MENDOZA / F. Sagasti y Carmona y los aranceles de las universidades privadas / Nota






Los diputados nacionales y candidatos a senadora y diputado por el Frente Para la Victoria para las elecciones nacionales, Anabel Fernández Sagasti y Guillermo Carmona, respectivamente, presentaron hoy en el Congreso de la Nación un proyecto de ley que tiene como objetivo principal la regulación de los aranceles cobrados por parte de las universidades privadas.

Entre los puntos más destacados de la iniciativa, figura la obligatoriedad de presentar un informe por parte de las instituciones ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a partir del cual deberán detallar el importe de la cuota o arancel mensual que percibirán por la prestación del servicio educativo; el importe de la matrícula de inscripción, reinscripción o derecho a recursar; el importe o arancel por derecho de examen; la forma y plazo de pago de las cuotas; el importe y criterios de aplicación de los recargos en caso de mora y todo concepto que represente un costo para los estudiantes, entre otros puntos.

Además, según consta en el proyecto de ley presentado por Fernández Sagasti y Carmona, las instituciones educativas deberán presentar un informe de precios durante el mes de octubre de cada año. Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en un plazo no mayor a los treinta días, realizará un dictamen técnico en materia de precios sobre el informe desarrollado por las autoridades de las universidades privadas. En este sentido, será el organismo nacional el encargado de supervisar y regular los importes enumerados y podrá exigir modificaciones cuando los mismos puedan dañar o lesionar algún derecho consagrado en la Constitución Nacional.



“Con Guillermo Carmona entendemos que la presentación de este proyecto de ley configura un gran avance para la regulación de la educación privada en Argentina, sobre todo porque lo pudimos articular con la mayoría de los centros de estudiantes de las universidades privadas. Creemos y estamos confiados en que esta iniciativa pueda convertirse en la solución al conflicto que actualmente existe respecto de los sobreprecios esgrimidos por las universidades privadas”, afirmó la candidata a senadora nacional por el FPV, Fernández Sagasti.

Y agregó: “Para nosotros es fundamental garantizar el derecho a la educación. Si bien la creación de las más de 9 universidades que se han creado a partir de las políticas impulsadas por el Gobierno en estos 12 años, entendemos que todavía falta para que la universidad pública sea accesible para todos los ciudadanos y por ese motivo es necesario velar por aquellos estudiantes que concurren a establecimientos de educación privada”.

Por su parte, el candidato a diputado nacional, Guillermo Carmona, indicó que “la movilización de los estudiantes de universidades privadas en la provincia de Mendoza y en otras provincias nos compromete con el aporte de una respuesta legislativa a aspectos nos contemplado por la normativa vigente, el de garantizar a los estudiantes condiciones previsibles y justas para los aranceles que abonan. Este proyecto reconoce derechos a los alumnos y mecanismos concretos para hacerlos valer. Con la diputada Anabel Fernández Sagasti compartimos la convicción de que la educación nunca debe ser considerada como una mercancía y que los estudiantes tienen derechos que deben ser reconocidos expresamente por la ley".

ARGENTINA / Adelmo / Escribe: Alfredo Zaiat






En el acto de celebración del 161° aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires hubo un contrapunto discursivo entre Adelmo Gabbi y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El titular de la entidad bursátil sintetizó la evaluación del establishment sobre el período económico del kirchnerismo. En ese balance destacó la gestión de Néstor Kirchner como muy buena, para de esa forma criticar y minimizar la liderada por CFK. Este es el camino elegido por los hombres de negocios para la construcción del sentido acerca de los últimos doce años en una prueba más de la incomprensión por parte del poder económico y de sus analistas acerca de la esencia del ciclo político iniciado en 2003. Además de reflejar ausencia de criterio histórico para alcanzar esa valoración debido a que ignora los contextos local e internacional en esos años que, como se saben, han ido cambiando.



Gabbi afirmó que “coincidíamos también con él (imitando a CFK cuando se refiere habitualmente a Néstor Kirchner) en abogar por el superávit comercial y el fiscal, en contar con políticas previsibles y que sin cajas sólidas el debate se volvía abstracto”. Reclamó entonces el ajuste fiscal y reiteró la queja por el control (encajes) sobre capitales especulativos. Recordó otra frase de Néstor Kirchner: “No se puede construir un país aislado en la gran aldea”. Aislamiento que para el establishment tiene el peculiar significado de no estar subordinado a Estados Unidos, y a la vez mantener relaciones comerciales y financieras con la nueva potencia mundial, China. Ga- bbi mostró su profundo disgusto por la condición de país fronterizo de la Argentina en el mercado financiero global culpando de ello a las barreras de entrada y salida de los capitales, y pidiendo entonces su levantamiento. “Al mercado hay que incentivarlo, no manipularlo ni condicionarlo con cambios permanentes en las reglas del juego”, sostuvo. “Está bien controlar a los mercados, está muy bien promocionarlos, pero nunca deben ser manipulados, menos aún imponerles precios. Un claro ejemplo de sus consecuencias es lo que está viviendo la Bolsa de Shan- ghai.” Una extrapolación curiosa de una iniciativa preventiva de burbujas bursátiles como es el encaje (inmovilización) de los capitales especulativos, medida que incluso ha sido sugerida por el FMI a partir de la crisis internacional que estalló en 2008, con el régimen económico y político de China.

Con el estilo que la caracteriza, CFK ironizó sobre las definiciones expresadas por su anfitrión: “La verdad es que debo confesar que me encanta venir siempre a la Bolsa porque es uno de los pocos lugares donde uno siempre escucha decir exactamente lo mismo, y en los tiempos que corren, donde la versatilidad discursiva y conceptual está a la orden del día, poder escuchar siempre lo mismo...”. Así aprovechó para dirigir un dardo a candidatos a presidentes de la oposición y también a Gabbi. Es un exceso considerar que esa declaración fue un elogio a Adelmo teniendo en cuenta la persistente crisis internacional provocada por la desregulación de las finanzas globales y las transformaciones que se están desarrollando en el escenario mundial, aspectos que de- sarrolló en su discurso CFK. Mantener las mismas ideas regresivas ante un nuevo ordenamiento económico mundial no es precisamente una virtud de Adelmo.

En un extenso discurso, donde en varias oportunidades convocaba el nombre de pila del presidente de la Bolsa, CFK fue explicando (e ilustrando a Adelmo) el contexto internacional inestable desde 2008 y cuál es la actual fase de esa crisis. Además le recordó que fue Néstor Kirchner quien estableció el control de capitales: “Es verdad que Néstor hablaba de superávit gemelos, pero también aplicó los encajes a los capitales extranjeros en 2005. Hay que tomarlo sin beneficio de inventario. Argentina sigue manteniendo el superávit comercial y en la cuestión fiscal hay que tener en cuenta la crisis internacional y la cuestión energética, que tiene impacto a través de los subsidios”. Luego indicó que los países centrales están trasladando la crisis a los países integrantes del Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), no sólo por la propia dinámica económica sino por razones geopolíticas. Ayudada por filminas que facilitaban la comprensión del relato indicó que Rusia devaluó 10,5 por ciento en un solo día, y que Brasil lo hizo en un 13 por ciento en marzo. Y señaló: “fíjense que curioso, Brasil ha tenido la devaluación más importante desde el 2003 y sus exportaciones han caído el 23 por ciento, mucho más que las exportaciones en la República Argentina”. En esa instancia, lanzó el mensaje más incisivo, para los operadores bursátiles presentes y para el propio Adelmo: “Esto (la devaluación de Brasil) para los argumentos de algunos de los oradores. Yo creo que, en realidad, esos que quieren devaluar, más que (preocupados por) las exportaciones, los commodities y la actividad económica, lo que tienen son dólares en algún lado y les convendría que se devaluara”.

Adelmo Gabbi es uno de los 204 contribuyentes argentinos que figuran como titulares de cuentas no declaradas en el HSBC Private Bank de Ginebra que fueron citados a prestar declaración indagatori por la jueza María Verónica Straccia. Es un pequeño grupo de las 4040 fichas de clientes con cuentas por un total de 3505 millones de dólares, de los cuales 3931 son sujetos únicos, y de ese total 3628 integran el Padrón General de Contribuyentes de la AFIP (303 están sin determinar). Los titulares y apoderados de las cuentas empezaron a ser citados a comienzos del mes pasado. Esa decisión de la jueza de aceptar las medidas solicitadas por el titular de la Fiscalía Nacional en los Penal Tributario N1, Claudio Navas Rial, representó el primer avance significativo en la causa judicial. La jueza Straccia alertó a los individuos citados que el llamado es “bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes” y “ordenar sus capturas” en caso de inasistencia injustificada. Entre las personas a indagar figura el presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi.



Una de las cuentas que mereció la descripción en detalle por parte del fiscal Navas Rial fue la de la Caja de Valores SA donde Adelmo Gabbi y otras autoridades bursátiles figuran como apoderados. El fiscal precisa que, según la información suministrada por el gobierno francés (los datos fueron copiados por el ex empleado del HSBC, Hervé Falciani, quien los facilitó al fisco francés que, por un acuerdo de intercambio de información tributaria, fueron luego entregados a la AFIP), esa cuenta fue abierta el 3 de septiembre de 2003 sin referencia de que haya sido cerrada y registraba un monto de 17.257.810 dólares a diciembre de 2005. Caja de Valores SA figura como titular de cuenta (account holder), mientras que Adelmo Gabbi, Horacio Torres, Guillermo Gamble, Ignacio Rizzo Secero, Norberto Gysin, Ricardo Trucco, Luis María Corsiglia lo hacen como apoderados (attoney). Los principales accionistas de la Caja de Valores son la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y el Mercado de Valores de Buenos Aires, y participan en forma minoritaria las Bolsas y mercados del interior del país.

El fiscal Navas Rial destaca en el escrito que si bien en la declaración jurada del 2005 de la Caja de Valores SA están declarados bienes en el exterior, no así los más de 17 millones de dólares de la cuenta suiza: “en principio la información suministrada al fisco no resulta suficiente para tener por exteriorizados en sus presentaciones de esos años”, afirma. El fiscal evalúa entonces que “nos encontraríamos frente a la existencia de rentas gravadas las cuales se mantuvieron ocultas al fisco nacional, en principio, en el período 2005, por parte de los responsables de la Caja de Valores SA, ello en tanto las mismas, en principio, no se encuentran exteriorizadas en las declaraciones patrimoniales presentadas al organismo de control por los períodos investigados”. El fiscal también señala que esas rentas impactarían en la recaudación de impuestos nacionales (menos ingresos al fisco) puesto que “habrían sido evadidas en forma ardidosa” al depositar esos dólares en un banco en Suiza (HSBC Private Bank Suisse) para “poder mantener su anonimato sin perjuicio de su utilización y aprovechamiento económico”.

