La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó quedó bajo fuego cruzado tras la decisión de nombrar 16 fiscales subrogantes en la justicia federal. Pero se trata de un peldaño más en la escalada del enfrentamiento que un sector del Poder Judicial entabló contra la jefa de los fiscales desde su asunción, que se disputa en varios frentes en simultáneo. La Asociación de Magistrados y la Asociación de Fiscales, el titular del gremio de judiciales, un grupo de fiscales y jueces de los tribunales de Comodoro Py, y gran parte del arco político de la oposición fueron los principales arietes contra las decisiones de la procuradora, a quien señalan como la responsable de un intento de "copamiento" de la justicia por parte del oficialismo. El enfrentamiento ha dejado de lado las sutilezas para convertirse en una guerra abierta en la disputa por el poder.
El juez de feria Enrique Lavié Pico abrió la puerta para impedir que los fiscales asuman sus cargos el próximo 2 de febrero. Apenas supo que iba a ser recusado por la Procuración en la causa que inició la Asociación de Magistrados, dictó una "precautelar" en un expediente que le tocó durante la feria. La jueza titular que lo precedió analizó el mismo caso y consideró que la denuncia de un abogado massista no ameritaba su tratamiento durante el receso. Lavié Pico rechazará apartarse y apurará una cautelar que sus superiores deberán revisar de urgencia. El tema mantendrá a los tribunales tan calientes como el sol de enero.
El fiscal federal Guillermo Marijuan fue el primero en dar un paso contra su superior jerárquica, en octubre de 2013, cuando la imputó y dispuso su llamado a indagatoria por haber nombrado a Carlos Gonella al frente de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). La acusó de haber creado una estructura para designar allí a un secretario (por entonces no tenía aún acuerdo del Senado), con quien también se había enfrentado por el comienzo de la causa contra Lázaro Báez. Ese llamado se mantiene en suspenso desde entonces, pero Marijuan se ha convertido en protagonista de la avanzada contra Gils Carbó, a quien la semana pasada volvió a imputar en una causa iniciada por una denuncia del juez Claudio Bonadio, a raíz de no haber abierto la instancia de consulta antes de desestimar un pedido de juicio político que el juez exigió contra Gonella. Al fiscal antilavado lo tiene en la mira sólo por haber iniciado una causa contra una jueza por su supuesta participación en una maniobra de lavado de dinero fruto del narcotráfico. De todos los expedientes contra Gils Carbó subyace un inocultable pase de facturas políticas, que ha recrudecido ante la sanción en el Congreso del nuevo Código Procesal Penal, que en la práctica desplazará el poder real que hoy ostentan los jueces federales, a cargo de la instrucción de las causas más sensibles de tribunales.
BONADIO. El polémico juez denunció a la procuradora por no haber convocado al Consejo de Fiscales para evaluar el desempeño de Gonella, cuando él solicitó que se dicte su desafuero para poder llevarlo por la fuerza a una indagatoria. En medio de la feria judicial, el fiscal Marijuan decidió impulsar la acción penal y recomendó un allanamiento en la Procuración en busca de documentación. El juez Marcelo Martínez de Giorgi –de turno durante el receso– ordenó el operativo con personal de la PSA. Fue el cuarto procedimiento en la sede de las oficinas del Ministerio Público, algo que no registra antecedentes cercanos. Martínez de Giorgi, a su vez, fue el magistrado que procesó a Gonella por la supuesta omisión intencional de Báez en el requerimiento de instrucción de los comienzos de la causa por lavado de activos. Pese a que cuatro testimonios de funcionarios clave de la fiscalía de Marijuan desmintieron que hubiera existido tal maniobra, el magistrado avanzó contra quien –desde un sector de Comodoro Py– consideran un "protegido" de Gils Carbó. El artículo 23 del Reglamento Disciplinario para el Ministerio Público avala la desestimación de plano de una denuncia contra un fiscal. La procuradora puede archivar de manera directa los pedidos de desafuero si lo considera "manifiestamente inconducente". Sin embargo, la causa en la justicia federal avanza.
