto eso ocurrirá en el Distrito Federal.

(Diario Página 12, domingo 12 de octubre de 2014)

MENDOZA / A favor de la ley 7.722 / Escribe: Alberto Lucero






En todo el mundo, pero con mayor énfasis en los países periféricos, la extracción de los recursos no renovables se ha incrementado en las últimas décadas, como consecuencia del explosivo aumento de la población mundial, que cada día le pide más y más al ya extenuado planeta Tierra.

La Argentina y en especial su parte de la Cordillera de los Andes, está siendo monitoreada exhaustivamente por los dueños del negocio minero, quienes no toleran que aún con leyes permisivas, como las que lograron en los ´90, por culpa de la Sociedad Mendocina, ellos no puedan obtener los jugosos dividendos que pensaban llevarse de Mendoza.

Para los dueños del negocio minero, que son las grandes compañías mineras que cotizan en Toronto y Londres, los daños colaterales que puedan producirse, son parte del negocio y, como ocurre con las guerras, esos daños colaterales los pagan los habitantes de los territorios ocupados.


Más de una década de concientización y lucha, por parte de las organizaciones que protegen el medio ambiente, le han permitido a la mayoría de los Mendocinos enterarse de lo que viene detrás de las “cuentas de colores” que ofrecen las grandes empresas mineras.

Y esa mayoría de mendocinos están preocupados por la afectación del agua que inevitablemente producirán las faenas mineras; esa inmensa mayoría de mendocinos observa con sorpresa que algunos dirigentes políticos ahora se declaren pro mineros, invocando que esas actividades nos darán trabajo y que nos cambiarán el futuro de Mendoza; esa inmensa mayoría se lamenta de haber votado a quienes hoy quieren malgastar la poca agua disponible en llenarle los bolsillos a los dueños de los minerales, que no son mendocinos ni siquiera argentinos, sino que responden a una matriz mundial, que extrae minerales en dónde sea más rentable y los entrega procesados a mercados sedientos de esos minerales.

Entonces nos hablan de reflotar San Jorge, para llevarse en bruto, el Cobre y el Oro contenido en nuestras rocas y refinarlo en otras latitudes con la ganancia respectiva, mientras a nosotros nos queda menos del 2% de lo que se lleven.

Y nos hablan del proyecto Hierro Indio, en Malargue, cuando todavía no se ha determinado fehacientemente que no afecte los ambientes glaciares ni periglaciares, es decir, nos cantan loas al proyecto y ni ellos mismos saben si las faenas mineras terminarán disminuyendo la poca agua disponible en Mendoza.

Y nos hablan de Cerro Amarillo, también en Malargue, un yacimiento ubicado en ese paraíso que es Valle Noble, con arroyos bellísimos que alimentan el Río Grande, del cual piensan llevarse Cobre, Oro, Plata, Molibdeno y Zinc, pero aún no han explicitado como los van a separar de la roca y si van a emplear tóxicos prohibidos por la Ley 7722.


Por eso, por otras vías y con otras caras y otras sonrisas, los hilos de las grandes empresas mineras se mueven para modificar esa sabia ley 7722, que cuida fundamentalmente la pureza de nuestra agua.

Pero, como dicen los gauchos, no se puede tapar el cielo con un poncho y, a pesar de la inmensa campaña comunicacional destinada a lograr el consenso social que necesitan, los mendocinos no los quieren y ya salió al ruedo la sociedad alvearence, diciendo NOS BANCAMOS LA LEY 7722 y denunciando la falta de cumplimiento de las leyes vigentes por parte de los Proyectos Hierro Indio y Cerro Amarillo, que sin embargo son defendidos por los funcionarios pro mineros que hay en el Gobierno Provincial, quienes convocan a una supuesta Mesa de Diálogo Minero, en la cuál se sientan solo los que defienden este tipo de negocio.

Momentos trascendentes nos esperan.

Los mendocinos, acostumbrados a vencer dificultades sabremos salir adelante defendiendo un estilo de vida que lleva centenares de años.