Adelmo postuló frente a CFK que hay que desterrar el mito de que invertir en Bolsa es una “timba” y que, por el contrario, “es el ejercicio patriótico de transformar los ahorros de nuestras familias en capital de trabajo para nuestras empresas, para que luego éstas den trabajo a nuestras familias. Ahorrar en acciones es confiar en nuestro país. Ahorrar en bonos es financiar a nuestro país para que crezca en forma más equitativa”. El ejercicio patriótico debe comenzar por casa.

(Página 12, domingo 30 de agosto de 2015)

ARGENTINA / Si no gano, rompo todo / Escribe: Alberto Dearriba






Los tres presidenciables opositores que el miércoles pasado pidieron "transparencia" y cuestionaron al sistema electoral, llegaron a sus cargos mediante las reglas de juego que ahora desprecian y que se aplican desde 1983 sin que se haya producido una situación comprobada de fraude.

Los tres presidenciables opositores que el miércoles pasado pidieron "transparencia" y cuestionaron al sistema electoral, llegaron a sus cargos mediante las reglas de juego que ahora desprecian y que se aplican desde 1983 sin que se haya producido una situación comprobada de fraude.Reclamaron la instauración del voto electrónico o la boleta única, lo cual implicaría una modificación de las reglas de juego en medio del partido, que marcha contra las leyes electorales.



El voto informático no sólo tiene impedimentos constitucionales, sino técnicos, ya que la empresa especializada advirtió que hacerlo en menos de dos meses es imposible. El PRO debió retroceder con este sistema en las PASO de julio pasado, que recién pudo funcionar para la general porteña y para el balotaje. En Salta, Juan Manuel Urtubey trajinó seis años para instalar el sistema electrónico. En suma, la demanda no es más que para la tribuna y contribuye al clima de sospechas que se pretende instalar para octubre.

La boleta única promocionada como una panacea democrática podría esconder además el deseo de la oposición de contrabandear una alianza entre Mauricio Macri y Sergio Massa, lo cual está prohibido luego de las primarias.

El elector podría votar al alcalde porteño a presidente y a Felipe Solá a gobernador de la provincia de Buenos Aires, con lo cual se conformaría en la práctica la alianza que les pidió el establishment antes de las primarias y que Macri rechazó por su estrategia de "pureza étnica".

La sospecha de semejante trapisonda fue instalada por el jefe de Gabinete del gobierno nacional, Aníbal Fernández, quien obviamente desestimó cualquier intento de modificar las reglas de juego en medio del proceso electoral, enturbiado por las insistentes denuncias de fraude de la oposición, que llegaron al éxtasis en Tucumán.

Instaurar el voto electrónico o la boleta única es técnicamente imposible y anticonstitucional a esta altura del proceso electoral. Estas modificaciones no pueden realizarse después de la convocatoria electoral y requieren leyes que sólo se sancionan con mayorías especiales en el Congreso. Son las garantías que protegen al Código Electoral, para resguardar la previsibilidad de las reglas de juego antes de que empiece el partido.

Por otra parte, el argumento de la mayor transparencia es políticamente tramposo, ya que el PRO denunció fraude en Salta con voto electrónico, en Santa Fe con boleta única y en Tucumán con voto papel. En realidad, puede haber sistemas más o menos seguros, pero ninguno garantiza que el perdedor acepte democráticamente el veredicto de las urnas.

Macri se parece al hombre que sorprendió a su mujer con una amante en el sofá de su casa y decidió quemar el sofá para terminar con la infidelidad. Ninguno de los tres sistemas le garantizó el triunfo el alcalde porteño, por lo cual es hora de que piense que el problema no es el fraude sino sus niveles de apoyo popular.

Está claro que el batuque tucumano tiene la intención de desprestigiar el triunfo oficialista provincial e instalar un clima de sospecha sobre la elección presidencial de octubre que podría consagrar a Scioli como nuevo presidente de la Nación. La deslegitimización del triunfo del adversario es una de las variantes más perversas de la lucha política. Desconocer la voluntad popular conlleva una fuerte dosis de autoritarismo. Denunciar fraude cuando no lo hay esconde las falencias propias y alivia el sentimiento de frustración política, pero resquebraja el sistema democrático.

En Tucumán, patotas de vándalos, entre los que se cuenta al menos un candidato opositor y un pariente, quemaron 42 urnas de las mismas mesas que el 9 de agosto pasado le dieron un amplio triunfo a Scioli y en las que se podría votar nuevamente si la justicia electoral lo decide. Con el 85,55 por ciento de mesas escrutadas provisoriamente, el peronista Juan Manzur se impuso sobre el radical José Cano por más de 103 mil votos, por lo que se estima que el recuento definitivo no puede quebrar esa diferencia.

Los primeros datos del escrutinio definitivo, provenientes de mesas de San Miguel, en la cuales Cano tiene amplia mayoría, revelaron una diferencia menor a la esperada por los dirigentes del Acuerdo del Bicentenario. Pero por las dudas, el oficialismo adelantó su voluntad de abrir todas las urnas que la oposición considere necesario para aclarar el asunto. Nada presagia un fraude.

Con todo, tal vez no alcance para disipar las dudas interesadas y potenciadas por los medios hegemónicos. Parecería que el sistema electoral es transparente cuando se gana y fraudulento cuando se pierde. El ex presidente Néstor Kirchner aguantó con hidalguía una ajustadísima derrota en la provincia de Buenos Aires a manos de un empresario sin prosapia política. Pese a perder por un punto y medio, que podría haber sido descontado en un recuento, no hizo reclamo alguno.Más allá de la matemática, juzgó que había sido derrotado políticamente y prefirió reflexionar sobre las causas.

Con el mismo sistema electoral, Mauricio Macri venció en dos oportunidades al candidato kirchnerista Daniel Filmus sin que se oyera queja alguna. Filmus sólo cuestionó la campaña sucia que involucró a su familia.

Sergio Massa enterró en 2013 en la elección legislativa de la provincia de Buenos Aires la posibilidad de una reforma constitucional tendiente a habilitar un nuevo mandato presidencial de Cristina Fernández. El FPV tampoco se quejó por aquella sonora derrota que lo priva hoy de la candidatura presidencial de Cristina.



La diputada Margarita Stolbizer también fue elegida con estas reglas que ahora, a menos de dos meses de la elección de un nuevo presidente, considera turbias e inconvenientes. No estaría mal debatir un sistema electoral más efectivo, rápido y seguro, pero no en medio del proceso electoral. Cacareando fraudes inexistentes no se agrega transparencia al principal rito de la democracia, sino que se serrucha la rama del árbol sobre la cual están sentados opositores y oficialistas.

Con denunciantes seriales, tampoco existen sistemas perfectos. La boleta única no pudo impedir en Santa Fe que el alcalde porteño denunciara un fraude atípico: el recuento determinó que el socialista Miguel Lisfchitz tenía más votos que en el escrutinio provisorio y el macrista Miguel del Sel, menos. El voto electrónico en Salta no privó a la oposición al gobernador Juan Manuel Urtubey, encabezada por el peronista conservador Juan Carlos Romero y apoyada por Massa y Macri, de denunciar públicamente que hubo tongo.

En Tucumán, los dirigentes opositores saben que no tienen fundamentos sólidos para denunciar fraude, más allá de irregularidades y desprolijidades estimuladas por el complicado sistema de acople. Pero seguirán batiendo el parche con las miras puestas en la presidencial de octubre.

Uno de los asesores del candidato radical derrotado, Nicolas Salvatore, tiene un plan formidable para salvar a la democracia por si las denuncias no cuajan: promover una pueblada, armarse con bombas Molotov, incendiar la casa de gobierno provincial y "romper todo" si no se vota de nuevo. Se trata de una versión atípica del republicanismo opositor y de un inestimable aporte al diálogo.

(Tiempo Argentino, sábado 29 de agosto de 2015)

ARGENTINA / ¿Por qué hablarían los represores? / Escribe: Claudia Feld y Valentina Salvi






El argumento de que los represores de la dictadura dirían la verdad sobre sus crímenes si no fueran perseguidos penalmente es tan falaz como el que sostiene que la acción penal impide que ellos rompan el silencio. Estos argumentos, que se presentan como dos caras de lo mismo, se desarman con sólo examinar qué dijeron públicamente los represores cuando contaron con impunidad para sus crímenes.

Entre el indulto de Menem y la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad, muchos represores rompieron el silencio. Desde las declaraciones negacionistas de Massera hasta los exaltados ataques contra los organismos de derechos humanos de Etchecolatz, pasando por la defensa de la tortura del Turco Julián en Telenoche y de Astiz en la revista Tres Puntos, durante los ’90, los represores hablaron, sin condicionamientos y sin amenazas de castigos, y lo máximo que les ha ocurrido, en tal contexto, fueron juicios por apología del delito. Lo que hicieron, en todos los casos, fue poner en duda la verdad obtenida por la Conadep y el Juicio a los ex comandantes, negando lo que ya a esa altura era innegable y cuestionando el testimonio de sobrevivientes y familiares de desaparecidos. Y, por cierto, ninguno se arrepintió.



Ni siquiera Scilingo, cuyas declaraciones reimpulsaron el debate público sobre el pasado reciente en 1995, brindó informaciones que no se supieran: los llamados “vuelos de la muerte” que describió eran conocidos por declaraciones de sobrevivientes desde mucho antes. Tampoco dio los nombres de las 30 personas que dijo haber arrojado al mar. Si bien fue el único represor llevado a la Justicia en aquellos años, ya que fue citado por el juez Garzón en España y accedió voluntariamente a viajar (recordemos que Argentina respondió negativamente a todos los pedidos de extradición de los países europeos para juzgar a los represores), la experiencia demuestra que las declaraciones de represores que no se encuentran sometidos a un proceso judicial no incluyen necesariamente informaciones novedosas ni verdaderas; y mucho menos listas sobre lo ocurrido a los desaparecidos –tanto las personas adultas secuestradas y asesinadas como los niños apropiados–, de los que todavía hoy no se conoce su destino.

Sin embargo, a pesar de esta experiencia, muchas voces están tratando de instalar la idea de que los juicios por crímenes de lesa humanidad se hacen en detrimento de la verdad sobre los hechos. Los dichos del obispo Casaretto en un panel organizado por la UCA, diciendo que “cuando más justicia aplicamos, parece que menos verdad recuperamos, y cuanta más verdad queremos recuperar, más suaves tenemos que ser en la justicia aplicada”, son sólo una entre muchas expresiones que van en ese sentido, publicadas mayormente por el diario La Nación.

Los juicios son escenarios de construcción de una verdad que surge por la confrontación de distintos testimonios y documentos. Tal como afirma el CELS, permitieron aportar una gran cantidad de información sobre el sistema desaparecedor. En ese marco, los tribunales constituyen un escenario particular de enunciación de la palabra de los represores. Si bien muchos acusados permanecen en silencio o reponen sus desgastados argumentos justificatorios y reivindicativos, unos pocos han roto el “pacto de silencio”. En la causa conocida como “Guerrieri I”, Eduardo Costanzo acusó a los miembros de la patota de la Quinta de Funes y aportó información –sólo conocida por los responsables, porque no hay sobrevivientes– para averiguar la identidad de una nieta luego recuperada. Otro ejemplo es el del cabo Miguel Angel Pérez que dio detalles, acusó al Ejército y lloró, moralmente abatido, frente a los jueces cordobeses que lo juzgaron.



