MENDOZA / A favor de la ley 7.722 / Escribe: Alberto Lucero






En todo el mundo, pero con mayor énfasis en los países periféricos, la extracción de los recursos no renovables se ha incrementado en las últimas décadas, como consecuencia del explosivo aumento de la población mundial, que cada día le pide más y más al ya extenuado planeta Tierra.

La Argentina y en especial su parte de la Cordillera de los Andes, está siendo monitoreada exhaustivamente por los dueños del negocio minero, quienes no toleran que aún con leyes permisivas, como las que lograron en los ´90, por culpa de la Sociedad Mendocina, ellos no puedan obtener los jugosos dividendos que pensaban llevarse de Mendoza.

Para los dueños del negocio minero, que son las grandes compañías mineras que cotizan en Toronto y Londres, los daños colaterales que puedan producirse, son parte del negocio y, como ocurre con las guerras, esos daños colaterales los pagan los habitantes de los territorios ocupados.


Más de una década de concientización y lucha, por parte de las organizaciones que protegen el medio ambiente, le han permitido a la mayoría de los Mendocinos enterarse de lo que viene detrás de las “cuentas de colores” que ofrecen las grandes empresas mineras.

Y esa mayoría de mendocinos están preocupados por la afectación del agua que inevitablemente producirán las faenas mineras; esa inmensa mayoría de mendocinos observa con sorpresa que algunos dirigentes políticos ahora se declaren pro mineros, invocando que esas actividades nos darán trabajo y que nos cambiarán el futuro de Mendoza; esa inmensa mayoría se lamenta de haber votado a quienes hoy quieren malgastar la poca agua disponible en llenarle los bolsillos a los dueños de los minerales, que no son mendocinos ni siquiera argentinos, sino que responden a una matriz mundial, que extrae minerales en dónde sea más rentable y los entrega procesados a mercados sedientos de esos minerales.

Entonces nos hablan de reflotar San Jorge, para llevarse en bruto, el Cobre y el Oro contenido en nuestras rocas y refinarlo en otras latitudes con la ganancia respectiva, mientras a nosotros nos queda menos del 2% de lo que se lleven.

Y nos hablan del proyecto Hierro Indio, en Malargue, cuando todavía no se ha determinado fehacientemente que no afecte los ambientes glaciares ni periglaciares, es decir, nos cantan loas al proyecto y ni ellos mismos saben si las faenas mineras terminarán disminuyendo la poca agua disponible en Mendoza.

Y nos hablan de Cerro Amarillo, también en Malargue, un yacimiento ubicado en ese paraíso que es Valle Noble, con arroyos bellísimos que alimentan el Río Grande, del cual piensan llevarse Cobre, Oro, Plata, Molibdeno y Zinc, pero aún no han explicitado como los van a separar de la roca y si van a emplear tóxicos prohibidos por la Ley 7722.


Por eso, por otras vías y con otras caras y otras sonrisas, los hilos de las grandes empresas mineras se mueven para modificar esa sabia ley 7722, que cuida fundamentalmente la pureza de nuestra agua.

Pero, como dicen los gauchos, no se puede tapar el cielo con un poncho y, a pesar de la inmensa campaña comunicacional destinada a lograr el consenso social que necesitan, los mendocinos no los quieren y ya salió al ruedo la sociedad alvearence, diciendo NOS BANCAMOS LA LEY 7722 y denunciando la falta de cumplimiento de las leyes vigentes por parte de los Proyectos Hierro Indio y Cerro Amarillo, que sin embargo son defendidos por los funcionarios pro mineros que hay en el Gobierno Provincial, quienes convocan a una supuesta Mesa de Diálogo Minero, en la cuál se sientan solo los que defienden este tipo de negocio.

Momentos trascendentes nos esperan.

Los mendocinos, acostumbrados a vencer dificultades sabremos salir adelante defendiendo un estilo de vida que lleva centenares de años.

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