Ya podemos decir que las líneas que siguen tienen carácter de históricas. Son un testimonio concreto de la tarea silenciosa y a la vez de alto impacto, que destacados abogados de Derechos Humanos de Mendoza, trazaron frente a la inminencia del primero de los juicios por delitos de lesa humanidad. Nos preparamos para que se sustancie el tercero, planteado para comienzos de junio. Y recordamos con orgullo que en San Rafael también se llevó a cabo uno más, igualmente histórico.
Luego de 5 años de instrucción finalmente llegaran a juicio los represores.
El próximo 11 de marzo y después de 30 años se iniciarán los juicios a los represores por sus crímenes durante la dictadura militar. En el banquillo de los acusados estarán los responsables de desapariciones, muertes, violaciones, torturas y robos. Ellos sí tendrán todas las garantías que no les reconocieron a sus víctimas para su defensa.
Paralelamente, avanzan las denuncias que las victimas y los Organismos de Derechos Humanos han realizado ante el Consejo de la Magistratura, que conmocionaron a la máxima autoridad de la Justicia Federal de Mendoza, tradicionalmente vinculada a los militares del proceso, como ejemplo podemos mencionar la amistad intima del Gral Juan Pablo Saa (Comandante de la 8 Brigada de Infanteria de Montaña, imputado por el Plan Condor) con el Camarista Federal Luis Francisco Miret (reconocida por este último) La confesión la hizo por escrito, cuando se excuso de intervenir en causas por crímenes contra la humanidad que se tramitaban contra el mencionado Saá, antes de que fuera beneficiado por las leyes de punto final y obediencia debida.
En este contexto se inscribe la renuncia de Carlos Martín Pereyra González, a quien el Tribunal Oral Federal de San Luis extrajo compulsa por haber presenciado y encubierto crímenes de lesa humanidad . La denuncia contra Guillermo Petra habría avanzado en la Comisión de Juicio Político. Petra y Gonzalez habían sido denunciados también por otorgar la libertad a los acusados de delitos de lesa humanidad, convirtiendo a Mendoza en la única provincia donde todos los represores serán juzgados en libertad.
La denuncia contra Otilio Romano y Luis Miret demuestran también las relaciones entre represores y justicia federal. Según las pruebas presentadas, por el Movimiento Ecuménico por Los Derechos Humanos y Madres de Plaza de Mayo, consintieron la actuación de grupos de tareas. Habiendo tomado conocimiento de éstos crímenes, omitían denunciar los hechos o investigar las denuncias de secuestros, torturas, violaciones, robos que las propias víctimas formulaban.
Hoy, públicamente salen a distanciarse de la dictadura militar y dicen que no estaban comprometidos con los represores, intentan desviar la atención sobre la responsabilidad que tienen sobre su participación como funcionarios judiciales de la dictadura militar, cuando declaraban la inconstitucionalidad de leyes por su supuesta oposición a las actas y estatutos del proceso militar que ellos defendían con sus actuaciones judiciales.
Como diría Serrat, “probablemente que todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son, ni a quién sirven cuando alzan las banderas.”
(Firman: Alfredo Guevara Escayola, Diego Jorge Lavado, Carlos Eduardo Varela Alvarez, Pablo Gabriel Salinas)
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