¿En qué condiciones hablarían entonces los represores? ¿Lo harían seducidos por esta suerte de “cultura del diálogo” tal como propone la UCA? En Argentina, ya hubo escenas de diálogo que, sin embargo, estuvieron lejos de generar las condiciones para que los represores dijeran la verdad. Durante los años ’90, los conductores de los programas Tiempo nuevo, Hora clave y Hadad & Longobardi presentaron a su audiencia, en varias oportunidades, mesas en las que ponían a dialogar a represores, integrantes de Famus, miembros de organismos de derechos humanos, familiares de desaparecidos, sobrevivientes de centros clandestinos y exmiembros de las organizaciones armadas. La imposibilidad de un diálogo, concebido en estos términos voluntaristas y al amparo de la impunidad, es decir sin un marco judicial que sustente las declaraciones efectuadas y proteja a las víctimas, llevó los dichos al sinuoso terreno de lo opinable. El punto más álgido fue cuando, en el programa de Grondona, Etchecolatz se cruzó en una fuerte discusión con el diputado Alfredo Bravo, quien fuera secuestrado y torturado por un grupo de tareas al mando de Camps, jefe directo de Etchecolatz. Revirtiendo las culpas y las acusaciones, Bravo tuvo que (volver a) defenderse de su torturador. La “cultura del diálogo” que esos programas promovieron otorgó a los represores el derecho a dar su opinión como un camino legítimo hacia la “reconciliación”, lo cual significó escuchar cómo, impiadosamente, revictimizaban a sus víctimas y a los familiares, echando sobre ellos un manto de sospechas e incluso amenazándolos.

Descalificando el escenario judicial, donde deben comparecer víctimas y victimarios, la UCA y otras universidades privadas proponen hoy un diálogo entre víctimas. Así intentan producir el pasaje, según el título de la mesa en la que se encontraron Larrabure y Morandini, “de la lógica del enfrentamiento a la cultura del diálogo”. Pero, ¿qué nueva verdad podrían decir las víctimas en ese encuentro con otras víctimas?, ¿qué verdad puede surgir de la igualación de las personas por su sufrimiento?, ¿es posible averiguar la verdad cuando ni siquiera es requerida la palabra de los responsables de la desaparición de personas y de la apropiación de niños? Esta propuesta de “diálogo” parece, por lo tanto, ubicar el terreno de la verdad fuera de las responsabilidades concretas: se trata del triunfo de la regla de “nadie”, donde todos son víctimas y nadie es culpable. Los voceros de esta propuesta no están intentando, por lo tanto, conocer información hasta hoy desconocida, que los represores siguen ocultando, sino instalar una verdad exculpatoria. Esta es la verdad que propugnan, la que justifica el camino a la impunidad.

(Página 12, sábado 29 de agosto de 2015)

HISTORIA / Desventuras en el País-Jardín-de-Infantes / Escribe: María Elena Walsh






El 24 de marzo de 1976, una junta militar integrada por los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas derrocó al gobierno constitucional de Isabel Perón. Pronto el jefe del Ejército, Jorge Rafael Videla, fue designado presidente de la Junta y presentado por la prensa oficial como “un profesional moderado y militante católico”.

Este nuevo golpe a la democracia, el sexto que tuvo lugar en menos de cincuenta años, fue la dictadura más sangrienta de la historia del país, con miles de muertos y desaparecidos, centenares de miles de exiliados, la derrota del Ejército argentino en Malvinas, la multiplicación por cinco de la deuda externa, el vaciamiento de empresas públicas y la destrucción de gran parte del aparato productivo del país.



Los crímenes cometidos por los militares son hoy denominados en el derecho internacional como “delito de lesa humanidad”. Treinta mil desaparecidos, 400 niños robados y un país destruido fue el saldo de la ocupación militar.

En el ámbito cultural, la censura -a la que el gobierno de facto llamó “servicio gratuito de lectura previa”- fue moneda corriente. Llegó a todos los órdenes, desde los medios masivos de comunicación hasta la vida cotidiana. Fueron cerradas las carreras universitarias de Psicología y Antropología y, en la provincia de Córdoba, llegó a prohibirse la enseñanza de la matemática moderna por considerársela subversiva. Las proscripciones iban desde la música de Mercedes Sosa hasta la lectura de Saint-Éxupery, autor de El Principito. También “desaparecieron” escritores, como Haroldo Conti y Roberto Santoro, el cineasta Raymundo Gleyzer y el historietista Héctor Oesterheld. Muchos otros se vieron obligados a exiliarse.

La escritora, música y poetisa María Elena Walsh se refería a esta situación en un artículo publicado en Clarín en agosto de 1979, en el que comparaba a la Argentina de la dictadura con un jardín de infantes. “Hace tiempo que somos como niños y no podemos decir lo que pensamos o imaginamos. (…) El ubicuo y diligente censor transforma uno de los más lúcidos centros culturales del mundo en un Jardín-de-Infantes fabricador de embelecos que sólo pueden abordar lo pueril, lo procaz, lo frívolo o lo histórico pasado por agua bendita. Ha convertido nuestro llamado ambiente cultural en un pestilente hervidero de sospechas, denuncias, intrigas, presunciones y anatemas”, resumía la autora de tantos clásicos infantiles, que se instaló con su música y su poesía en el corazón de varias generaciones de argentinos.

(Fuente: “Desventuras en el País-Jardín-de-Infantes”, por María Elena Walsh, Diario Clarín, 16 de agosto de 1979; en María Elena Walsh, Desventuras en el País Jardín-de-Infantes, Buenos Aires, Sudamericana, 1993, págs. 13-18).

Si alguien quisiera recitar el clásico "Como amado en el amante / uno en otro residía..." por los medios de difusión del País-Jardín, el celador de turno se lo prohibiría, espantado de la palabra amante, mucho más en tan ambiguo sentido.

Imposible alegar que esos versos los escribió el insospechable San Juan de la Cruz y se refieren a Personas de la Santísima Trinidad. Primero, porque el celador no suele tener cara (ni ceca). Segundo, porque el celador no repara en contextos ni significados. Tercero, porque veta palabras a la bartola, conceptos al tuntún y autores porque están en capilla.



Atenuante: como el celador suele ser flexible con el material importado, quizás dejara pasar "por esa única vez" los sublimes versos porque son de un poeta español.

Agravante: en ese caso los vetaría sólo por ser poesía, cosa muy tranquilizadora.

El celador, a quien en adelante llamaremos censor para abreviar, suele mantenerse en el anonimato, salvo un famoso calificador de cine jubilado que alcanzó envidiable grado de notoriedad y adhesión popular.

El censor no exhibe documentos ni obras como exhibimos todos a cada paso. Suele ignorarse su currículum y en qué necrópolis se doctoró. Sólo sabemos, por tradición oral, que fue capaz de incinerar La historia del cubismo o las Memorias de (Groucho) Marx. Que su cultura puede ser ancha y ajena como para recordar que Stendhal escribió dos novelas: El rojo y El negro, y que ambas son sospechosas es dato folklórico y nos resultaría temerario atribuírselo.

Tampoco sabemos, salvo excepciones, si trabaja a sueldo, por vocación, porque la vida lo engañó o por mandato de Satanás.

Lo que sí sabemos es que existe desde que tenemos uso de razón y ganas de usarla, y que de un modo u otro sobrevive a todos los gobiernos y renace siempre de sus cenizas, como el Gato Félix. Y que fueron ¡ay! efímeros los períodos en que se mantuvo entre paréntesis.

La mayoría de los autores somos moralistas. Queremos —debemos— denunciar para sanear, informar para corregir, saber para transmitir, analizar para optar. Y decirlo todo con nuestras palabras, que son las del diccionario. Y con nuestras ideas, que son por lo menos las del siglo XX y no las de Khomeini.

El productor-consumidor de cultura necesita saber qué pasa en el mundo, pero sólo accede a libros extranjeros preseleccionados, a un cine mutilado, a noticias veladas, a dramatizaciones mojigatas. Se suscribe entonces a revistas europeas (…) que significativamente el correo no distribuye.

Un autor tiene derecho a comunicarse por los medios de difusión, pero antes de ser convocado se lo busca en una lista como las que consultan las Aduanas, con delincuentes o "desaconsejables". (…)

Hace tiempo que somos como niños y no podemos decir lo que pensamos o imaginamos. Cuando el censor desaparezca ¡porque alguna vez sucumbirá demolido por una autopista! estaremos decrépitos y sin saber ya qué decir. Habremos olvidado el cómo, el dónde y el cuándo y nos sentaremos en una plaza como la pareja de viejitos del dibujo de Quino que se preguntaban: "¿Nosotros qué éramos...?"



El ubicuo y diligente censor transforma uno de los más lúcidos centros culturales del mundo en un Jardín-de-Infantes fabricador de embelecos que sólo pueden abordar lo pueril, lo procaz, lo frívolo o lo histórico pasado por agua bendita. Ha convertido nuestro llamado ambiente cultural en un pestilente hervidero de sospechas, denuncias, intrigas, presunciones y anatemas. Es, en definitiva, un estafador de energías, un ladrón de nuestro derecho a la imaginación, que debería ser constitucional.

La autora firmante cree haber defendido siempre principios éticos y/o patrióticos en todos los medios en que incursionó. Creyó y cree en la protección de la infancia y por lo tanto en el robustecimiento del núcleo familiar. Pero la autora también y gracias a Dios no es ciega, aunque quieran vendarle los ojos a trompadas, y mira a su alrededor. Mira con amor la realidad de su país, por fea y sucia que parezca a veces, así como una madre ama a su crío con sus llantos, sus sonrisas y su caca (¿se podrá publicar esta palabra?). Y ve multitud de familias ilegalmente desarticuladas porque el divorcio no existe porque no se lo nombra, y viceversa. (…)

Si incursiona en la TV —da lo mismo que sea como espectador, autor o "invitado"— hablará del prêt-à-porter, la nostalgia, el cultivo de begonias. Contemplará a ejemplares enamorados que leen Anteojito en lugar de besarse. Asistirá a debates sobre temas urticantes como el tratamiento del pie de atleta, etcétera.

El público ha respondido a este escamoteo apagando los televisores. En este caso, el que calla —o apaga— no otorga. En otros casos tampoco: el que calla es porque está muerto, generalmente de miedo.

Cuando ya nos creíamos libres de brujos, nuestra cultura parece regida por un conjuro mágico; no nombrar para que no exista. A ese orden pertenece la más famosa frase de los últimos tiempos: "La inflación ha muerto" (por lo tanto no existe). Como uno la ve muerta quizás pero cada vez más rozagante, da ganas de sugerirle cariñosamente a su autor, el doctor Zimmermann, que se limite a ser bello y callar.