SUBROGANTES. Totalizan cinco las denuncias que recibió Gils Carbó por haber dispuesto la ocupación de 16 nuevos cargos creados a partir de la sanción del Código Procesal Penal, a la vez de abrir los concursos para seleccionar a los titulares. Dos tramitan en el fuero contencioso administrativo, interpuestas por un legislador de Sergio Massa, Mauricio D'Alessandro. Pero también por la tradicional Asociación de Magistrados que, tras febriles negociaciones, elaboró un documento crítico contra Gils Carbó y forzó a que la organización de los fiscales también se expidiera, dividiendo las aguas entre los propios funcionarios del Ministerio Público. Esa avanzada no será gratuita: hay fiscales que integran ambas entidades que se sintieron agraviados. Ayer mismo hicieron público su descontento y dejaron en evidencia el contenido político de las denuncias. El resto de las presentaciones fueron en el fuero federal penal, repartidas entre los jueces Bonadio, Norberto Oyarbide y Ariel Lijo. El primero en dar un paso fue Rodolfo Canicoba Corral, quien habilitó la feria en lugar de su par Oyarbide para dar trámite a una de las denuncias de la ONG Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional, que preside el abogado José Mangiocalda, un habitual denunciador de funcionarios. Quieren saber si la procuradora cometió además un delito. Desde Comodoro Py se quejan de que la decisión de incorporar a los subrogantes –todos con acuerdo del Senado– tendrá un verdadero impacto con la creación de las fiscalías de Cámara, lo que generará que Germán Moldes ya no sea el único fiscal que controle las apelaciones. El argumento formal es que Gils Carbó no puede hacer este tipo de nombramientos para fiscales que deberían estar al frente de otras fiscalías para las que concursaron. Pero esta facultad contemplada en la Ley de Ministerio Público no es un recurso novedoso que ha sido inaugurado en esta etapa, sino que es una práctica ya utilizada por los procuradores generales, que por primera vez encuentra resistencia.
CONCURSOS. Ya sea por nombrar subrogantes o por abrir los concursos, Gils Carbó es objetada. En varias de las compulsas se intentó judicializar sin éxito que la jefa de los fiscales integre el jurado. Incluso fue cuestionada por participantes que no se presentaron al examen escrito o que terminaron muy por debajo del promedio requerido para avanzar a la siguiente instancia. En particular, el concurso Nº 102 que busca cubrir dos vacantes clave en fiscalías federales de instrucción se encuentran bajo la mira del juez Luis Rodríguez, que ya dispuso dos operativos en la sede de la Procuración para recabar documentación referida a supuestas manipulaciones. El último de ellos –y segundo en el mismo mes– fue el 29 de diciembre a pedido del fiscal Carlos Stornelli, también enfrentado con la procuradora. A pesar de que el orden de mérito de los postulantes cambió desde que se formuló la denuncia que dio inicio a la causa, la pelea sigue teniendo un trasfondo político, por dos lugares sensibles en el quinto piso de Comodoro Py.
ESPIONAJE. En otra de las insólitas causas donde un acusado termina siendo denunciante, a fines de noviembre y nuevamente por un pedido del fiscal Marijuan, fue allanada la Procuración a raíz de que el fiscal de instrucción Augusto César Troncoso denunció haber sido espiado. Lo curioso es que Troncoso está bajo investigación interna por haber desestimado una causa en la que policías estaban acusados de trata y explotación sexual contra dos menores. Sin embargo, el cuestionado funcionario logró que la justicia federal considerara válida su presentación contra Gils Carbó y contra la funcionaria de la Procuración Romina Pzellinsky, del Programa Políticas de Género, que a través de Fiscalnet –un sistema de base de datos– accedieron a dictámenes del fiscal que fueron utilizados como prueba en su contra.
La batalla que esconde una lucha desatada por el poder parece no haberse tomado vacaciones y ganó la agenda de la feria judicial, donde los tribunales suelen tener un parate absoluto. Son solamente los primeros capítulos de una guerra que promete extenderse y que hace rato abandonó el terreno de lo jurídico.
"Desprecia la soberanía"
El presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, dijo que la precautelar que suspendió la designación de fiscales "desprecia la soberanía popular que representa el Congreso". "La ley número 27.063 Anexo I", explicó Domínguez, dice que "es deber y derecho de la Procuración General de la Nación" designar estos fiscales. "Se está cuestionando el nombramiento de fiscales subrogantes en fueros sobrepasados de trabajo", agregó el diputado.
"Una campaña inusitada"
"Una campaña mediática inusitada por parte de jueces, fiscales y políticos oportunistas confunde a la población con conjeturas absolutamente mentirosas y se pretende atacar a la doctora Gils Carbó pero, en realidad, es el Congreso el que está siendo avasallado por esa campaña y por el (Poder) Judicial", dijo la diputada Diana Conti, y recordó que "el Congreso ha creado por Ley 27.063 nuevos cargos dentro del Ministerio Público de la Nación".
(Diario Tiempo Argentino, domingo 11 de enero de 2015)