ARGENTINA / Tolerancia Cero / Escribe: Horacio Verbitsky






El ministro de Justicia y Derechos Humanos Julio Alak acordó con los senadores de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, suprimir la conmoción social de un delito y las condiciones del imputado como criterio para evaluar el riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación (artículo 185 del proyecto). Y el secretario de Justicia Julián Alvarez y el subsecretario de Política Criminal Juan Martín Mena intentarán reformular el artículo 35, inciso c, sobre expulsión de extranjeros en situación irregular en el país sorprendidos en el momento de cometer un delito. Por lo menos media docena de legisladores del Frente para la Victoria anunciaron que no aprobarían esas cláusulas contradictorias con la política aplicada por el gobierno nacional desde 2003. Un síntoma más de ello se produjo en la otra Cámara del Congreso, cuando el diputado del PTS Nicolás del Caño presentó una cuestión de privilegio por la agresión con balas de goma que padeció cuando acompañaba a los trabajadores de la multinacional Lear en conflicto. La diputada Diana Conti adhirió en nombre del Frente para la Victoria y el diputado Héctor Recalde abrazó al colega mendocino y le dijo que se oponía a cualquier forma de represión del conflicto social. El jefe del bloque de Senadores, Miguel Pichetto, se comunicó con la presidente CFK, quien admitió la posibilidad de esas modificaciones al Código Procesal Penal. La verdadera conmoción se produjo cuando el Poder Ejecutivo y los legisladores supieron que la repercusión social de algunos delitos y la personalidad del imputado como motivo para abandonar el principio de la libertad durante el proceso fueron introducidos en el Código por el dictador Jorge Videla. El Boletín Oficial del 6 de mayo de 1976, con su decreto mal llamado Ley 21.306, fue reproducido aquí el domingo pasado. Quien asesoró a Videla fue el penalista Eduardo Aguirre Obarrio, ministro de Defensa del ex dictador Agustín Lanusse en 1972, y defensor del almirante Isaac Anaya en el juicio de 1985. Quien derogó esa provisión autoritaria fue el presidente Raúl Alfonsín a los dos meses de asumir la presidencia. Otra figura central de la bancada oficialista, para quien se hacía difícil consentir semejante retroceso, es el ex ministro Aníbal Fernández, quien intervino en la sanción y promulgación de la Ley de Migraciones 25.871, vigente desde 2004, y en su decreto reglamentario, de 2010. Al contemplar la expulsión por delitos con pena mínima inferior a tres años, el artículo 35 del proyecto modifica sin decirlo esa ley. La posibilidad de expulsión ya estaba legislada, pero sólo para delitos graves y con condena en firme. Ahora se aplicaría a los presuntos autores de delitos de menor gravedad y sin realizar un juicio que establezca su autoría, por la sola definición policial y el consentimiento del imputado para que se suspenda el proceso. El verdadero problema de seguridad es que la principal forma que tiene la policía de desbaratar una banda, integrada por argentinos o por extranjeros, es cruzárselos en la calle, como habría ocurrido con la custodia del fiscal Carlos Stornelli y los colombianos sospechosos.


Inversión de criterios

Según el artículo 17 de la ley vigente la situación irregular sólo puede ser definida por la autoridad política migratoria. Por el artículo 61, si la irregularidad se constata, esa autoridad debe intimar al migrante a que regularice su situación y facilitarle el modo de hacerlo. La Dirección de Migraciones sólo puede declarar la ilegalidad de la permanencia si el migrante no regulariza la situación al ser intimado. En ese caso Migraciones debe pedirle a un juez contencioso administrativo la confirmación del acto de expulsión, cuya validez y razonabilidad se discutirá ante el tribunal. El artículo 29.c considera como límite a la concesión de residencia en el país “haber sido condenado o estar cumpliendo condena (...) o tener antecedentes por tráficos de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas o delito que merezca para la legislación argentina pena privativa de la libertad de tres años o más”. El decreto reglamentario especificó que condenado es quien tenga una condena firme, y antecedente es “la condena no firme o el procesamiento firme”. La Corte Suprema de Justicia confirmó ese criterio en el Caso Granados Poma, de 2012. ¿Cuál puede ser el sentido de esa inversión, de expulsar a condenados y procesados por delitos graves a correr del país bajo la amenaza de prisión a personas detenidas por la policía por delitos menores? Es ilustrativo repasar qué delitos castiga el Código Penal con penas mínimas inferiores a tres años: participar en una riña en la que intervengan varias personas y no conste quien causó las lesiones o la muerte de la víctima (artículo 95); apoderarse de una cosa mueble ajena (162); usar la violencia para ello (164); despojar a otro de la posesión o tenencia de un inmueble (181); tener o portar armas de fuego sin autorización (189); detener o entorpecer la circulación de un tren (191); tirarle piedras cuando está en marcha (193); impedir o estorbar el normal funcionamiento de cualquier medio de transporte o los servicios públicos de comunicaciones, provisión de agua, electricidad o energía (194); suscitar tumultos o desórdenes (211); emplear la intimidación o la fuerza contra un funcionario público (237); desobedecerle o resistírsele (239); estorbarle el cumplimiento de sus funciones (241); violar los sellos colocados por la autoridad para asegurar la conservación o identidad de una cosa (254); quebrantar una inhabilitación impuesta por un juez (281 bis). Aparte de los robos y hurtos con o sin armas, surge transparente la criminalización del conflicto social y los métodos de lucha usuales: ocupación de tierras y viviendas, en las que participan con asiduidad inmigrantes de países vecinos; corte de rutas y de vías, manifestaciones en la calle, todo tipo de roces con policías, gendarmes y sus jefes, como el coronel Roberto Angel Galeano que exigió a un automovilista que bajara de su auto en la Panamericana y a los uniformados que lo sacaran a palazos.