Sí, la firmante se preocupó por la infancia, pero jamás pensó que iba a vivir en un País-Jardín-de-Infantes. Menos imaginó que ese país podría llegar a parecerse peligrosamente a la España de Franco, si seguimos apañando a sus celadores. Esa triste España donde había que someter a censura previa las letras de canciones, como sucede hoy aquí y nadie denuncia; donde el doblaje de las películas convertía a los amantes en hermanos, legalizando grotescamente el incesto.

Que las autoridades hayan librado una dura guerra contra la subversión y procuren mantener la paz social son hechos unánimemente reconocidos. No sería justo erigirnos a nuestra vez en censores de una tarea que sabemos intrincada y de la que somos beneficiarios. Pero eso ya no justifica que a los honrados sobrevivientes del caos se nos encierre en una escuela de monjas preconciliares, amenazados de caer en penitencia en cualquier momento y sin saber bien por qué.

Nuestra historia —con sus cabezas en picas, sus eternos enconos y sus viejas o recientes guerras civiles— nos ha estigmatizado quizás con una propensión latente represiva-intervecinal que explota al menor estímulo y transforma la convivencia en un perpetuo intercambio de agravios y rencores. (…)

Quienes desempeñan la peliaguda misión de gobernarnos, así como desterraron —y agradecemos— aquellas metralletas que nos apuntaban por doquier en razón de bien atendibles medidas de seguridad, deberían aliviar ya la cuarentena que siguen aplicando sobre la madurez de un pueblo (¿se acuerdan del Mundial?) con el pretexto de que la libertad lo sumiría en el libertinaje, la insurrección armada o el marxismo frenético. (…)



Creo necesario aunque obvio advertir que en las democracias donde la libertad de expresión es absoluta la comunidad no es más viciosa ni la familia está más mutilada ni la juventud más corrompida que bajo los regímenes de exagerado paternalismo. Más bien todo lo contrario. Delito e irregularidad son desgraciadamente productos de nuestra época (y de otras) y se dan en casi todos los países excepto los comunistas. ¿Son ellos nuestro ideal? (…)

El abuso puede ser controlable mediante una coherente reglamentación, pero es preferible mil veces correr los riesgos que entraña la libertad, por lo mucho de positivo que engendra, que asustarnos a priori para ser pobres pero honrados, niños pero atrasados, que no es lo mismo que puros.

En cambio los tortuosos mecanismos que paralizan preventivamente la cultura sí contaminan y achatan a toda la familia social y no sólo le vedan el acceso a las grandes ideas sino que generan fracaso, reyertas e hipocresía... vicios poco recomendables para una familia.

En lugar de presentar certificados de buena conducta o temblar por si figuramos en alguna "lista" creo que deberíamos confesar gandhianamente: sí, somos veinticinco millones de sospechosos de querer pensar por nuestra cuenta, asumir la adultez y actualizarnos creativamente, por peligroso que les parezca a bienintencionados guardianes. (…)

Veinticinco millones, sí, porque los niños por fortuna no se salvan del pecado. Aunque se han prohibido libros infantiles, los pequeños monstruos siguen consumiendo historias con madrastras-harpías, brujas que comen niños, hombres que asesinan a siete esposas, padres que abandonan a sus hijos en el bosque, Alicias que viajan bajo tierra sin permiso de mamá. Entonces ellos, como nosotros, corren el riesgo de perder ese "sentido de familia" que se nos quiere inculcar escolarmente... y con interminables avisos de vinos.

Ésta no es una bravuconada, es el anhelo, la súplica de una ciudadana productora-consumidora de cultura. Es un ruego a quienes tienen el honor de gobernarnos (y a sus esposas, que quizás influyan en alguna decisión así como contribuyen al bienestar público con sus admirables tareas benéficas): déjennos crecer. Es la primera condición para preservar la paz, para no fundar otra vez un futuro de adolescentes dementes o estériles.

Como aquella pobre modista negra llamada Rosa Parks, encarcelada por haberse negado a cederle el asiento a un pasajero blanco en un autobús según la obligaba la ley, la autora declararía a quien la acusara de sediciosa: "No soy una revolucionaria, es que estaba muy cansada".

Pero Rosa Parks, en un país y una época (reciente) donde regían tales leyes en materia de "derechos humanos", era adulta y, ayudada por sus hermanos de raza, pudo apelar a otro ámbito de la justicia para derrotar a la larga la opresión y contribuir a desenmascarar al Ku Klux Klan.

Nosotros, pobres niños, a qué justicia apelaremos para desenmascarar a nuestros encapuchados y fascistas espontáneos, para desbaratar listas que vienen de arriba, de abajo y del medio, para derogar fantasmales reglamentos dictados quizás por ignorancia o exceso de celo de sacristanes más papistas que el Papa.



Sólo podemos expresar nuestra impotencia, nuestra santa furia, como los chicos: pataleando y llorando sin que nadie nos haga caso.

La autora "está muy cansada", no por los recortes que haya sufrido porque volverán a crecerle como el pelo y porque de ellos la compensa el infinito privilegio de integrar la honorable familia de sus compatriotas, sino por compartir el peso de la frustración generalizada. Porque es célula de todo un organismo social y no aislada partícula. (…)

Y porque no es una revolucionaria pero está muy cansada, no se exilia sino que se va a llorar sentada en el cordón de la vereda, con un único consuelo: el de los zonzos. Está rodeada de compañeritos de impecable delantal y conducta sobresaliente (salvo una que otra travesura). De coeficiente aceptable, pero persuadidos a conducirse como retardados y, pese a su corta edad, muñidos de anticonceptivos mentales.

Todos tenemos el lápiz roto y una descomunal goma de borrar ya incrustada en el cerebro. Pataleamos y lloramos hasta formar un inmenso río de mocos que va a dar a la mar de lágrimas y sangre que supimos conseguir en esta castigadora tierra.

(www.elhistoriador.com.ar)

INTERNACIONAL / No se les mueve ni un pelo / Escribe: Marcelo Justo






Desde Londres

La tragedia de los 71 inmigrantes muertos en Austria no les ha movido un pelo a las autoridades británicas. El gobierno de David Cameron señaló ayer que está en la vanguardia de la lucha contra la inmigración ilegal y que no participará del programa europeo de recepción de refugiados.

En medio de una nueva profundización de la crisis crónica de inmigrantes en Europa, cifras oficiales británicas revelaron que el Reino Unido recibió 2204 refugiados políticos de Siria, entre junio de 2014 y 2015, un número infinitesimal de los cuatro millones de desplazados que produjo la guerra. Una cantidad similar acogió de otro lugar donde existe una violación sistemática de los derechos humanos: Eritrea.



A pesar de estas cifras irrisorias, el ministro de inmigración del Reino Unido James Brokenshire exigió un endurecimiento de la política europea porque “estamos recibiendo corrientes de inmigrantes de una magnitud que no veíamos desde el final de la Segunda Guerra Mundial”. La clave de esta hipérbole se encuentra en otra cifra de la misma Oficina de Estadísticas Nacionales que pone la migración neta (inmigrantes menos emigrantes) de esos 12 meses en un record de 330 mil personas.

El problema de estas cifras es que en las elecciones de 2010 los conservadores prometieron reducir la migración neta a menos de 100 mil personas, promesa que reiteraron en las elecciones que ganaron este mayo con mayoría propia parlamentaria. Las cifras muestran que ni el endurecimiento retórico ni las reformas inmigratorias ni las medidas policiales proclamadas a los cuatro vientos en los últimos cinco años han servido para nada frente a la compleja realidad de la inmigración.

Esta compleja realidad muestra que la mayoría de los inmigrantes –unos 183.000– son europeos, es decir, inmigrantes legales. Los inmigrantes calificados que vienen con contrato de países extraeuropeos forman unas dos terceras partes de otros 65 mil inmigrantes que llegaron al Reino Unido en este período. En tanto contratados tienen el mismo derecho que cualquier británico a trabajar en el país.

La inmigración ilegal existe como en cualquier otro lugar del mundo, pero el grueso no son los alrededor de tres mil acampados en Calais (Francia) o los que atraviesan medio planeta escondidos en precarias barcas o hacinados camiones. “La inmensa mayoría de los inmigrantes ilegales son gente que llegó normalmente al Reino Unido y se quedó después de que venciera su visa para trabajar en un restaurante o montar un negocio. Con frecuencia estudiantes universitarios. No es alguien de Eritrea que trepa al techo de un camión en Calais para ver si puede ingresar en el país”, señala Jonathan Portes, director del National Institute of Economic and Social Research.

Las universidades resisten medidas draconianas contra los estudiantes porque sus presupuestos requieren de las onerosísimas matrículas que tienen que pagar los extranjeros para estudiar en el Reino Unido. En representación del empresariado británico, el CBI también se opone a la adopción de medidas drásticas porque “terminarían dañando la economía”. En el estatal Servicio Nacional de Salud un 26% de los médicos y un 11% del personal son extranjeros. En resumen, el Reino Unido necesita extranjeros para funcionar.

El primer ministro David Cameron, en cambio, los necesita para ganar elecciones. La estrategia oficial magnifica el tema con números desorbitados y una retórica que insectifica a los inmigrantes para transmitir la gravedad del supuesto peligro que se cierne sobre las islas británicas. A principios de agosto el primer ministro Cameron calificó a los que buscaban cruzar el Canal de la Mancha de “enjambre” (swarming) de gente que quería aprovechar las oportunidades económicas y los servicios sociales del Reino Unido mientras que su canciller, Phillip Hammond, eligió para el mismo contingente el término marauding, que en inglés se define como andar dando vueltas para saquear y hacer estragos (merodear sería la mejor aproximación en castellano).

La retórica contribuye a confundir más las cosas. La brutal realidad de Siria, Libia o Eritrea –en algunos casos con directa participación británica– es escamoteada y convertida en un problema de bandas de traficantes humanos –que sin duda existen– que explotan a sus víctimas. “La tasa neta de migración trata a inmigrantes y refugiados políticos de la misma manera. Esto es inmoral y está impidiendo que el Reino Unido responda a la terrible crisis de refugiados de Siria. Otros países lo están haciendo. Es hora de que el Reino Unido haga su aporte”, señaló al diario The Independent, la laborista Yvette Cooper.



Los números hablan. Alemania, justamente criticada por la crisis griega, ha sido inmensamente más generosa que Gran Bretaña. Según la oficina de estadísticas europeas Eurostat el gobierno de Angela Merkel acogió a 27 sirios por cada uno que recibió el gobierno británico. Suecia está aceptando entre mil y dos mil inmigrantes por semana. “El gobierno solo tiene medidas reactivas a cada publicación de datos estadísticos negativos”, señala Sunder Katwala director del think tank British Future.