¿Y por casa?

En todo el mundo los entusiastas de la Tolerancia Cero se inspiran en la tarea del ex alcalde de Nueva York Rudolf Giuliani, pero fuera de Estados Unidos pocos saben que el impulsor del concepto fue William Bratton, su jefe de policía. Bratton asumió el cargo en 1994 y su éxito en la reducción del crimen fue tan notable que Giuliani lo despidió en 1996: la popularidad del cana opacaba al político republicano. Luego de su también exitoso desempeño como jefe de policía de Los Angeles, adonde llegó después de los terribles tumultos raciales de 2002, Bratton recibió el ofrecimiento de hacerse cargo de la policía británica, pero el Parlamento lo vetó por su nacionalidad. No obstante, lo contrataron como asesor.


Hace diez meses, el nuevo alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, lo devolvió a su antigua responsabilidad en la Gran Manzana. De Blasio tiene dos hijos adolescentes, Dante y Chiara, que pese a sus nombres clásicos tienen la tez morena como su madre y fueron protagonistas de la espectacular victoria del padre, con casi el 75 por ciento de los votos. El aviso que decidió la elección fue grabado por Dante. Con su peinado afro a lo Angela Davis decía que Bill era el único demócrata con pelotas como para oponerse a las medidas discriminatorias del intendente Michael Bloomberg, por las que la policía puede cachear en busca de armas o drogas a cualquiera que le parezca sospechoso. Y ya se sabe quiénes siempre le parecen sospechosos. Por más que el presidente sea un afroamericano, los prejuicios siguen prevaleciendo y Obama postergó hasta después de las elecciones de pasado mañana el prometido decreto que aliviaría la situación de once millones de inmigrantes ilegales amenazados con la deportación. Las cadenas CBC y CNN informaron la semana pasada sobre el hostigamiento en una escuela del Bronx a dos chicos de 11 y 13 años, cuyos compañeros les gritaron “Ebola” mientras los golpeaban hasta dejarlos de hospital. Venían de Senegal, donde sólo se diagnosticó un caso de la enfermedad. Este es el riesgo de los estereotipos. Es probable que la expulsión de extranjeros no se incorpore al Código Procesal en los términos que anunció Cristina. Pero el mero discurso asociando extranjeros con delincuencia constituye un mensaje que la policía decodifica con entusiasmo y amplía la permisividad para los comportamientos tradicionales que tanto costó desterrar con la Ley de Migraciones. Por otro lado, cada ablandamiento de garantías procesales que se introduce con cualquier pretexto, tiende a generalizarse para cualquier otro uso. Si bien fue sobreseído, ya hubo un periodista de Santiago del Estero acusado por la ley antiterrorista y al mismo tiempo, en Estados Unidos, se descubrió que la ley de seguridad interior (la Patriot Act sancionada para librar la denominada Guerra contra el Terrorismo) se está aplicando con frenesí para otros fines. Esa ley permite a la policía ingresar a una vivienda y revisar todo lo que encuentren, sin notificar de ello a sus habitantes para que no sepan que los están investigando. La Fundación Nueva Frontera Electrónica informó ahora que entre septiembre de 2001 y abril de 2003 hubo 47 de esas incursiones sigilosas; el año pasado fueron 11.129, de las cuales apenas el 0,5 por ciento por sospechas de terrorismo. Radley Balko, autor del libro Rise of the Warrior Cop: The Militarization of America’s Police Forces escribió que cuando una ley concede nuevos poderes al gobierno “hay que dar por sentado que será interpretada en la forma más vaga, más expansiva y más favorable al gobierno posible. Si no ocurre así, bien. Pero ¿por qué correr el riesgo, por qué dejar esa posibilidad abierta. Lo mejor es escribir las leyes en forma muy cuidadosa, restrictiva y con explícitas garantías contra su abuso”.