La politización del tema continuará porque los conservadores tienen el reto por derecha del xenófobo UKIP, una línea editorial antieuropea y antiinmigratoria de los principales medios y una opinión pública hiper sensitivizada. La austeridad impulsada por los conservadores desde 2010 exacerba el problema por el impacto que ha tenido sobre los servicios sociales y de salud que, tal como están las cosas, terminan generando una batalla de desposeído británico contra desposeído extranjero por escasos recursos que, además, están achicándose día a día.

Abundan los incidentes cotidianos de esta lucha de británicos versus extranjeros. Un incidente de tráfico entre dos camionetas de reparto presenciado ayer viernes por este cronista termina con un chofer burlándose en cockney (acento de clase trabajadora británica) del otro, que hablaba con claro acento eslavo, porque no era británico: “go back to your country”. La Iglesia Anglicana, opositores, comentaristas e intelectuales han advertido que la actual retórica está impactando principios básicos de convivencia. “No podemos deshumanizar a los refugiados e inmigrantes. No podemos distanciarnos de esta situación. Tenemos que tomar responsabilidad por zonas de desastre que contribuimos a crear como Libia e Irak. Las comunidades con altos niveles de inmigrantes y refugiados deberían tener más recursos y ayuda. Mientras haya miseria la gente seguirá huyendo y un número muy pequeño atravesará medio mundo para llegar a nuestro país”, señaló ayer en el diario The Guardian el comentarista Owen Jones.

(Página 12, sábado 29 de agosto de 2015)

CANCION / Almafuerte por Alberto Cortez: Castigo






Pedro Bonifacio Palacios, consagrado con el seudónimo Almafuerte, nació en la ciudad de San Justo, Provincia de Buenos Aires, el 13 de mayo de 1854. Muerta su madre y abandonado por su padre siendo un niño, la crianza del poeta quedó a cargo de familiares.

Amante de la pintura, solicitó una beca oficial para perfeccionarse en Europa, pero le fue negada. Se dedicó a la enseñanza en la provincia de Buenos Aires, a pesar de no tener título habilitante. A los 16 años dirigió una escuelita en el pueblo de Chacabuco (donde conoció a Sarmiento, en 1884), y más tarde en Trenque Lauquen. Su enseñanza buscaba abrir un panorama espiritual en sus alumnos, más que la mera acumulación de conocimientos.

En 1887 se radicó en la ciudad de La Plata, donde trabajó en el diario "Buenos Aires" durante tres años. Luego dirigió el diario "El Pueblo". Su labor periodística fue intensa y de lucha. Para esa época, muchos diarios ya levantaban artículos y versos de Almafuerte (algunos publicados con otros seudónimos, ya que utilizó varios en su trabajo periodístico). También fue bibliotecario y traductor de la Dirección General de Estadísiticas.

En 1894 regresó a la escuela de Trenque Lauquen, pero fue destituido en 1896 por sus poemas contrarios al gobierno. A pesar de estos inconvenientes gozaba de gran reputación gracias a sus textos publicados en los diarios.

Durante su vida adoptó cinco chicos. No aceptó ningún empleo público, ya que criticaba a quienes vivían a expensas de los impuestos de la gente, razón que le trajo continuos problemas económicos.

En vida publicó dos libros y mucha de su obra inédita se ha perdido, no obstante lo cual fue un poeta popular.

Sus composiciones, que reciben el nombre de milongas, son de un tono predicativo. Evangélicas (1915) fue la obra más representativa de su estilo. En la ciudad de La Plata, donde pasó gran parte de su vida, Almafuerte falleció el 28 de febrero de 1917, a los 62 años de edad. La principal referencia de este poeta, sus obras, manuscritos, dibujos, se conservan en esta ciudad, en un museo que lleva su nombre.

Fue musicalizado por el gran compositor e intérprete pampeano, Alberto Cortéz, que hace décadas vive en España, e hizo una selección de un puñado de los poemas más deliciosos de Almafuerte.




VIDEO / Perón, Sinfonía del Sentimiento, capítulo 3, de Leonardo Favio






Perón, sinfonía del sentimiento es una película documental de 1999, dirigida por Leonardo Favio, sobre la historia del peronismo. El film no fue estrenado comercialmente por decisión del director. En cambio, fue estrenado con entrada gratuita el 6 de enero de 2000 en el cine Atlas Recoleta, a la vez que ha sido entregada para su exhibición en acontecimientos sociales y políticos.

La película está dedicada a la memoria del ex presidente Héctor J. Cámpora, del cantante Hugo del Carril, del pintor Ricardo Carpani y del escritor y periodista Rodolfo Walsh, así como "a los trabajadores, a los estudiantes, al Grupo Cine Liberación: Fernando Solanas, Gerardo Vallejo y Octavio Getino".

El film está organizado en dos partes, de trece bloques cada una. Comienza en 1916, con la elección de Hipólito Yrigoyen en la Argentina, primer presidente elegido democráticamente, la Primera Guerra Mundial y la Revolución rusa. Luego el film trata en detalle el crecimiento político de Juan D. Perón 1943, como Secretario de Trabajo y Vicepresidente dentro del gobierno militar conocido como Revolución del 43 y sobre todo sus dos gobiernos como presidente (1946-1952 y 1952-1955). La primera parte termina cuando Eva Duarte de Perón renuncia a la Vicepresidencia en 1951, en medio de fuertes presiones militares.

La segunda parte comienza con los últimos años del segundo gobierno de Perón y su violento derrocamiento en 1955. Luego se refiere a sus años de exilio en España, las luchas sociales en Argentina para conseguir el regreso y la legalidad del peronismo (proscripto desde 1955), para finalizar la película con Perón vuelto a elegir presidente, en 1973, poco antes de morir, el 1 de julio de 1974, fecha en la que el film termina.



MENDOZA / Los elegidos para el Parlasur asumirán el 14 de diciembre / Nota






Así se definió en el Parlamento del Mercosur que sesiona en Montevideo.

El Parlamento del Mercosur definió que los representantes argentinos que serán elegidos en las elecciones del 25 de octubre asumirán en sus bancas el próximo 14 de diciembre.

Durante la sesión de este lunes, el titular del Parlasur, el venezolano Saúl Ortega Campos destacó la decisión del Gobierno argentino de elegir de manera directa este año a los representantes argentinos, y deseó “mucho éxito al proceso electoral”.



Así lo confirmó a la agencia oficial Télam el diputado nacional Andrés Larroque, quien señaló que ese fue uno de los acuerdos logrados este lunes. El legislador argentino sostuvo que “debemos trabajar para que se comprenda que el Parlasur tiene que ver directamente con la vida de cada uno”.

Durante la sesión, el senador argentino José Mayans recordó al general José de San Martín al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento, y puntualizó que “nosotros pensamos en un Mercosur fuerte y que avance en eliminar las asimetrías que existen entre los países”.

En el marco de la reunión de Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos del Parlamento del Mercosur, se definió un cronograma de trabajo que presentarán en la próxima sesión plenaria; “una nueva propuesta de Estatuto a los efectos de tener una estructura de funcionamiento y sobre todo las obligaciones y los derechos claros por parte de todos los que integramos el Parlasur y el sistema de funcionamiento del propio parlamento”, indicó el parlamentario uruguayo Daniel Caggiani, presidente de la comisión.

Informó que se aprobó por unanimidad el informe de Auditoría que el Consejo del Mercado Común (CMC) le exige al Parlasur. Cabe señalar, que dicho informe es una auditoría externa a los fondos que se destinan al Mercosur, por lo que será llevado al pleno para que se pueda aprobar.

A la comisión asistieron los parlamentarios de Argentina Jorge Landau y Guillermo Carmona; por Brasil los parlamentarios Arlindo Chinaglia, Antonio Valadares y Edio Lopes; de Paraguay el parlamentario Alfonso González Núñez; de Uruguay los parlamentarios Daniel Caggiani, Gustavo Penadés y Susana Montaner; y por Venezuela asistió el Presidente del PARLASUR, Saul Ortega.



En la próxima reunión de la Comisión, tentativamente dentro de 30 días, va a ser invitado un organismo de Auditorías Públicas a los efectos de tener otra visión sobre la posibilidad de auditar fondos públicos de los organismos del Mercosur.

ARGENTINA / Tramparencia / Escribe: Horacio Verbitsky






Tres de los cinco candidatos presidenciales que el 25 de octubre enfrentarán a la fórmula del Frente para la Victoria reclamaron transparencia en esos comicios y cuestionaron los realizados el domingo último en Tucumán. Sumados los porcentajes obtenidos por ellos en el total nacional de las Primarias Abiertas del 9 de agosto (Maurizio Macrì: 30,07; Sergio Massa: 20,63; Margarita Stolbizer: 3,51 por ciento) casi igualan el 54,4 por ciento con que CFK obtuvo la presidencia en 2011. Es decir que si ese acuerdo discursivo se tradujera en votos, la única oportunidad de Daniel Scioli sería ganar en la primera vuelta sin balotaje. Como no se trata de aritmética sino de política, las cosas son algo más complejas.

Salvo Macrì, quien aparece como el gran beneficiario de esa entente, el resto se preocupó por advertir que no se trataba de un acuerdo electoral. No por ahora, claro. Pero si los resultados de octubre homologaran los de las PASO, en noviembre sólo disputarían la presidencia los primogénitos del empresario radical José Scioli, que integraba el equipo de recaudación de fondos de Raúl Alfonsín, y del constructor peronista Franco Macrì, quien hizo educar a su Pibe por la UCeDé. Como si esa impronta peronista familiar aún dejara huellas, Macrì ya deglutió al radicalismo, con la ayuda de su ex presidente Ernesto Sanz, cuya cara de velorio refleja lo grande que le quedó ese cargo para su talle. Ahora Macrì avanza sobre los bolsones peronistas que todavía le dan algo de oxígeno a Massa, imaginando que no tendrán más alternativa que amarillearse.