¿Fue una contradicción que una vez electo, De Blasio convocara al artífice de la Tolerancia Cero? Para nada. Lo que sus epígonos sudamericanos nunca mencionan es que para Bratton esa inflexibilidad debe comenzar por la propia fuerza policial. Lo hizo durante su primera gestión, lo repitió en Los Angeles y lo está haciendo otra vez ahora. En un discurso ante más de 800 comisarios y oficiales, prometió que apartaría a las manzanas podridas que dan una mala imagen a la policía y los describió como “brutales, corruptos, racistas e incompetentes”, que “no entienden el juramento que prestaron ni están comprometidos a obedecer la ley”, por lo cual “no deberían estar aquí”. En su conferencia, Bratton mostró videos de oficiales que patean a un vendedor callejero y tiran al suelo a una mujer embarazada. Hace dos meses una gran manifestación protestó en Nueva York por la muerte del también afroamericano Eric Garner, quien vendía cigarrillos sin estampilla fiscal. Un policía le hizo una toma de estrangulación y lo asfixió. El presidente de la mutual hispana de policías, el detective Dennis González, aprobó la decisión de Bratton y le sugirió que comenzara por revisar con Asuntos Internos los legajos de los oficiales contra quienes hay quejas, para detectar patrones de abuso. ¿Suena familiar?


Autogobierno y complicidad

Esa depuración de las filas policiales es la misma línea que comenzaron los ex ministros Carlos Arslanian en la provincia de Buenos Aires y Nilda Garré en el Ministerio de Seguridad de la Nación y que abandonaron sus sucesores. Con Arturo Puricelli y Cecilia Rodríguez, asistidos por el médico que quisiera ser militar Sergio Berni, la Policía Federal recuperó la autonomía perdida y se orienta según la pauta del autogobierno que practica la Bonaerense. Lo sucedido con Luciano Arruga dista de ser un caso aislado. En 2009 el juez Luis Arias dijo que la policía bonaerense usaba las detenciones de menores por averiguación de antecedentes como método de reclutamiento para delinquir. Cuando los ministros de Seguridad, Carlos Stornelli, y de Justicia, Ricardo Casal, lo intimaron a precisar la denuncia, Arias enumeró 23 investigaciones penales de 2008 y 2009 por torturas a chicos, en las que se advierte “la idea de reclutamiento”. Poco después, el propio Stornelli se presentó para denunciar ante la justicia esa práctica perversa. Pero ya estaba de salida y Casal asumió las dos carteras, fusionadas en una hasta el año pasado. No habrá código que valga, mientras los presuntos encargados de brindar seguridad comanden la rapiña y formen parte de grandes redes de ilegalidad, por más fotos con Giuliani o con Alvaro Uribe que se saquen los políticos en campaña.

Esta semana, el Senado bonaerense convirtió en ley la expropiación del destacamento policial de Lomas del Mirador, donde Arruga estuvo detenido y fue torturado, y la instalación allí de un Espacio para la Memoria que llevará su nombre. Ese destacamento se creó a solicitud de los vecinos que reclamaban mayor seguridad. No es seguro que se hayan sentido defraudados por este nuevo episodio de higiene social, como los que producía en Don Torcuato el policía Beto Hugo Cáceres, porque el objetivo de eliminar a los negritos cuenta con inserción en sectores más acomodados de la sociedad, como se puede verificar en el foro de lectores de La Nación que se congratularon por la muerte de Arruga. En la misma sesión el vicegobernador Gabriel Mariotto planteó la unificación y el aceleramiento del caso contra los funcionarios judiciales que dilataron la investigación y encubrieron a los policías acusados. Así, el juez Gustavo Banco, que rechazó el hábeas corpus presentado por la familia de Arruga en cuanto se produjo la desaparición, deberá responder en el mismo jury de enjuiciamiento que las fiscales Roxana Castelli (quien delegó el sumario a la propia policía que lo extorsionaba) y Celia Cejas (cuya principal disposición investigativa fue espiar a la familia de la víctima). El juez federal de Morón Juan Manuel Salas mantiene el secreto del sumario mientras avanza en la obtención de pruebas, que le permitirían dejar de lado la cómoda hipótesis de un accidente de tránsito y confirmarían lo que la mamá Mónica Alonso y la hermana Vanesa Orieta sostuvieron desde el primer momento, sobre la responsabilidad policial en la muerte de Luciano. El estudiante que conducía el auto que lo atropelló declaró que Luciano “corría desesperado” y “parecía que estaba escapando”. El mismo juez Salas sobreseyó al dirigente sindical Rubén Sobrero por el corte de una autopista con un piquete durante el paro de una central en abril, aduciendo quienes ocupan el espacio público para que las autoridades los escuchen no deben ser sometidos a la acción penal que en ese caso criminalizaría “manifestaciones sociales pacíficas”.

(Diario Página 12, domingo 2 de noviembre de 2014)

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