La extremaunción

El encuentro entre tres candidatos que no pudieron acordar una fórmula común para las Primarias responde al temor de que Scioli sume en primera vuelta los seis puntos y pocas décimas que lo separan de la Casa Rosada. Esa conferencia de prensa, la del día siguiente en el Congreso y las actividades de los días previos y posteriores a la votación tucumana, mostraron una voluntad nítida de deslegitimar el proceso político electoral. Las denuncias de fraude comenzaron no bien escrutadas las PASO tucumanas, en las que Scioli (57,14 por ciento) dejó bien atrás a Macrì (20,13 por ciento), Massa (16,26 por ciento) y Stolbizer (1,4 por ciento) y se amplificaron antes de que se abrieran los locales de votación. Para las elecciones provinciales la oposición acató el mandato de unificar fórmula, que encabezó el radical José Cano seguido por el intendente peronista de la capital, Domingo Amaya. Cuando el concesionario de automóviles y empresario sojero José Alperovich prefirió que lo sucediera su ex vicegobernador Juan Manzur (el peor ministro de Salud en los doce años del kirchnerismo), Amaya pegó el salto al vacío de la oposición unificada. La operación no fue concebida por Amaya, ex gerente del hotel Metropol, donde Alperovich solía reposar de sus fatigas, sino por Gustavo Alfaro, un egresado del Liceo Militar y, como Manzur, miembro del Opus Dei. Gracias a esa pirueta Alfaro fue elegido para suceder en la intendencia de la capital a Amaya, quien de colorado sólo tiene el pelo. Aun así los resultados provisorios mostraron una diferencia de 14 puntos, indescontable para el rejuntado y con probabilidad de agravarse en octubre, ya que tanto Amaya como Alfaro han reiterado que son peronistas, lo cual torna improbable su apoyo a Macrì. Ante ese cuadro uno de los asesores de Cano en la Cámara de Diputados de la Nación instigó a incendiar la casa de gobierno tucumana con bombas molotov, destruirla a palos y exigir nuevas elecciones. Se trata del economista Nicolás Salvatore, quien en 2010 confesó “el sueño de mi vida: cuando la alta inflación esté incendiando a Kirchner en la Rosada, pasar a buscar a Bergoglio por la Catedral, darnos la manito, y cruzar juntos la Plaza de Mayo para darle la extremaunción”. Ese mismo año fue denunciado por un grupo de alumnas de ciencias económicas, por haber escrito que les tomaría examen oral pero en grupo, porque la tenía extra large. Pero incluso el disparate autodescalificatorio del desaforado militante de la UCR fue superado por Alperovich: su policía reprimió en forma brutal a los manifestantes reunidos frente a la Casa de Gobierno, su ahora imputado jefe policial lo justificó en forma burda y su esposa Beatriz Rojkés exasperó los ánimos con su oratoria destemplada. Sin estos aportes, la operación política se hubiera desinflado en pocas horas. La claridad con que el jefe de gabinete Aníbal Fernández desautorizó la respuesta represiva en Tucumán (exageró que si hubieran intentado tomar la Casa de Gobierno habría que haberlo permitido, e identificar y procesar luego a los responsables) no es contagiosa. Es desalentador que un retroceso inocultable respecto de la política fijada en 2004 por Néstor Kirchner, de no reprimir las protestas sociales o políticas, alcance también al gobierno nacional. El Secretario de Seguridad, Sergio Berni, se permitió incluso criticar a la juez federal Sandra Arroyo Salgado, por autorizar cortes parciales y transitorios de la Panamericana por conflictos sindicales. Durante la gestión de la ministra Nilda Garré, el ministerio de Seguridad elaboró un protocolo de actuación para las fuerzas de seguridad ante manifestaciones de esa índole, al que la provincia de Tucumán adhirió en mayo de 2011 dentro de un programa federal que incluyó otros 16 instrumentos. El anexo resolutivo de ese documento dice en su sexto punto que “se agotarán todos los recursos e instancias para garantizar una resolución de los conflictos que no implique daños para la integridad física de las personas involucradas y no involucradas en la manifestación. Con ese fin, se establecerán medidas tendientes a garantizar que frente a situaciones conflictivas la intervención de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad sea progresiva, comenzando necesariamente por el diálogo con los organizadores de la manifestación”. El séptimo dice que esa negociación “no podrá estar a cargo de quien conduzca el procedimiento en el plano operativo”. Si existen riesgos para los manifestantes o terceras personas”, el Poder Ejecutivo deberá designar a un fucionario político responsable de “hacer cumplir las normas sobre uso de la fuerza y comportamiento policial”. El punto 10 establece que el personal que intervenga en los operativos de control de manifestaciones públicas “no dispondrá de municiones de poder letal. La utilización de pistolas lanzagases queda prohibida”. En cuando a las postas de goma, “sólo podrán ser utilizadas con fines defensivos en caso de peligro físico para la integridad física de algún miembro de las instituciones de seguridad, de manifestantes o de terceras personas. En ningún caso se podrá utilizar este tipo de munición como medio para dispersar una manifestación. Los agresivos químicos y antitumultos sólo podrán ser utilizados como última instancia”. Todo el personal deberá llevar una identificación clara que pueda advertirse a simple vista en los uniformes.

Hacerse humo

El robo y quema de urnas es escandaloso, pero no califica sólo al oficialismo sino también a la oposición, un par de cuyos candidatos fueron detenidos con las cajas de votos aún humeantes, cosa que ni Cano pudo negar. Una síntesis ponderada debería distinguir los problemas de arrastre del sistema local de los resplandores del incendio que se intenta proyectar sobre el horizonte nacional. La reforma constitucional tucumana de 2006 eliminó la ley de lemas, pero permitió que en su lugar se aplicara un sistema de acoples. La ley 7876 admite acuerdos entre distintos partidos, frentes o alianzas, de modo que puedan acoplarse las boletas de los candidatos de una fuerza a gobernador, con las de otras para legisladores provinciales, intendentes y comisionados municipales. El resultado fue la inscripción de un millar de partidos, creados de ocasión para elegir en estos comicios gobernador y vice, 49 legisladores, 19 intendentes, 184 concejales y 93 delegados comunales. Con 30.000 candidatos, no es de sorprender el caos en los lugares de votación y escrutinio. Pero nada de esto podrá ocurrir en la elección presidencial, que no se rige por las leyes provinciales, y en las que sólo habrá cinco boletas completas, sin lemas ni acoples. A lo sumo se admitirá el corte, si es que alguien quiere votar a los diputados nacionales de un partido distinto al del presidente que prefiera, práctica que sólo atrae a una ínfima parte del padrón. De modo que los contratiempos del último domingo responden a una configuración tucumana que no tiene correlato con el sistema nacional que se aplicará en octubre. Incluso el candidato opositor Cano propuso días antes de las elecciones adoptar en la provincia un sistema igual al de las PASO nacionales. Por supuesto no lo repitió una vez conocida su derrota. En cambio se dedicó a la agitación en el escenario nacional, como si las situaciones provincial y nacional fueran equivalentes.

Boletas y boletos

El reclamo de transparencia electoral fue acompañado por la solicitud de que se implante un sistema electrónico de votación o la boleta única. Siempre temerario, Massa propuso ¡pedir prestadas las máquinas de votar a Brasil! (La imaginación del muchacho de Tigre es tropical: en Cuba cuentan que luego de la desaparición de la Unión Soviética, un funcionario de bajo rango propuso una genialidad parecida: que China incrementara el 1 por ciento en su producción de los artículos esenciales de consumo, para resolver todos los problemas de la isla). Todo esto trasunta desconocimiento o indiferencia sobre la índole de lo sucedido en las elecciones provinciales tucumanas y los problemas técnicos y jurídicos en juego. La boleta única se utilizó en Santa Fe, y el candidato del travestismo amarillo a la gobernación, Miguel del Sel, denunció fraude, sólo para que el escrutinio definitivo probara que había perdido por un margen aún mayor. Ahora está bajo tratamiento psiquiátrico pero el daño político que causó no tiene remedio. Cuando el voto electrónico fue empleado en Salta, el ex gobernador Juan Carlos Romero impugnó el resultado alegando que se había cometido un bochornoso fraude electrónico. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las denuncias de irregularidades en la elección electrónica corrieron por cuenta de Martín Lousteau. Es decir que no se trata de la panacea universal.

El tribunal constitucional de Alemania declaró en 2009 que la forma en que se implementó el voto electrónico en las elecciones parlamentarias era inconstitucional. Ese fallo del Tribunal de Karlsruhe (BVerfG, 3/07 vom 3.3. 2009) sostuvo que se violó el principio de publicidad de las elecciones que garantiza la Constitución Federal. Según el tribunal, el ciudadano debe tener pleno control de los pasos esenciales del acto electoral y del cómputo de los resultados de modo fiable, sin necesidad de conocimientos o habilidades técnicas especiales. En el caso sometido a su consideración no se habilitaron mecanismos de control, equivalentes y verificables públicamente, como recibos del voto emitido impresos en papel. El software instalado no fue susceptible de control y no se publicaron informes de ensayo ni se conoció el código fuente. El gobierno alegó que la publicidad no exige la revisión del código fuente porque el secreto comercial del fabricante prevalece sobre el interés social en que se divulgue. Pero el tribunal declaró la inconstitucionalidad de un procedimiento en el que los votos sólo se registraron en la memoria electrónica y ni los electores ni las autoridades de mesa pudieron comprobar si los aparatos habían registrado correctamente los votos emitidos. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires esta limitación fue subsanada mediante un sistema mixto: el elector marcaba su preferencia en la máquina electrónica, que además de registrarla en su memoria imprimía una boleta de papel, que el ciudadano introducía en la urna, lo cual proveía un reaseguro para el control en caso de discusión. La empresa Magic Software (MSA) proveyó a la Capital Federal y Salta las máquinas y el programa Vot.ar, que dentro de tres semanas se emplearán también en la última elección provincial previa a las presidenciales, en El Chaco. El presidente de MSA, Sergio Angelini, descartó que en 45 días pudiera aplicarse en todo el país ese sistema de Boleta Única Electrónica, lo cual requeriría modificar el marco legal en que se convocaron las elecciones y capacitar a todas las fuerzas políticas y a varios centenares de miles de autoridades de mesa sobre un sistema que tampoco conocen los treinta millones de empadronados.



Desprecio institucional

Más categórico aún fue el pronunciamiento de la Cámara Nacional Electoral, que es la máxima autoridad nacional de supervisión y control de los procesos comiciales. Hace apenas diez días sus tres miembros, Rodolfo Munné, Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera firmaron la Acordada Extraordinaria número 100, sobre la importancia de “mantener la pureza del sufragio”, como resguardo “del principio democrático de la representación popular”. Los camaristas objetaron las distintas fechas y regímenes con que se realizan “múltiples actos electorales en los diferentes órdenes de gobierno, nacional, provincial y municipal”, bajo la tutela de organismos locales que no tienen ningún vínculo con los nacionales y destacaron que otros países de estructura federal, como México o Brasil, adoptaron “soluciones concentradas, tanto para la administración electoral como para la resolución de las disputas generadas en los comicios”. También pidieron que el Congreso Nacional y las legislaturas provinciales coordinaran la regulación de la publicidad de los actos de gobierno durante los procesos electorales, los plazos para las campañas electorales, la difusión de encuestas, los debates entre candidatos y la forma de realización del escrutinio provisorio, que está fuera de la competencia de la justicia electoral nacional. Pero antes de enumerar estas sugerencias para los órganos representativos de la voluntad popular, advirtieron que no puede cuestionarse “la legitimidad del proceso electoral en curso” ni son necesarias reformas legislativas para las elecciones del 25 de octubre o para la eventual segunda vuelta, ya que “alterar la estabilidad del orden legal durante un mismo proceso electoral puede, incluso, producir más daños que beneficios”. La Cámara recuerda que ya en 2007 sugirió reflexionar sobre el sistema de boleta única suministrada por el tribunal electoral, como la que se utiliza para los electores privados de libertad y para los argentinos residentes en el exterior, y señala que la evaluación del método más adecuado “corresponde exclusivamente al Congreso de la Nación”. Concluye que a la luz de las experiencias de Alemania, Austria y Holanda, “las opciones tecnológicas no pueden implicar una transferencia ni una dependencia del poder público respecto de empresas comerciales pues, en términos llanos, la soberanía política no se puede privatizar”. Estas inequívocas definiciones del máximo órgano electoral del país muestran que la oposición unificada peca de una alarmante ignorancia sobre los temas que más la agitan o, tanto más grave, exhiben un soberbio desprecio por las instituciones que rigen el acto electoral. En cualquier caso, el pronóstico es tormentoso.

(Página 12, domingo 30 de agosto de 2015)

ARGENTINA / Fiscalización y menos empleo informal / Escribe: Tomás Lukin






Cuando fueron descubiertos en infracción por un inspector laboral, los empleadores regularizaron la situación del trabajador en la mitad de los casos. Las cifras del Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT) para el primer semestre de 2015 arrojan una mejora en el éxito de la herramienta para inducir a la formalización. El año pasado el cumplimiento de las normas post detección de irregularidades alcanzó al 43 por ciento de los casos. Los cambios son relevantes pero insuficientes para que los niveles de informalidad retrocedan por debajo del 31,9 por ciento vigente. Desde el Ministerio de Trabajo entienden que es necesario duplicar la cantidad de inspectores de 400 a 800, mejorar la articulación entre los organismos estatales con capacidad de fiscalización y lograr el compromiso político de algunas jurisdicciones que hoy hacen la vista gorda sobre la problemática. A esos requisitos es necesario sumar la recuperación de una dinámica virtuosa del mercado laboral.



La tasa de detección de trabajo no registrado por el PNRT, la principal herramienta de fiscalización laboral, aumentó sistemáticamente desde su lanzamiento en 2003. La focalización de las inspecciones permitió pasar de un 22,6 por ciento en 2005 (inicio de la serie de datos disponible) hasta 31,8 por ciento el año pasado. Un informe elaborado por la cartera que encabeza Carlos Tomada evidencia que la tasa de detección más alta ocurre en los sectores de agricultura y la construcción con niveles de 50,8 y 34,0 por ciento, respectivamente. Sin embargo, esas ramas exhiben la menor tasa de regularización. Los empleadores más propensos a poner en regla a sus asalariados cuando son descubiertos incumpliendo con la normativa están en el sector gastronómico, la enseñanza y la industria manufacturera.

En la cartera laboral explican que el incremento reciente en la regularización es el resultado de una serie de modificaciones en la política de fiscalizaciones. Los cambios se enmarcan en la nueva ley de combate al trabajo no registrado sancionada el año pasado. El subsecretario de Fiscalización del Trabajo, Guillermo Alonso Navone, precisó que ahora “si un empleador regulariza la situación antes de los 10 días hábiles la infracción desaparece, se libera de la multa y se evita figurar en el Registro de Empleadores con Sanciones Laborales”. El funcionario advierte que los inspectores no sólo cumplen una función sancionatoria, sino que tienen un rol educativo fundamental. Incluso, remarca Navone, si un empleador regulariza la situación inscribiendo a los asalariados sin registrar como nuevos empleados accede a una serie de beneficios fiscales contemplados en la nueva legislación. Las multas vigentes fueron incrementadas significativamente pero todavía no logran operar como un desincentivo a la precarización de las condiciones laborales.

Desde que se puso en marcha el PNRT se relevaron entre 300 y 400 mil trabajadores por año (el plan se lanzó en 2003 pero empezó a funcionar plenamente en 2005). “Comenzamos a fiscalizar con una disvalía jurídica, la fiscalización estaba cedida a las provincias y sólo podíamos inspeccionar un grupo reducido actividades en el ámbito del gobierno federal”, recordó recientemente la secretaria de Trabajo, Noemí Rial. A la digitalización del proceso se sumó tras la sanción de la ley el año pasado la ampliación de las capacidades e incumbencias.



No obstante, en la cartera laboral reconocen que el fortalecimiento de la política de fiscalización es insuficiente para atacar algunos bastiones de informalidad, como los elevados niveles de precariedad entre las trabajadoras de casas particulares que afecta fundamentalmente a mujeres de bajos ingresos. La igualación de derechos laborales contemplada en la nueva legislación representó un avance significativo que permitió avanzar en materia de registración. Sin embargo ese proceso está limitado a la “buena voluntad” de las familias empleadoras. En Uruguay la policía del trabajo está habilitada para tocar timbre en los hogares para inspeccionar, una alternativa políticamente inviable en Argentina. La vía plausible consiste en reforzar las campañas de difusión de los beneficios fiscales disponibles para ese segmento de empleadores asociados a la regularización del vínculo.

(Página 12, sábado 29 de agosto de 2015)

ARGENTINA / “Va a permitir hacer las compras por menos” / Escribe: Javier Lewkowicz






“Acá sí vamos a definir nosotros los precios. Y si llega a estar caro pueden venir a buscarnos porque vamos a poner la cara”, desafió el secretario de Comercio, Augusto Costa, frente a la entrada del supermercado central de Colegiales, un establecimiento de comercialización de propiedad estatal que sigue frenado por la Justicia, a pesar de tener todo listo para comenzar a funcionar. Fue en el cierre del tercer foro de la Red Comprar, que depende del Ministerio de Economía, en el cual la concentración económica fue el eje de la discusión. Además, hubo fuertes críticas al macrismo. “Este supermercado va a permitir hacer las compras por menos plata. Por eso es dramático lo que hace el Gobierno de la Ciudad”, dijo Costa.



El evento tuvo lugar en la sede del supermercado central que la Secretaría de Comercio tiene en el barrio de Colegiales, en Cramer y Jorge Newbery. El establecimiento todavía no comenzó a funcionar porque su habilitación sigue frenada en la Justicia porteña, luego de que vecinos, algunos de ellos vinculados al PRO, interpusieran una medida cautelar. La medida fue solicitada con el argumento de que el establecimiento se convertirá en un negocio para las empresas privadas, algo que está prohibido por el permiso de uso del predio. La habilitación formal de la Ciudad ya fue aprobada hace meses.

“Nos propusimos cumplir dos objetivos con la apertura de los supermercados de la Red Comprar. Por un lado, bajar los precios. Los establecimientos que ya están funcionando en Mendoza, San Luis y Chaco presentan precios que en promedio son un 30 por ciento más baratos que los de las cadenas de supermercados. Por otro lado, les abrimos la puerta a cooperativas y a pequeños empresarios, que usualmente no acceden a las góndolas de las cadenas porque le exigen mercadería gratis y descuentos e imponen malas condiciones financieras”, señaló el coordinador de la Red Comprar, Santiago Frashina, quien compartió un panel junto a Costa, Juan Cabandié (diputado nacional) y Carlos Martínez (director de la Corporación Mercado Central). “Es mezquino de parte del macrismo no permitir la apertura de este supermercado. Mientras dicen que quieren bajar la inflación impiden a los consumidores acceder a mejores precios”, criticó Cabandié.

El supermercado, sin embargo, ya tiene todo listo para arrancar. Cinco líneas de cajas y a un costado los lockers para guardar la mochila. Hay varias hileras de góndolas, todas vacías por ahora, con carteles de “almacén”, “lácteos”, “carnicería” y “frutas”, entre otros. En los laterales están instaladas las heladeras y freezers. Se trata de un supermercado con todas las letras, poco tiene que ver con la dinámica del Mercado Central ubicado en Tapiales, salvo tal vez los bajos precios de venta al público. El Gobierno espera poder inaugurarlo próximamente, aunque ese momento se viene aplazando desde comienzos de año.



Para sumar presión a las autoridades porteñas, se organizó ayer un encuentro al cual se acercaron vecinos, funcionarios y militancia. “En una economía concentrada los actores que tienen poder lo utilizan para abusar de los que menos tienen. Pagan poco a sus proveedores y cobran mucho a sus clientes”, planteó Costa. “Para dejarlo en claro, hay una empresa que fabrica la chapa, una en polietileno, una de PET, una en aluminio y también una sola en acero redondo para la construcción”, continuó Costa. Se refiere a Siderar, Dow Chemichal, Dak Americas, Aluar y Acindar, respectivamente. El funcionario también advirtió que cuatro empresas dominan el mercado de cemento (Loma Negra, Holcim, Avellaneda y Petroquímica Comodoro Rivadavia), que una firma controla el mercado de panificados (Bimbo, a través de Fargo, Bimbo y Lactal), que tres compañías lo hacen en leche (Mastellone y Sancor), igual que en galletitas (Bagley, Arcor y Kraft), una domina en azúcar (Ledesma), dos en gaseosas (Coca-Cola y Pepsi), una sola el mercado de cerveza (Quilmes) y cinco supermercados, la comercialización (Coto, Carrefour, Walmart, Cencosud y Día).

“Esos son los formadores de precios. Si no hay un Estado presente que los limite, todo el esfuerzo de mejora en el bolsillo de la gente se lo quedan unos pocos. La apertura de supermercados de la Red Comprar va en ese sentido, pero sentimos frustración porque el PRO pone palos en la rueda”, dijo Costa.

A fines de diciembre, el Gobierno inauguró el primer supermercado central de la Red Comprar en Guaymallén, Mendoza. El segundo local se inauguró en la ciudad de San Luis, con una variedad de 400 artículos. El tercero, a comienzos de julio, fue el supermercado de Fontana, lindante a Resistencia, Chaco, que requirió una inversión de seis millones de pesos por parte del Estado nacional. Esos establecimientos absorben un volumen de ventas marginal frente a los supermercados tradicionales, pero eso no quita que hayan introducido un elemento novedoso como es la mejora del acceso a empresas proveedoras de menor porte con baja de precios al consumidor final a través de la comercialización a cargo del Estado.

(Página 12, sábado 29 de agosto de 2015)

HISTORIA / El detenido que se fugó de la ESMA y denunció las desapariciones / Nota






A Horacio Maggio lo secuestraron en febrero de 1977. Fue el único hombre que logró escapar de la ESMA, el 17 de marzo de 1978, en el descuido de un guardia, cuando los dos habían salido a hacer un trámite. Una vez afuera, hizo una carta pública en la que denunció los crímenes y mencionó a 23 represores por sus nombres o apodos. Lo buscaron y lo acribillaron siete meses después. Su cuerpo fue exhibido a los detenidos-desaparecidos.

Entre el 10 y el 12 de abril de 1978, en su casa de Caseros, “El Nariz” garabateó: “El que suscribe, Horacio Domingo Maggio, argentino, con Documento Nacional de Identidad N° 6.308.359, ex delegado general, miembro de la Comisión Gremial Interna del Banco Provincial de Santa Fe, Caja Central, se dirige a ustedes a efectos de relatarles mi amarga experiencia que tuve en calidad de secuestrado por la Marina Argentina”. El hombre sentado a la máquina de escribir no era cualquier hombre: hacía 23 días que era el primer –y hasta el momento- único prófugo de la ESMA. La Marina lo buscaba por todas partes. En el despacho urgente que preparaba, relataría al mundo las torturas y los asesinatos que había visto y sabido en su cautiverio de un año y un mes en el infierno. Con el tiempo, se convirtió en el primer testimonio público que contó un centro clandestino por dentro y los hombres que lo manajaban.


“Las condiciones en las que desarrollábamos nuestras vidas son dignas de la época anterior a la Asamblea del Año XIII. Estábamos o están acostados (no se lee) horas del día sobre un colchón en el piso, separados éstos, por tabiques de madera aglomerada, en celdas de hasta cuatro personas. A todos nos colocaban grilletes en las piernas, capucha o anteojito, que no nos permitiera ver, además de estar el lugar poblado de ratas”. Maggio detalló que regularmente él y unas 150 personas más habían sido sometidas al suplicio de la picana eléctrica y el submarino.

En la denuncia había señalamientos concretos, además, de víctimas y de asesinos. Como el caso de Léonie Duquet y Alice Domon, las monjas francesas que habían sido entregadas por el capitán Alfredo Astiz, y con quienes Maggio habló y vio muy lastimadas. Norma Arrostito, la dirigente montonera, quién resistió “estoicamente” durante un año la presión psíquica y física de los oficiales de marina. “El 15 de enero, en modo poco claro se desmaya, luego que se le coloca una inyección, y fallece”, escribió. También vio, semi inválida por un balazo, a la joven sueca Dagmar Hagelin. También mencionó a 23 represores por nombres o apodos.

Maggio escribió la carta a mano, pero hizo varias copias a máquina y en papel carbónico. En cada una de ellas, fue cambiando el destinatario: al embajador de Francia, al consejero de prensa de la embajada francesa, al embajador de los Estados Unidos, Raúl Castro, a monseñor Raúl Primatesta, a monseñor Vicente Zaspe, a monseñor Juan Carlos Aramburu, a la Conferencia Episcopal Argentina, a la agencia France Press, al periodista Richard Boudreaux de Associated Press, a las agencias nacionales, sindicatos y comisiones internas, periodistas, políticos, y a la propia Junta Militar, como dos años antes lo había hecho Rodolfo Walsh.

La carta no tuvo el impacto que merecía tamaña revelación. Pero el “Nariz” no se quedó quieto: el 27 de abril pactó una larga entrevista al subdirector de la Associated Press, Richard Boudreaux, ante quien reiteró las atrocidades que había ventilado epistolarmente. Se publicó antes del Mundial ’78, y fue un duro golpe para el poder inquisitorial.



La caída

Maggio fue secuestrado el 15 de febrero de 1977, mientras caminaba por la avenida Rivadavia, a una cuadra de Plaza Flores. Cuando la patota se le echó encima, tenía una vida hecha y otra por delante: con sólo 29 años tenía un matrimonio con Norma Valentinuzzi, una profesora de expresión corporal, una hija de dos años, María Eva, y un hijo de cuatro, Juan Facundo. Maggio militaba en Montoneros –había comenzado en las Fuerzas Armadas Revolucionarias-, además de su rol combativo como delegado gremial.

Tal vez por eso, no era la primera vez que las Fuerzas Armadas tocaban a su familia. Su casa en Santa Fe había sido allanada en el verano de 1975, y el “Nariz” había vuelto a la casa saqueada disfrazado, aprovechando los corsos, para recuperar papeles. A su suegra, Elsa Valentinuzzi, y su cuñada Marta, las habían arrestado un fin de semana sin darles explicaciones. Lo que siguió fue peor: su hermano Roque Maggio fue asesinado en Rosario el verano de 1977. Roque venía huyendo de la muerte: su esposa María Adriana Esper había sido ejecutada en Córdoba un año antes.

Cuando Horacio cayó en manos de los marinos, aún sin entender bien lo que había pasado, Valentinuzzi decidió que lo mejor era irse. El destino fue Guaruja, una isla remota en Santos, Brasil.

La fuga

El 17 de marzo de 1978, los marinos mandaron a Maggio a enviar unos sobres fuera de la ESMA, acompañado de un guardia. El “Nariz” apeló a su astucia, y logró que el marino lo dejara sólo. Las versiones son dos y difieren levemente: una, que le pidió permiso para ir al baño y logró evadirse. La segunda, que lo convenció de iniciar el trámite mientras el guardia buscaba dónde estacionar. “Mi papá logró fugarse de la ESMA y se fue a vivir con nosotros a Caseros”, dijo su hija María, querellante y testigo del tramo de la causa judicial de la ESMA que está cerca de terminar. “Esa misma noche, en Santa Fe, se presentaron dos o tres personas en el domicilio de mi abuela paterna para decirle que querían hablar con ella de mi papá, que había cometido un grave error”.

Unos días después, Maggio se sentó a redactar la carta en la que denunció sus trece meses en el inframundo. Allí contó las sucesivas formas que los marinos tenían de matar, anticipando “los vuelos de la muerte”: acribillados en un auto, luego incendiado y abandonado en la ruta Panamericana; ahorcados en la ESMA, dopados con “somníferos” y arrojados al río.



Desde teléfonos públicos, llamó al chupadero y les presagió a sus verdugos un nuevo Nüremberg para ellos. El 4 de octubre de 1978, un pelotón del Ejército lo arrinconó en una obra de construcción. Lo acribillaron mientras el “Nariz” repelía el ataque con los escombros que tenía a mano. Su cuerpo masacrado fue exhibido por el jefe de la Escuela, Jorge “El Tigre” Acosta. -El que lo imite va a terminar como él- dijo el represor a los secuestrados.

Norma y los niños salieron al segundo y largo exilio a Perú, a Ecuador, México, Cuba y España. El 11 de septiembre de 1979, en la misma casa de Caseros, Norma fue secuestrada. Hay pistas de su presencia en Campo de Mayo, en 1980. Muchos años después, en 2008, un grupo de antropólogos descubrieron dos escrituras de Maggio en una viga metálica de la “Pecera”, en el casino de oficiales de la ESMA. Se alcanzaba a leer su nombre, borroneado por el tiempo, y dos fechas: “27/12/77” y ”3/3/78”. Su rastro había quedado fuera y dentro de la ESMA.

(Plazademayo.info)

INTERNACIONAL / El problema de los refugiados / Escribe: Osvaldo Bayer






Desde Alemania

En Alemania, el problema de los refugiados es muy grave. Ya se han producido reacciones de la extrema derecha germana que, al grito de “extranjeros afuera”, han quemado y destruido construcciones a las que van llegando. La primera ministra Merkel ha saludado la llegada de los cientos de miles de refugiados, señalando que Alemania necesita más trabajadores para crecer más. Argumento discutible porque Alemania, oficialmente, tiene en la actualidad dos millones de desocupados.

Es decir, el único argumento válido es el que esgrime razones humanitarias. Se trata de perseguidos a los cuales hay que tenderles la mano.



El problema es monumental, sin ninguna duda. La violencia crece en el tercer mundo mientras el primer mundo no para de crecer. Uno se pregunta: ¿Para qué existe la Organización de Naciones Unidas si no ha sido capaz de crear un sistema económico aceptado por todos sobre la base de la Igualdad y la Justicia? ¿Hasta dónde va a seguir creciendo esta crisis con una inmigración en aumento del tercer al primer mundo?

Está muy bien que se acepten nuevos perseguidos pero, en vez de adaptarlos a la sociedad rica, ¿por qué no se inaugura un espacio neutral en los continentes nuevos donde se invierta para lograr trabajo para todos y no que la solución sea marchemos todos a Europa, donde se supone que se vive bien? Europa también cae en tiempos de crisis. Crear una especie de Plan Marshall pero que derrame trabajo. Crear trabajo, realizar inversiones y así mejorar notablemente las condiciones de vida de los habitantes. Lo pueden hacer los países de Europa, en vez de considerarse ellos mismos las únicas fuentes de trabajo. Ello serviría para dejar atrás esta realidad: La gente masivamente abandona sus países, deja sus viviendas, sus escuelas, sus organizaciones gremiales, para ir a para a otros países de distinto idioma y costumbres diferentes. Es muy injusto lo que se está haciendo.

La mayor parte de los fugitivos actuales no son perseguidos políticos, pero sí viven en condiciones económicas muy difíciles. De los actuales exiliados hay muchos que llegan por tercera y cuarta vez a Alemania, que se quedan sin trabajo después de haber regresado a sus países. Por eso se está prefiriendo dar asilo a los fugitivos de la guerra civil de Siria.

Para terminar con la afluencia de extranjeros, algunos sociólogos pidieron la reducción del dinero de bolsillo que se otorga a los inmigrantes desocupados: 143 euros. Esto incita a venir a Alemania porque muchos ganan menos que ese dinero trabajando en sus países.

Todo esto origina también ataques de la derecha alemana contra la política de inmigración del gobierno. Lo que termina incentivando los ataques contra los refugios. Este año se han efectuado 200 ataques contra los lugares de protección de inmigrantes. Esto hace recordar a los tiempos del nazismo, cuando eran incendiadas las sinagogas.



Poco a poco, el problema que genera la llegada de cientos de miles de pobladores extranjeros plantea discusiones del tipo de “¿Alemania se está convirtiendo en un sucedáneo de los Estados Unidos de Norteamérica?” y su inmediata continuación: “¿Cómo hacer para que Alemania permanezca germana?”.

La socióloga Sonja Zerki ha escrito un ensayo titulado “Tiempo para hablar”, donde se pregunta si “¿Alemania es un país descontento?”. En él se interroga acerca de “¿Cómo debemos comportarnos con los fugitivos que vienen huyendo de sus países?”. También se pregunta sobre las contradicciones que los cambios generan en la sociedad. ¿Alemania debería ser abierta hacia los extranjeros, fomentando la integración de las minorías con experimentos culturales? ¿Debería seguir protegiendo lo que ya tiene en vez de promover más derechos para las mujeres o las minorías sexuales o religiosas? Disyuntivas como esas no se producen siempre sin fricciones. La problemática de la inversión destinada a los trabajadores extranjeros y el tratamiento que se les da obliga a un debate, ya que los instrumentos y la retórica políticas habituales ya no dan respuesta a los nuevos interrogantes planteados. En una palabra, Alemania debe cambiar el conservadurismo en sus costumbres y tradiciones frente a la cada vez mayor influencia cultural que implica la incrementada presencia de extranjeros. El conservadurismo alemán lo va a pagar caro, ya que no se pueden construir barreras en los barrios extranjeros ni ponerles uniformes.

El progreso se paga caro en cuanto al conservadurismo de las costumbres.

(Página 12, sábado 29 de agosto de 2015)

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